ARA San Juan: un panorama claroscuro

ARA San Juan: un panorama claroscuro

27Mar22 0 Por Darío Balvidares

Una semana convulsionada en la complejidad judicial de las causas del submarino ARA San Juan, por una parte la causa del hundimiento avanza en Caleta Olivia, mientras que la causa sobre el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas empieza a ser corroída por el “cuentapropismo” en Comodoro Py.

Mientras las pruebas son contundentes respecto de porqué el juez de Dolores, Martín Bava, procesó a Mauricio Macri, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas entre otros funcionarios jerárquicos de la AFI y agentes, la corrosión en Comodoro Py empieza a destilar su maloliente “cuentapropismo”.

Recordamos que el trámite de la causa de espionaje ilegal desembarcó en el juzgado de Julián Ercolini, pero al mismo tiempo Pablo Lanusse, abogado defensor del ex presidente hasta ahora procesado,  apeló en los tribunales de la Sala I del Tribunal de Apelaciones pidiendo el desprocesamiento de su representado.

Justamente dicha sala es la que integran los jueces que habían sido recusados por la querella que lleva a adelante la abogada Valeria Carreras por considerar que son jueces afines al macrismo. Se trata de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

Desde la Sala II,  el juez Martín Irurzun, el creador de la procaz doctrina que lleva su apellido, como era de esperar, no hizo lugar al pedido de recusación de los jueces de la Sala I, solicitado por los familiares, argumentando que  “carece de relación directa o indirecta con el ejercicio imparcial de la tarea que les cabe en la presente“; en referencia a lo enfatizado por Carreras en su presentación de apartamiento de dichos jueces porque “No puede soslayarse que sin necesidad de prueba alguna sobre los dichos que sostengo como causales de recusación, ambos magistrados recusados recibieron beneficios (nombramiento por decreto) por parte del hoy procesado apelante e incidentista Mauricio Macri, ex Presidente de la Nación”.

Irurzun sostiene que los argumentos de la querella que representa a los familiares “no configuran motivos que lleven al apartamiento de los jueces que fueron sorteados para intervenir”.

Sin embargo, en efecto, los jueces Bruglia y Bertuzzi  fueron puestos en esos cargos por decreto del ex presidente Macri. Frente a la irregularidad de los nombramientos, esos cargos deben ser concursados de acuerdo con lo dispuesto por la (im)propia Corte Suprema de la Nación, aunque continúan los susodichos en ellos hasta que se efectúe el concurso y sean designados los nuevos jueces legalmente.

Es decir, no tienen la competencia para ejercer esos cargos, pero van a estar en ellos, hasta que los mismos sean cubiertos vía concurso. ¡Las incongruencias del affaire judicial!

En tanto que el juez Llorens, que ya se había excusado cuando fue nombrado como conjuez supremo, por haber sido junto a Bertuzzi autores del fallo de “cuentapropismo” (de los espías) en la otra causa por espionaje a los presos políticos, también es confirmado por el doctrinista Irurzun, para resolver la apelación al procesamiento en la causa ARA San Juan, espionaje ilegal.  

En una conclusión racional, ninguno de los tres jueces debería decidir la apelación por el desprocesamiento del procesado Mauricio Macri, por su relación personal. Recordemos que Mariano Llorens también está denunciado por jugar al tenis con el entonces presidente en la quinta de Olivos mientras el propio magistrado firmaba los fallos de las causas en favor del interés gubernamental.

La actual resolución de Irurzun de confirmar al club de amigos para decidir sobre la apelación por el desprocesamiento de Macri es cuando menos, frente a la evidencia de la relación de los tres jueces con el procesado, una acción reñida con la ética y rayana con la impunidad jurídico-aristocrática- burguesa.

Es esta cámara federal (la del club de amigos), que convocó a una audiencia para el 12 de abril, la que va a revisar todo lo actuado por los jueces Alejo Ramos Padilla (juez federal de La Plata con competencia electoral en Buenos Aires), quien inicia los actuados de la causa en Dolores y el actual juez federal de esa ciudad, Marín Bava, que dictó los procesamientos que incluyen el de Mauricio Macri en la causa del espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes.

Un poco más lejos de la localía macrista, en Caleta Olivia, en la causa del hundimiento, en la que se investiga la eventual responsabilidad penal de Mauricio Macri, Oscar Aguad, ex ministro de Defensa y el exjefe de la Armada, Marcelo Srur, declaró por videoconferencia el exsecretario general de la presidencia, Fernando de Andreis, quien afirmó que lo que ocurrió con el hundimiento del submarino era “tratado por  (Mauricio) Macri, (Oscar) Aguad y  (Marcos) Peña (exjefe de Gabinete)”, según señalaron las fuentes. Y también recordó reuniones en el edificio Libertad de la Armada a las que dijo, asistió también el secretario privado de Macri, Darío Nieto.

Es lo que dijo el ex funcionario, desde una sede de la Policía Federal, en la audiencia por teleconferencia en la que declaró en carácter de testigo, luego de prestar juramento, frente a la jueza Marta Yáñez y la fiscalía que estaban en la sede judicial de Caleta Olivia. Mientras  la Dra. Carreras, representante de la querella, siguió la audiencia desde una delegación de Prefectura en CABA.

Las citaciones en carácter de testigos continuaron con Pablo Clausellas, exsecretario de Legal y Técnica, que también declaró de manera remota y el ex jefe de asesores de Cambiemos y actual senador nacional, José María Torello, que lo hace por escrito por la impunidad que le otorga su investidura.

Hay responsables de lo ocurrido con el submarino hundido el 17 de noviembre de 2017 y del posible encubrimiento de lo acontecido y del espionaje ilegal a los familiares.

 ¿Acaso es un procedimiento legítimo llevar la causa a los tribunales armados por el propio expresidente para que sus “amigos” y “empleados” decidan sobre los fundamentos de su procesamiento?

Tal vez haya que pensar no en nombres propios, solamente, sino en acciones delictivas del Estado planificadas por sus propios funcionarios.

Habrá que establecer las conexiones entre un Estado terrorista y un Estado delincuente, tal vez no existan; pero que las hay, las hay.

Darío Balvidares  

Imagen destacada: tramas – periodismo en movimiento

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