ARA San Juan: los cuentapropismos y las procacidades judiciales

ARA San Juan: los cuentapropismos y las procacidades judiciales

9Mar22 0 Por Darío Balvidares

La querella mayoritaria en la causa sobre el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, presentó un escrito recusando a los jueces de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones que deben decidir sobre la validez de los procesamientos efectuados por el juez federal de Dolores, Martín Bava.

La Dra. Valeria Carreras solicitó en el día de ayer el apartamiento de los camaristas, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes deberían decidir los procesamientos que realizara en Dolores, Martín Bava, juez federal, que la defensa de Mauricio Macri, imputado y procesado por espionaje ilegal, intentó recusar en dos oportunidades en la Cámara Federal de Mar del Plata, sin éxito.

Aunque a comienzos de febrero por recomendación de esa Cámara y a pedido del fiscal Juan Pablo Curi, efectuado en diciembre pasado, la causa pasó a tramitar en los tribunales porteños de Comodoro Py en el juzgado de Julián Ercolini.

El escabroso cambio de jurisdicción puso la maquinaria de la impunidad a trabajar contra reloj, puesto que en principio los jueces Bruglia y Bertuzzi, recordemos, fueron puestos en esos cargos por decreto del ex presidente Macri. Frente a la irregularidad de los nombramientos, esos cargos deben ser concursados de acuerdo con lo dispuesto por la (im)propia Corte Suprema de la Nación.

En virtud de esto, la abogada querellante en su recusación argumenta respecto de la imparcialidad de estos jueces y afirma que es “palmario que ante esta Sala no lo serán” por la “certeza de parcialidad, no en contra directamente de mis representadas, sino a favor de varios procesados, empezando por el ex presidente Mauricio Macri, aquí procesado”.

La Dra. Carreras enfatiza: “No puede soslayarse que sin necesidad de prueba alguna sobre los dichos que sostengo como causales de recusación, ambos magistrados recusados recibieron beneficios (nombramiento por decreto) por parte del hoy procesado apelante e incidentista Mauricio Macri, ex Presidente de la Nación”.

Por otra parte y en cuanto al otro camarista, Mariano Llorens, él mismo se excusa  como conjuez supremo, cargo en el que fuera designado por sorteo para intervenir en el expediente por otras de las causas de espionaje ilegal, puesto que ya había tenido participación  en dicho expediente en el que junto a su colega, Pablo Bertuzzi, nombrado fuera del marco constitucional, habían abonado la teoría del  cuentapropismo en los servicios de inteligencia entre los años 2015 y 2019.

Son estos dos jueces, los que a fines de 2021, desprocesaron a los propios ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, porque entendieron que los agentes contratados durante su gestión realizaron tareas de espionaje ilegal por su propia cuenta y con el desconocimiento de sus jefes.

El propio Colegio Público de Abogados de Capital Federal, le había solicitado a Llorens que se aparte voluntariamente y no acepte la designación como uno de los cinco conjueces que reemplazarán a los integrantes de la actual corte suprema que también se excusaron de intervenir en la causa.

Además el Colegio Público de Abogados, también es querellante en la causa que investiga una de las hipótesis que indica que los abogados fueron escuchados en sus conversaciones con los detenidos a los que visitaban en la cárcel de Ezeiza.

De hecho, en la recusación que realiza Carreras, también, señala que tanto Bruglia como Bertuzzi  están  “en juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado Argentino” y “han pedido citar como testigo al procesado Macri”.

Justamente los designados a dedo piden que se suspenda el concurso para cubrir las vacantes de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones, al que ellos mismos decidieron presentarse.  Aunque solicitan a la CIDH la suspensión del mismo, que de alguna manera avalan con su presentación, alegando que haber mandado a concursar sus cargos implica “una remoción política” y agregan en la denuncia que “los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del poder judicial”.

Lo curioso es que ellos alegan “impunidad” y “venganza”, por la vacancia de los cargos que ocuparon por la ventana de “nombramientos” macrista y en los que estarán hasta que se sustancie el concurso.

¿Quién intimida y goza, todavía, de impunidad?

 “En el día de hoy personal de la Sala 1 tomó contacto telefónico con el Juzgado 10 a cargo del Dr. (Julián) Ercolini para preguntar sobre determinadas partes querellantes y sus letrados”, comentó Carreras y señaló que “esto es una clara intimidación sobre la querella de familiares y está abogada por ser quienes hemos presentado una triple recusación contra sus miembros “. También destacó que interpretan ese comportamiento  “como otro accionar más contra el que debemos luchar desde esta querella sin poder alguno”.

La complejidad de la(s) causa(s) de espionaje ilegal, en la medida en que se resquebraja el blindaje, muestra el solapado accionar del aparato político-judicial y los procederes impropios de magistrados, que incluso no deberían estar en esos cargos.

Se pone así de manifiesto un entramado de complicidades y manipulación sistémica donde la teoría de cuentapropismo podría perfectamente caberle a estos funcionarios que hacen uso personal de los cargos públicos mal habidos, para encubrir los residuos de la sistemática obscenidad.

Darío Balvidares

Imagen destacada: Télam

Compartí esta entrada en tus redes sociales
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter