Planes sociales e “intermediarios”

Planes sociales e “intermediarios”

24Jun22 0 Por Guillermo Cieza

Las declaraciones de la Vicepresidenta Cristina Fernández sobre la necesidad de que Municipios y gobernadores recuperen el control total de la administración de los planes sociales reabre la polémica sobre su manejo. Esta discusión sobre “los intermediarios” tiene su historia, resulta conveniente repasarla.



En un discurso realizado el día de la Bandera en la CTA, la Vicepresidenta se despachó con la definición de que “El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoria y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas”. Esa definición que causó revuelo entre las organizaciones sociales oficialistas y opositoras, fue inmediatamente apoyada por Martín Insaurralde, jefe de gabinete de Axel Kicillof, quien comentó “hice una ronda de consultas con intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición y es unánime la aceptación de la descentralización del control de los planes sociales en los Municipios. El apoyo por parte del PRO a la propuesta de la Vicepresidenta fue refirmado por Nestor Grindetti, Intendente de Lanus, que expresó “La administración de la asistencia social debe descentralizarse en los municipios, de esta manera se elimina la intermediación y el plan social llega de manera directa al vecino que lo necesita, como contrapartida debe realizarse una tarea para la comunidad. Cortar las calles no es más una opción”.
Las declaraciones de Cristina Fernández no son casuales, sino que se inscriben en un debate , que se venía agitando en distintos medios sobre el manejo de los planes y que fue originado en la importancia que estaban cobrando las protestas sociales encabezadas por la Unidad Piquetera. Esta coordinación de luchas no responde al gobierno ni a la oposición de derecha, y uno de sus principales voceros es Eduardo Belliboni, que milita en el Partido Obrero. Hasta el acampe en la 9 de Julio, los medios que responden a la derecha, en particular el grupo Clarin, daban cobertura periodística a los reclamos piqueteros como una demostración de la crisis económica y de la incapacidad del gobierno para resolver la situación de pobreza e indigencia de sectores populares. Pero en la medida en que esos reclamos empezaron a cobrar fuerza y extenderse en todo el país, las voces de derecha, sin excepciones, iniciaron una campaña sobre la necesidad urgente de sacar el control de los planes a las organizaciones. A las declaraciones de Bullrich, Larreta y Milei, se sumaron las posturas de algunos gobernadores justicialistas y altos funcionarios de gobierno. Estos posicionamientos fueron construyendo un consenso que todavía tenía algunas oposiciones dentro del justicialismo, en particular en los grupos como el movimiento Evita y la UTEP. El discurso de Cristina fortalece el acuerdo del PRO, los libertarios, los Gobernadores Justicialistas y los intendentes del conurbano. Se inscribe en la percepción de que si el país se corre a la derecha, quien quiere mantener un liderazgo debe acompañar esas posturas. El Presidente Fernández, que había tomado la misma posición de correrse a la derecha después de la derrota en las elecciones de medio término, quedó esta vez descolocado.


Una vieja polémica y el intendente de Pehuajó.
Cristina Fernández trató de fundamentar su posición mencionando al trabajo que está haciendo con los planes sociales el Intendente de Pehuajó, un municipio del interior bonaerense, con 31.000 habitantes, gobernado por Pablo Zurro. Seguramente ese funcionario es una persona honesta, y puede haber otros en pequeñas ciudades, con mucho control social, donde la Municipalidad maneja bien los planes sociales. Pero esa es la excepción a la regla y Cristina lo sabe.
El origen de las organizaciones sociales que administran planes se generó por la situación de desocupación, que en 2001 alcanzó al 20%, pero además como respuesta al manejo de los punteros políticos de los municipios del conurbano. El Movimiento de Trabajadores de Solano, por ejemplo, se formó a partir de vecinos que se iban a quejar a la parroquia por los abusos que cometían los punteros políticos con los planes. A algunas mujeres les asignaban el trabajo de empleadas domésticas de funcionarios del municipios, a otros los hacían trabajar como jardineros en casas particulares, a otros le exigían la mitad del subsidio, sólo se arreglaban las plazas del centro, etc. La práctica de los punteros políticos agregaban a la desesperación por la situación económica de las familias, una carga de humillación que se ejercía principalmente contra mujeres jefas de hogar. Como parte de esa humillación los punteros manejaban el dinero, imponían la necesidad de participar en los actos políticos de sus candidatos, o de movilizar contra asambleistas o vecinos que reclamaban por sus derechos. Cuando las organizaciones piqueteras empiezan a gestionar los planes, la creación de fondos comunes que generalmente eran el 3% de los ingresos, permitían a delegados viajar para hacer trámites, pagar fotocopias, concurrir a alguna reunión de coordinación, o incluso agregar alguna carcasa de pollo o un par de huesos para dar un poco de sabor a un guiso compartido. El valor emancipatorio que tuvieron esas prácticas en cientos de miles de mujeres de barrios populares de todo el país, se expresó años después en la constitución de uno de los movimientos de mujeres más masivos y potentes del mundo. Cristina Fernández no puede entender esas cosas por una cuestión de clase, por práctica social y por concepción política. Considera que el poder político que se genera por fuera de lo institucional y que no controla, no puede ser poder amigo.
La ofensiva que se desatará en los próximos meses contra el movimiento piquetero, va a encontrarlo motivado para la lucha, porque la inflación está devorando los magros ingresos familiares, y en un momento alto de coordinación, pero también desgastado por un proceso de estatización que ha venido produciéndose en los últimos años. Este proceso se expresa en un debilitamiento de sus bases productivas autónomas, de procesos formativos internos, y un sobredimensionamiento de sus estructuras administrativas que han asumido mucho trabajo que antes hacía el Estado. También en la preeminencia de lo corporativo, por sobre la politización, con la consecuencia de un debilitamiento de los procesos asamblearios, de las prácticas disruptivas y de la vinculación con otros sectores populares..
A pocos días de cumplirse el veinte aniversario de la masacre de Avellaneda, que fue precedida por la reunión de gobernadores justicialistas en La Pampa donde se tomó la decisión de reprimir, algunos escenarios parecen repetirse. Lo que estaba en discusión por aquellos días era el derecho de las organizaciones piqueteras a administrar planes y contraprestaciones, o si, como planteaba el presidente Duhalde, todos los planes deberían ser administrados por Municipios y Consejos Consultivos integrados por organizaciones amigas del gobierno. El conjunto de las clases dominantes de la Argentina y las y los políticos que los representan, coincide en promover una campaña de estigmatización contra las organizaciones piqueteras. Quienes en algunos tiempos fueron héroes y heroínas que habían estado en la primera línea, desde los comedores populares, enfrentando a la pandemia, ahora vuelven a ser feos, sucios y malos.

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