Alberto a(l) Fondo, Argentina al precipicio. Metas e instrumentos en el acuerdo con el FMI

Alberto a(l) Fondo, Argentina al precipicio. Metas e instrumentos en el acuerdo con el FMI

14Mar22 0 Por Mariano Féliz

En un marco represivo se aprobó en la Cámara de Diputadxs de la Nación el acuerdo firmado entre el Ministerio de Economía y el FMI. Por amplia mayoría, con apoyo de la casi totalidad de JxC y ⅔ del FdT, el acuerdo pasa al Senado de la Nación en busca de validarse definitivamente.

En un debate express, el acuerdo técnico del Programa de Facilidades Extendidas acordado por el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pasó por la Cámara de Diputados. El lunes 7 estuvo el Ministro de Economía Guzmán, entre el martes y el miércoles se debatió en Comisiones y obtuvo dictamen, y el jueves 10 se votó.
Lejos quedaron los cuestionamientos de Juntos por el Cambio (JxC) a que tenían que analizar más de 100 páginas en menos de una semana y no podían votar a libro cerrado.

La oposición dentro del Frente de Todos (FdT) tampoco fue muy consistente: en las Comisiones, quienes decían oponerse al acuerdo, cedieron sin chistar sus lugares a diputados aparentemente más acuerdistas.

La rosca entre quienes firmaron el crédito en 2018 (JxC) y quienes lo van a refinanciar (FdT), garantizó que el proyecto aprobado no nombrara el desfalco y la estafa, ni sus perpetradores y continuadores.

El programa de ajuste acordado quedó escondido bajo la alfombra y simplemente se votó la refinanciación de la deuda por vencer. En un pase de magia, tanto JxC como el FdT pretenden borrar los rastros de la deuda odiosa, ilegal e ilegítima, reclamada por el FMI. Algo similar ya hicieron con la deuda con los grandes capitales especulativos privados, y vienen haciendo por décadas.
El acuerdo, el default y las metas
El acuerdo firmado confirma los uno y mil borradores y adelantos presentados a lo largo de dos años. El centro del programa es a corto plazo reducir a cero el déficit fiscal. Ni más ni menos.

Decimos a corto plazo porque este es un programa que sólo dura 2 años y medio, tiempo en el cual Argentina queda bajo la tutela efectiva del FMI, cuyos funcionarios evaluarán trimestralmente el cumplimiento de las metas acordadas. Si una meta no se cumple, el Fondo podrá retener el dinero necesario para que el Estado argentino haga frente a los vencimientos de la deuda contraía en 2018.

Si una meta no se cumple, Argentina podrá caer en la temida cesación de pagos (el mítico default). Si eso ocurre, el principal argumento esgrimido para aprobar el acuerdo (no caer en default) caerá por su propio peso.
Esto significa que dentro del acuerdo es muy importante determinar cuáles son las metas a cumplir. En el mismo sentido, es fundamental definir cuáles serán los instrumentos para alcanzarlas.

Sin claridad en torno a la relación entre metas e instrumentos, lo más probable es que rápidamente la Argentina se vea imposibilitada de cumplir alguna de ellas.
Primera meta: déficit fiscal en descenso acelerado (déficit cero en 2025).

Instrumentos: fundamentalmente, ajuste en el gasto en subsidios a la energía, recuperación de la recaudación por más crecimiento y aumento revalúo inmobiliario, y contención en las remuneraciones de las y los trabajadorxs del sector público.
La contención (ajuste) de los salarios públicos es un elemento clave. El pacto señala que los salarios de quienes trabajan en el sector público sólo podrán subir, como mucho, al ritmo del crecimiento económico firmado en el acuerdo. Es decir, la demandada y necesaria recuperación de las pérdidas -superiores al 30% en los últimos años- y el estancamiento desde 2010, deberá seguir esperando. Si el crecimento excede lo pactado, ese excedente no podrá ser trasladado a un aumento en los salarios públicos.

En relación a los subsidios energéticos ya hemos dicho algo (ver en ContrahegemoniaWeb). Podemos agregar ahora que la crisis global y el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania han disparado los precios de la energía a escala mundial. El efecto inmediato es aumentar la cuenta de subsidios que el Estado debe pagar.

“Llamativamente” el acuerdo no incluye ninguna cláusula concreta que permita revisar la meta de reducción de subsidios por estos hechos imponderables. Lo que significa que ya mismo el Ministerio de Economía tiene que empezar a buscar otros gastos dentro del Estado para compensar (recortar). He aquí la contradicción entre metas e instrumentos. La meta de reducción de déficit por la vía de un instrumento (reducción en los subsidios) tiene un punto ciego: el Estado (que se compromete a alcanzar esa meta) no tiene instrumentos (o no los ha definido o explicitado) para frenar el aumento del precio de la energía. Tiene una meta que no puede alcanzar sólo con el instrumento previsto. El castigo del FMI está a la vuelta de la esquina.

