¿Guerra contra la inflación o guerra contra el pueblo? La inflación de alimentos es la más alta desde abril de 2002

¿Guerra contra la inflación o guerra contra el pueblo? La inflación de alimentos es la más alta desde abril de 2002

16Mar22 1 Por Mariano Féliz

Los datos de inflación de febrero de 2022 dan cuenta del ataque que la población argentina está sufriendo a sus condiciones de vida. La inflación de alimentos más alta desde abril de 2002 indica que el capitalismo argentino está destruyendo las condiciones de su propia reproducción (la reproducción de la vida de las personas mismas). El gobierno de Alberto Fernández quiere iniciar “este viernes” la “guerra” contra la inflación pero hace más de dos años que sus políticas están en guerra con el pueblo.

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de febrero de 2022 fueron contundentes: el aumento en el precio de los alimentos fue de 9,1% en comparación con el mes anterior. El aumento general de precios fue de 4,7%. Comparando con el año 2021, el rubro más amplio “alimentos y bebidas no alcohólicas” subió 55,8%; el nivel general de precios aumentó 52,3%.

La política oficial contra la inflación es un fracaso total. El gobierno de Alberto Fernández (AF) no pudo bajar la inflación durante la pandemia, y menos lo puede hacer en el proceso de salida cuando las condiciones son más complejas y las grandes empresas aprovechan para ampliar sus ganancias. Hace meses que en el mundo hay una presión alcista en el precio de las commodities alimenticias, energéticas y mineras. En las últimas semanas, la invasión de Rusia a Ucrania, los combates subsiguientes y las sanciones al país gobernado por Putin, han puesto presión adicional pues ambos países son productores claves de esas mercancías.

Después de 27 meses de gobierno de AF, el anuncio de la decisión de iniciar en unos días una guerra contra la inflación parece casi una burla al sufrimiento popular. ¿Qué medidas tomarán al respecto? En el contexto de retroceso político evidente frente al FMI y la oposición política por derecha, y en el medio de disputas internas, es difícil pensar que el gobierno podrá tomar acción alguna en tal sentido.

Algunas notas teóricas

Para empezar, unas notas teóricas. El proceso inflacionario en Argentina está directamente ligado a la crisis que el capitalismo local atraviesa desde hace más de una década (hemos hablado de la crisis transicional del capitalismo argentino acá).

Desde 2018, los acuerdos con el FMI, la inflación y la política de ingresos del Estado nacional, se han convertido en un arma fundamental de los sectores dominantes para desarticular la resistencia popular, y destruir el valor de la fuerza de trabajo (y el poder de compra de nuestros ingresos).

Entre diciembre de 2016 y diciembre de 2021, los salarios han caído, en promedio, un 20,1%; cayeron también el salario mínimo, los beneficios sociales y los ingresos del trabajo por cuenta propia.

La inflación se convirtió en el mecanismo privilegiado para forzar una redistribución fenomenal de los ingresos a favor de las grandes empresas.

El poder social de los grandes capitales se hace evidente en el mecanismo de fijación de precios que domina la producción de alimentos, energía y productos mineros.

Veamos. Las empresas tienen un costo local para la producción de cualquiera de estos productos. Sin considerar los costos sociales, sanitarios y ambientales (algo que las empresas obviamente no hacen), ese costo de producción es en Argentina relativamente bajo. Por eso el país es gran exportador de alimentos y minerales, y -si la estrategia de Kulfas en Vaca Muerta avanza- de hidrocarburos en un futuro cercano.

Sin embargo, las empresas establecen sus precios en función del valor internacional (precio de producción global) que se fija en los mercados financieros en los países centrales. Este precio de producción global está determinado por los costos de extracción promedios de cada mercancía en el mundo, que son -en general- mucho más altos que los costos locales. A modo de ejemplo, en el caso del petróleo, el costo local de extracción está (en promedio) en torno a los 10-15 dólares por barril, mientras que el precio internacional hoy supera los 100 dólares el barril.

Es decir, las empresas obtienen una rentabilidad brutal (usualmente denominada -en sentido general- “renta de la tierra” o “renta de los recursos naturales”) por el sólo hecho de que en Argentina producir petróleo, trigo o aluminio (por poner tres ejemplos), es relativamente barato; en algunos casos, el costo es más bajo aún por los subsidios que reciben las empresas a partir de las políticas estatales.

Si sube el precio internacional del petróleo, la soja, el litio, o el hierro -por ejemplo-, las productoras locales buscarán aumentar el precio al que venden sus productos. Para vender en el mercado local exigirán cobrar -al menos- tanto como pueden cobrar en el mercado mundial, a menos que el Estado controle o regule esa decisión.

Claro que el precio de producción global no es necesariamente el precio al que efectivamente venden esos productos. Hay un componente especulativo en los precios de las commodities que puede ser importante (por ejemplo, en el marco de una guerra que genera alta incertidumbre).

Pero también, el Estado puede (y suele) intervenir y modificar el precio de venta en el mercado local. Por ejemplo, puede establecer impuestos a las exportaciones (retenciones), o fijar un precio interno (como, por ejemplo, en el caso del petróleo donde el gobierno fija un precio mínimo aproximado de 50 dólares el barril).

La retención a la exportación logra bajar el precio interno de esa mercancía de exportación. Si el precio mundial de la soja es de 600 dólares el quintal, una retención del 30% puede bajar el precio interno a 400 dólares (600 dólares menos el 30%).

Por otro lado, si el peso argentino se devalúa (sube el dólar), el precio de 600 dólares (o 400 con retención) subirá también en el mercado local.

