Guerra declarada contra las organizaciones sociales

Guerra declarada contra las organizaciones sociales

2Jul22 0 Por Jorge Falcone

Entre la imposibilidad estructural de crear empleo en blanco y el creciente consenso para dar de baja los planes.

“Con estos niveles de inflación, el discurso contra los políticos entra en los barrios y empieza a cargarse al peronismo, eso es nuevo. Hoy un plan social no alcanza para que alguien te vote y los pibes de 21 años que viven en la villa no conocen nada bueno. Tenían 10 años en el 2011”.

Rodrigo Zarazaga,

sacerdote y politólogo jesuita del Centro de Investigación y Acción Social

“Observamos, como un dato de la realidad mensurada por la investigación social, que el peronismo está desapareciendo; tanto en lo cuantitativo como en su influencia en el sentido común (…) Este proceso de desperonización es lento y colabora a ocultarlo la enorme burocracia política y social del peronismo que mantiene como blasones las huellas de lo que alguna vez fue un movimiento nacional, con un único conductor”.

Ricardo Rouvier,

sociólogo y encuestador.

Rencilla entre timoneles con distinto Norte

Argentina ingresa de lleno a un invierno difícil, con el Presidente y la Vice conmemorando la partida del General Perón por separado, y esta última en campaña, buscando pretexto para dirigirse a sus feligreses prácticamente cada 15  días.

Ya  no hay duda ni entre sectores del oficialismo ni en todo el arco opositor: El experimento Alberto Fernández al kirchnerismo le salió mal.

Quien albergó expectativas de reencuentro al interior de la coalición gobernante frente a la foto del panel oficial que conmemoró los 100 años de YPF, pese a la guerra de cartas que denunciaron a “funcionarios que no funcionan” y las exhortaciones públicas a “usar la birome”, hoy coincidirá en que el del Día de la Bandera celebrado en Avellaneda constituyó un acto opositor encabezado por la Vicepresidenta de la Nación, quien abundó sobre la inoperancia del Ejecutivo y arremetió sin piedad contra el movimiento social más poderoso – en número y recursos – que viene sustentando al Primer Mandatario.

En un momento en que el mundo debate la necesidad de reducir las horas de trabajo en blanco para mantener en el aparato productivo a una mayor cantidad de operarixs, los cantos de sirena que en nuestro país prometen transformar en trabajo genuino planes sociales – que desde 2002 a la fecha pasaron de 1,6 a 12,12 millones -, más que pretencioso suena ilusorio.

Argentina no genera empleo privado desde hace prácticamente una década. De modo que bajo esas declaraciones que suenan tan bien a oídos de la opinión pública más desinformada, el propósito del Gobierno no consiste apenas en privar a las organizaciones sociales de la administración de los planes sino, además, intentar aumentar la planta de empleados públicos mediante contratos directos con las municipalidades.

No casualmente, una de las primeras comunas que se comprometieron a contratar beneficiarios de los planes sociales fue Avellaneda, núcleo duro del voto K. 

Ante dicha tesitura no existe grieta alguna: El gobierno jujeño tiene bajo su órbita 82 mil beneficiarios del programa nacional Potenciar Trabajo, a quienes les hace  realizar tareas municipales de todo tipo (tomar la temperatura en cajeros, barrer calles, desmalezar costeras del río, etc.) y desde luego se les aplican multas y padecen malos tratos por parte de los punteros del gobierno.

Así como Mauricio Macri duplicó la cifra de beneficiarios de dicho plan que había dejado su antecesora hasta llevarla a 560.000, como parte del intento de Carolina Stanley por comprar la paz social, la gestión Fernández elevó esa cifra hasta los actuales 1.320.000.

Por consiguiente, considerarlos ocupados plenos como hace el INDEC, constituye una muestra de cómo la estadística convalida el proceso crónico de degradación social.

Es más, de aprobarse el Salario Básico Universal que impulsa el líder del MTE Juan Grabois, quedará taxativamente de manifiesto que el trabajo formal capaz de incluir a las mayorías se redujo a una expresión de deseos, mientras una reforma laboral de facto se impuso como continuidad entre los años del macrismo y la peste.

En tal contexto, Cristina Fernández de Kirchner maniobra contra reloj para que el Titanic tripulado por el peronismo institucional eluda el iceberg, ratificando su apuesta por un “capitalismo en serio”, y reuniéndose con la Jefa del Comando Sur, con burócratas sindicales como Daer, o con economistas ultra liberales como  Melkonian heredero bonaerense de Domingo Cavallo desembarcado en el IERAL de la Fundación Mediterránea con el apoyo de laboratorios como Sebastián Bagó, pesados del agronegocio como Roberto Urquía y banqueros como Jorge Brito -, a fin de que el sistema no albergue duda alguna acerca de que “el hecho maldito del país burgués” hoy se ofrece como garante absoluto de la gobernabilidad burguesa.

Todo ello sucede ante un panorama global de abstencionismo electoral creciente, y  victorias sumamente acotadas en sociedades altamente polarizadas, lo cual nos habla a las claras sobre la pérdida general de expectativas en cuanto a que la democracia, tal como la conocemos (y la defienden lxs de arriba) sea “el mejor de los sistemas posible”.

Aunque la experiencia de disfrazar al movimiento que alumbró insurreccionalmente un 17 de octubre con ropajes liberales bajo el nombre de Unidad Ciudadana zozobró, en estas horas parecería ser que en el Instituto Patria viene armándose un nuevo Frankenstein de cuño similar o peor para enfrentar sin sorpresas los comicios del año entrante.