Otra meta es la inflación. Se establecen pautas de reducción del crecimiento anual de los precios. Explícitamente se asume que la misma se reducirá fundamentalmente por la caída en el déficit fiscal y la emisión monetaria (financimiento monetario del déficit). Se habla de inflación multicausal pero apenas se mencionan esas causas múltiples y no se referencian los instrumentos concretos que afectarían tales causas. Surge nuevamente el problema de las metas y los instrumentos: las metas inflacionarias asumen una relación causal con la emisión de dinero que es discutible (ver en ContrahegemoniaWeb).

Pero además, la inflación es un fenómeno precisamente multidimensional que remite a las decisiones de las empresas de subir los precios de manera permanente. Son ellas las que deciden los precios y no el gobierno (a menos que realmente creamos que el programa precios cuidados o similares afectan la inflación, algo que en efecto no ocurre). El gobierno acuerda una meta sobre una variable (inflación y precios) que influye sólo parcial e indirectamente.

Para colmo, la crisis mundial aporta un elemento de complejidad adicional: además del precio de la energía, el precio de los alimentos y insumos industriales en todo el mundo se ha disparado. El acuerdo establece una meta que tiene una componente muy relevante que el gobierno no controla, no explicita como va a controlar y -por lo que hemos visto- no tiene en mente tomar las medidas (usar los instrumentos) necesarias para controlarla. Si bien la baja en la inflación proyectada es más bien poca (entre 38% y 48% en 2022, entre 34% y 42% en 2023 y entre 29% y 37% en 2024), qué sucederá si el gobierno no puede alcanzar esos moderados objetivos. ¿Será motivo de sanción, renegociación y nuevas demandas del Fondo?
Cabe aclarar que si la inflación se dispara más allá de lo previsto, es probable que la recaudación de impuestos aumente por los mayores precios. Esto favorecería la reducción del déficit por la vía de la licuación de los salarios de las y los trabajadorxs del Estado y de los beneficios sociales no indexados.
La tercera meta relevante es la acumulación de reservas internacionales (dólares en el Banco Central). Este es el único punto en el que gobierno tiene claridad en qué hacer y qué instrumentos utlizar para tratar de alcanzarla. Primero, busca mantener el dólar subiendo al ritmo de la inflación (aunque ello conspire contra el objetivo de bajar la suba de precios).

Aumentar el dólar y subir las tasas de interés (para que sean superiores a la inflación) son los instrumentos financieros primordiales que el gobierno espera reduzcan la demanda de moneda extranjera y faciliten su acumulación en el Banco Central (BCRA); pero puede fallar. De manera complementaria pero más estructural el gobierno pretende acelerar los proyectos extractivistas en todos los rincones del territorios. Con el objetivo de “exportar, exportar, y exportar”, el acuerdo presupupone el avance de una serie de iniciativas anunciadas en la apertura de las cesiones del Congreso que pretenden multiplicar las exportaciones (ver en Tramas.ar). Reducir el costo provocado por la destrucción de la naturaleza y de las comunidades no es una meta contemplada en el acuerdo.
Más allá de eso, hay dudas de que el aumento esperado en las exportaciones sea posible de alcanzar (por ejemplo, este año suben los precios de las exportaciones agropecuarias, pero caen dramáticamente los rindes por la sequía). En cualquier caso, no hay ninguna acción estructural que evite que un creciente excedente comercial se pierda por la evasión y elusión a través de los puertos privados y las declaraciones juradas que hacen las empresas, la fuga a través del sistema financiero u otros canales lícitos e ilícitos (ver en CIFRA).

Finalmente, la cuarta meta importante: el crecimiento económico. Se establece una pauta de crecimiento más bien baja (menor al 3,5% anual a partir de 2023). Baja en relación a la necesidad de aumentar la recaudación impositiva y baja en relación a la necesidad de generar más empleo y mejores ingresos (una meta que no está en el acuerdo).

Según la experiencia histórica, una tasa de crecimiento tan baja no es capaz de aumentar significativamente la recaudación de impuestos (ver en CIFRA); si, en efecto, la economía crece tan poco, seguramente la recaudación no suba lo suficiente y para alcanzar la meta de déficit fiscal, el gobierno tendrá que recortar más gastos (o crear algún nuevo impuesto). Por otro lado, el ritmo de crecimiento proyectado crea menos puestos de trabajos que los necesarios para incluir a la población que todos los años se suma al mercado laboral (y obviamente a quienes están ya buscando empleo y no lo encuentran). Para peor, como señalamos, si la economía crece más, el excedente no se tomará en cuenta para mejorar los salarios del sector público.

En fin, como vemos, las metas y los objetivos del acuerdo que camina a su aprobación parlamentaria parecen más expresiones de deseo de una negociación pésima, pues -como vimos- metas e instrumentos no parece cuadrar. En los casos en que sí lo hagan, el resultado no tiene en el centro la sostenibilidad de la vida, sino la reproducción ampliada del capital.

Mariano Féliz
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