Dicho todo esto, vemos que las grandes empresas productoras y exportadoras de estos productos esenciales (alimentos, energía y minerales) manejarán la dinámica de sus precios en función de lo que ocurra en el mercado mundial, sin importarles las condiciones locales (ni sus costos reales de producción). Si el Estado no controla las decisiones de precios y producción de las empresas, un país como Argentina, exportador de esas mercancías, importará las variaciones de precios y la inflación internacional.

Entonces, ¿qué pasa con la inflación?

En el contexto actual, sobre el proceso inflacionario local ya instalado desde hace años, se suma el aumento de los precios globales de producción de las principales commodities exportables. Frente a eso, el gobierno ha venido tomando acciones bastante inconducentes.

En primer lugar, acordó con el FMI la reducción del financiamiento monetario del déficit público. Esta decisión asume que la emisión monetaria es una causa fundamental de la inflación, algo que ya cuestionamos acá.

Asumir que la inflación es un fenómeno monetario es un error teórico del acuerdo que se está aprobando en estos días. Es un error con graves costos para la población por el impacto negativo del ajuste fiscal.

En segundo lugar, el gobierno acordó con el Fondo contener el aumento de los salarios reales de las y los trabajadorxs del Estado. En lugar de recuperar aceleradamente la pérdida salarial, la decisión es mantener los aumentos dentro de las bajas proyecciones de crecimiento económico establecidas en el acuerdo. Con mucha suerte, las pérdidas de los últimos años se recuperarán en más de una década.

Tercero, el gobierno nacional continúa apuntando los cañones anti-inflacionarios (para usar su metáfora bélica) a los “formadores de precios”, los “especuladores”. En efecto, es claro que los precios y -por lo tanto- la inflación tienen que ver con las decisiones de las empresas que son las que en definitiva fijan los precios de las mercancías que producen y venden en el país.

¿Quién decide el precio del sachet de leche en el mercado de barrio o en el super?

Pues, en primera instancia, las empresas que los fabrican. Pero, obviamente, no lo hacen en el vacío. En la mayoría de los casos, hay cierto grado de competencia entre las empresas de cada rubro (aunque cada vez más las grandes empresas controlan una mayor porción del mercado), deben negociar con los hipermercados (que también son grandes empresas) y deben fijar el precio más alto que les permite vender sus productos.

Es decir, las empresas no fijan cualquier precio, ni el que quieren unilateralmente, sino el más alto que les hace ganar la mayor cantidad de plata posible.

Esto significa que la estrategia del gobierno de sentarse a negociar con los productores, o con los distribuidores, y fijar precios “cuidados”, “máximos”, o lo que sea, tiene sus límites. Si el Estado no puede controlar los costos de producción, ni las decisión de cuánto producir, la fijación de precios negociada tiende a producir la falta de los productos que entran en la negociación; ahora mismo, un conjunto de frigoríficos exportadores de carne están amenazando con bajarse de un acuerdo voluntario para vender a precios regulados alguna cantidad de “cortes populares” en el mercado local.

Puede que haya en algunos locales de venta en algunos momentos del mes, pero seguramente las empresas recortarán la oferta y promoverán la producción de aquellos productos cuyos precios no estén controlados; sin acción decidida, la mera amenaza de aplicar la ley de abastecimiento u otras medidas son poco efectivas.

En tiempos recientes el gobierno ha decidido intervenir con “fideicomisos” en algunos productos, como el trigo para la harina u otras alternativas. Las empresas que se suman “voluntariamente” al mismo, aportan parte de su producción para la venta en el mercado interno. En el caso del trigo, sólo 1% de las exportaciones son aplicadas al mismo, con el fin de abastecer a la industria local con trigo subsidiado (en relación al precio internacional). Obviamente, el impacto sobre el precio doméstico de todos los derivados del trigo (como el pan de mesa) es más bien limitado. Nuevamente, el gobierno insiste con acciones voluntaristas, marginales, que no resuelven el problema, y supone subsidiar a las empresas productoras/exportadoras que ganan cifras multimillonarias.

No aparece en la agenda del gobierno intervenir directamente en los principales mercados, controlando -con apoyo y participación popular- los procesos productivos. Tampoco se pone sobre la mesa la necesidad de recuperar para el control público los puertos y el conjunto del comercio exterior de commodities. La iniciativa de aumentar las retenciones a las exportaciones o la prohibición de exportar algunas producciones básicas brillan por su ausencia o están sujetas a infinitas conversaciones. Para colmo, el acuerdo con el Fondo supone acelerar la devaluación del peso y alimentar la inflación, para mantener el dólar caro y sostener la rentabilidad de las empresas exportadoras. La reducción de los subsidios a los precios de la energía (también acordado con el Fondo), acelerarán este proceso.

El gobierno de Alberto Fernández ha demostrado una palmaria incapacidad de enfrentar la estrategia del gran capital para asegurarse una mayor porción en la distribución de los ingresos a través de la inflación.

Sin acciones que debiliten el poder social del capital, sin la intención de poner en la calle el poder de la movilización popular, la inflación sigue y seguirá siendo una guadaña cotidiana sobre el poder de compra de nuestros ingresos. Al fin y al cabo, el problema no es sólo la inflación, sino que nuestros salarios e ingresos corren siempre por detrás. Mientras prepara su “guerra contra la inflación”, el gobierno se apresta a aprobar un aumento en el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) que lo dejarán bien por detrás del aumento en los precios y siempre por debajo de la línea de pobreza. La masiva movilización y acampe piquetero de estos días frente al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, da cuenta de lo urgente de las soluciones necesarias y la falta de voluntad política del poder ejecutivo nacional.

El gobierno no parece estar a la altura del problema. Por acción u omisión, por miopía teórica o incapacidad política, el gobierno del Frente de Todos parece estar en guerra contra el pueblo y no contra la inflación.

Mariano Féliz

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