1973-1976, la construcción del “enemigo subversivo”

1973-1976, la construcción del “enemigo subversivo”

1Jun22 0 Por Daniel Campione

Un libro que data de 2012 y se ha reimpreso hace poco explora el conjunto de las acciones y las construcciones ideológicas de cariz represivo durante los gobiernos peronistas que transcurrieron entre 1973 y 1976.

Marina Franco

Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976.

1ª edición. 1ª reimpresión- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2021.

352 páginas.

Esta obra trata de echar luz sobre el desarrollo del ciclo represivo desenvuelto entre 1973 y 1976. Que ha quedado subsumido en la memoria colectiva en algunos episodios puntuales, percibidos apenas como el “prólogo” a la represión dictatorial. Tal la formación y actuación de la triple A y los decretos firmados por el presidente interino Ítalo Argentino Lúder que convocaban a “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.

Lo que muestra el libro es la existencia de un proceso más amplio y continuado, que arranca tempranamente con la progresiva adopción de normas cada vez más represivas y la paralela construcción de un “enemigo interno” dentro del propio peronismo, cuya caracterización fue modificándose hasta desembocar en la omniabarcativa “subversión”.

No sólo López Rega e “Isabel”.

El rol de las autoridades civiles, tanto del ejecutivo como el legislativo, es destacado de manera específica, a comenzar por el papel jugado por Juan Domingo Perón en el inicio de la escalada represiva. Y en la instauración de un discurso de combate contra los “violentos” que eran presentados como “infiltrados” en el movimiento peronista.

La autora procura desvirtuar la imagen de que sólo las áreas estatales colocadas bajo la égida de José López Rega tuvieron participación decisiva en el despliegue de la represión y extiende la mirada al conjunto del aparato estatal, incluido el poder legislativo.

Escribe Franco: “…las referencias a la represión incluían esporádicamente el año 1975 como fecha de inicio, pero los agentes responsables eran siempre las Fuerzas Armadas y la triple A asociada a José López Rega, desde luego desligados del peronismo en el gobierno y de los partidos políticos en general.”

Fue el propio Perón durante su breve presidencia el que encabezó una reforma del código penal que aumentaba los castigos por ciertos delitos. Además de utilizar su imagen uniformada y su discurso militar para amenazar con un uso amplio de la violencia estatal a quienes osaban cuestionar su autoridad. Incluida la llamada a “aniquilar cuanto antes el terrorismo criminal.”

Asimismo la autora tiende a desmitificar la idea de que las acciones de los civiles sólo eran respuesta a las “presiones militares”, para exhibir el vasto campo de iniciativa autónoma que adoptaron esas instancias en la producción de normas y de acciones, incluida la creación de órganos de dirección y coordinación de las acciones de las fuerzas armadas.

Por el contrario, se destaca en el libro la continuidad y articulación entre la “depuración” en el interior del peronismo, con episodios como el “navarrazo” de febrero de 1974, y las acciones ya más directamente implicadas en lo que será la futura lógica dictatorial:

“…confluyeron y se articularon las construcciones del enemigo interno ‘comunista’ dentro del peronismo y del enemigo ‘subversivo’ a escala nacional.”

Señala también la progresiva instauración de un “estado de excepción” que en nombre de la defensa de la legalidad y del Estado de Derecho, lo que hacía era destruirlos progresivamente, al facilitar el ataque contra las más diversas expresiones de la vida social.

En esos avances también se fue modificando la actitud de la oposición “progresista”. Sus representantes comenzaron oponiéndose al progresivo viraje represivo y negándose a votar las llamadas “leyes de seguridad”.

Para luego inclinarse, sin dejar de plantear matices, a aceptar la política aniquiladora hacia las organizaciones armadas y por extensión a un “espectro subversivo” en progresiva ampliación. Las reservas planteadas cada vez fueron menos importantes y menos firmes.

Sí mantuvieron la condena y la exigencia de investigación de las acciones parapoliciales y paramilitares, pero desde la aceptación de que no se trataba de disminuir el grado de violencia estatal sino de encauzarla e institucionalizarla.

“Enemigo” en expansión, movimiento obrero en la mira.

Cuando se consolida y alcanza consenso en amplios sectores la difusa y expandible noción de “subversión”, a la que se le declara la “guerra”, el “enemigo” no se circunscribe a los “violentos” como al principio, sino que se extiende. Muy en especial al movimiento obrero, atacado bajo la figura de “subversión fabril”, como se dio a lo largo del conflicto en Villa Constitución.

“Secuestros y asesinatos de obreros, dirigentes y delegados gremiales, amenazas y denuncias fueron habituales por lo menos desde mediados de 1974 en adelante, con una fuerte intensificación en la segunda parte de 1975 tras la movilización obrera producida por el ‘Rodrigazo’”.

En ese campo la autora hace referencia a la intervención militar directa antes del golpe, para reprimir conflictos como el que tuvo lugar en Sierra Grande, con intervención activa del Vº Cuerpo de Ejército y colaboración explícita de la burocracia sindical.

En la última parte se pasa revista al tratamiento por parte de los diarios, que tuvieron un lugar preponderante en la construcción de un consenso en vastos sectores de la sociedad de que había que erradicar a la “subversión”. Ese asentimiento tenía como contraparte la exigencia de que se actuara dentro de la “legalidad”. Lo que tenía un aspecto contradictorio, ya que comprendía el respaldo a que la tal “legalidad” se viera socavada por una progresiva sumatoria de medidas que restringían su vigencia real.

Acciones de las organizaciones armadas implementadas con una lógica “militarista” eran capitalizadas hasta el cansancio por los medios de comunicación para expandir el “consenso antisubversivo”:

“El pueblo argentino, trabajador y pacífico, observa con estupor la diaria masacre de individuos motivada en razones políticas, panorama que se ve tristemente complementado por el auge de una delincuencia cada vez más audaz y más violenta”.

El anterior es un comentario de Clarín que presenta a las acciones violentas como obra de enemigos ajenos y contrarios a la nación, o como en este caso al “pueblo argentino”. Jugaba su papel en esta construcción un discurso de matriz nacionalista, asentado en la defensa del inasible “ser nacional”.

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Este libro sin duda constituye una valiosa y profunda investigación, que acomete desde varios ángulos las continuidades en materia de represión entre el período 1973-1976 y la noche dictatorial. Lo hace a partir del rescate de una visión más compleja en la apreciación de la política exterminadora, que ya se manifestó durante el gobierno peronista, y eso mucho antes del golpe.

Quizá hubiera sido deseable un mayor énfasis en el papel del gran empresariado, que respaldó primero a Perón y luego a su sucesora para desembocar, como vía más eficaz, en el aliento y la organización previa del golpe. La comprensión del propósito de supresión de todo cuestionamiento social, como reversión del período de auge de las luchas populares y de la movilización del movimiento obrero que había tenido lugar desde 1969, está presente en el texto, pero podría tener un despliegue mayor.

Esto último no es óbice para apreciar el elevado valor de una obra que, más allá de sus objetivos académicos, apunta a iluminar un “punto ciego” en la discusión política de las últimas décadas.

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