Anuncio del Gobierno del uso progresivo de la fuerza incrementó las agresiones contra manifestantes en Ecuador

Anuncio del Gobierno del uso progresivo de la fuerza incrementó las agresiones contra manifestantes en Ecuador

25Jun22 0 Por Nicole Morales

El Miinistro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que el mando policial evalúa “la necesidad de dar el siguiente paso”, como respuesta a las manifestaciones sociales que se desarrollan en Ecuador hace 13 días. Así lo manifestó la tarde del 24 de junio de 2022 en una rueda de prensa. Agregó: “Ya no podemos seguir repeliendo. Tenemos que reprimir con el uso progresivo de fuerza. Eso implica la posibilidad de utilizar carabinas con munición múltiple, es decir, perdigones”.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos evidenció, en una publicación de redes sociales, que “la Policía ya usaba armamento letal, como perdigones, para reprimir a manifestantes en el paro nacional, antes del anuncio de Patricio Carrillo”.

De igual manera, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) publicó en sus redes sociales que “en todo momento la policía usó material represivo; el anuncio de cadena nacional fue solo un maquillaje para justificar”.

Según Carrillo, esta posibilidad se estudia luego de que las autoridades comprobaran que los manifestantes dispararon perdigones desde armas de fuego contra los agentes de la Policía, al reportar una docena de agentes heridos por estos proyectiles durante los enfrentamientos que se suscitaron el jueves en el centro de Quito. El titular de la cartera del Interior manifestó que procederán a usar esa munición “inmediatamente, de ser necesario”.

Este mensaje fue legitimado por el primer mandatario, Guillermo Lasso, quién minutos después de las afirmaciones de Carrillo realizó una cadena nacional en la que reafirmó que “actuarán con el uso legítimo de la fuerza para defender la democracia”. Asimismo, indicó que “el Gobierno Nacional utilizará todos los recursos legales que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales. (…) A nuestros hermanos indígenas y campesinos que han sido traídos a Quito con engaños, les pedimos por su seguridad y la de sus familias regresar a sus comunidades. No podemos permitir que se enfrenten pueblo contra pueblo”.

Rechazamos energéticamente estas declaraciones que dejan la puerta abierta para que mayores vulneraciones a derechos humanos se perpetren y queden en la impunidad. Alertamos sobre la posibilidad real de la materialización de delitos graves como ejecuciones extrajudiciales, heridos, tortura y desapariciones forzadas, considerados como crímenes de lesa humanidad”, expresa el comunicado emitido por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. 

Inmediatamente después de estas declaraciones del Gobierno, efectivos de la Policía Nacional arremetieron con gas lacrimógeno contra los manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, donde se desarrolló previamente una Asamblea Popular Ampliada.

El lugar que fue desmilitarizado en horas de la mañana y fue nuevamente tomado por las Fuerzas Armadas luego del bombardeo. 

De igual modo, después de varios enfrentamientos, la Policía atacó el Pabellón de las Artes, ubicado dentro del parque El Arbolito. “Inclusive en zonas donde se encuentran heridos, sin tomar en consideración que en los interiores se encuentran personas en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adultos mayores”, según expuso, en un comunicado, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Asimismo, esta institución indicó que el personal de salud tuvo que hacer un corredor humanitario para sacar a más de 90 manifestantes afectados del sector.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) evidenció, en una publicación en Twitter, la “gran cantidad de gases lacrimógenos que usó la Policía en su intervención violenta en el Ágora de la Casa de la Cultura”. En las imágenes se observan dos baldes llenos con los residuos del arma química.  

Además, en horas de la noche, llegaron reportes de ataques y desalojo en la Universidad Central, institución pública que funciona como casa de acogida para las comunidades indígenas que llegaron de varias provincias del país a la capital. En el interior de la institución se albergan niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres y hombres. 

El Movimiento Social por la Defensa de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador y el Movimiento Nacional de Niñas, Niños y adolescentes también denunció “la intervención violenta y bombardeo en las zonas de paz”. La Universidad Politécnica Salesiana, que también funciona como refugio para niñas, niños, adolescentes y otros grupos de atención prioritaria, se vio igualmente afectada por las fuerzas del orden público. 

Hasta el 23 de junio de 2022 la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos contabilizó 5 fallecidos, 166 heridxs, 108 detenciones, 5 desaparecidxs y 64 vulneraciones a derechos humanos.

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