Engrilladxs a una deuda impagable

A todo esto, la segunda mitad del año acarreará mayores restricciones fiscales, ya que, a pedido del Fondo, el Gobierno deberá reducir el gasto en jubilaciones y obra pública, evaluar un ajuste adicional en las tarifas y evitar mayor control en las importaciones. Tales son algunas de las medidas previstas por el organismo internacional que nos ahoga para alcanzar las metas anuales, después de aprobar  un desembolso de US$ 4.000 millones en concepto de cumplimiento de los objetivos del primer trimestre.

A fin de alcanzar la meta anual de un 2,5% de déficit primario en 2022, el Gobierno se comprometió a adoptar medidas que permitan compensar el incremento del gasto en subsidios a la energía y la asistencia social, y un crecimiento menor de la recaudación, a la vez que pidió cambios en las metas trimestrales, aún en discusión. Así, se proyecta que el gasto real pase del 12,8% anual en el primer semestre a una caída del 7,8% del PBI en la segunda mitad del año.

De acuerdo con las proyecciones del equipo encabezado por el auditor británico Ben Kelmanson y el Ministerio de Economía, se aguarda una reducción del gasto en jubilaciones del 8,5 previsto al 8,1% del PBI en 2022, del gasto de capital del 2,2 al 1,8% del PBI, y de bienes y servicios del 0,7 al 0,6% del PBI. El ahorro en esas partidas permitiría – en el marco de la interna aludida en el apartado  anterior – hacer lugar a un aumento de la asistencia social del 3,2 al 3,5% del PBI y de los subsidios energéticos, del 2,2 al 2,6% del PBI, sin modificar los objetivos anuales del programa.

Esta revisión altera los planes de Martín Guzmán, quien semanas atrás ratificó que no habría recorte en la obra pública. Y probablemente deje demudadxs a lxs miembrxs de la coalición gobernante que desfilaron por los medios asegurando que el actual era “el mejor acuerdo posible” con el Fondo. En concreto, los recursos serán superiores a los destinados en 2021 (1,4% del PBI), pero menores a los previstos en marzo. Por ahora, los salarios y las transferencias a las provincias, se mantendrán sin cambios en 2,9% y 0,6% del PBI, respectivamente.

El FMI considera que el gasto deberá ser contenido en un 20,4% del PBI (0,3% menos de la proyección inicial) a través de un manejo fiscal más “disciplinado” en el segundo trimestre. En tanto, coloca su mira en los subsidios al transporte – que los gobernadores consiguieron aumentar en el presupuesto -, las transferencias a provincias y empresas estatales, y una administración “prudente” de los salarios. “A buen entendedor/a, pocas palabras”.

Respecto a las jubilaciones, el objetivo es que reduzcan su peso en el PBI por un resultado menos favorable de la fórmula de movilidad, ajustada por los salarios y la recaudación. Además, según el organismo, se deben evitar los ajustes discrecionales a las pensiones”, en referencia al proyecto de moratoria jubilatoria presentado por el kirchnerismo, e insta a iniciar la preparación de “opciones de reforma” del sistema jubilatorio para presentarlas en diciembre. Verbigracia, la  Reforma Previsional de Macri respondida con 14 toneladas de cascotes a fines de 2017 corre el riesgo de agravarse en el turno electoral siguiente, a cargo de un Gobierno que prometió a lxs abuelxs un futuro más benevolente.

La Casa Blanca también sigue de cerca la cuenta de los subsidios energéticos debido a su impacto en las reservas. Mientras el Fondo advierte una aceleración de las importaciones, motorizada por combustibles y una demanda creciente ante la apreciación del tipo de cambio. A diferencia de las medidas que evalúa el Gobierno, aconseja “evitar” mayores controles al comercio exterior y propone avanzar en “ajustes adicionales en tarifas” (que en el tiempo deberían regularse según la inflación) para contener el gasto en esa partida. 

Sin más vueltas, y como era previsible, el organismo vela por el bolsillo de los dueños del país.

En el “hondo bajo fondo donde el barro se subleva”


En el marco de la interna del Frente de Todxs, pese a que la vocera de Alberto volvió a defender la política social y dijo que los planes deben seguir bajo la órbita que los administra, ante las diatribas de la Vicepresidenta contra los movimientos sociales – cada vez más coincidentes con las de Larreta (que ya cuenta con los primeros piqueteros judicializados por manifestarse en CABA) y las de Milei (cuya fuerza política promueve un Movimiento Antipiquetero) -, ni lerdo ni perezoso, el Ministro de Desarrollo Social resolvió quitarle el control de 180.000 planes sociales a las organizaciones del sector y transferirlos a jurisdicción de las provincias y los municipios. Pertenecen al Potenciar Trabajo, una de las partidas centrales de la cartera que administra Juan Zabaleta, y  equivalen a un 15% de ese total de 1,2 millones de beneficiarixs.

La diferencia principal entre el Movimiento Evita y el intendente en uso de licencia de Hurlingham es por el destino que se les dará a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que solicitaron cambiar de Unidad de Gestión (UG), es decir el lugar dónde deben desarrollar sus tareas.

Zabaleta decidió que tal resolución quede en manos de las intendencias, sobre todo del conurbano – dado el lugar de residencia de la mayoría de lxs beneficiarixs – y las gobernaciones. Pérsico, en cambio, no está de acuerdo, y opina que eso implica proporcionarle “mano de obra barata a los intendentes”, por lo que aspira a que, como viene ocurriendo, sean reubicadxs en las UG que pertenecen al Evita, o a otra organización vinculada con el albertismo, como podría ser Somos Barrios de Pie, fuerza que lidera Daniel Menéndez, el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local.

Paralelamente a dicha pulseada, apelando a una táctica de muy triste memoria,   consistente en desacreditar mediáticamente a sus detractores ante posibles adherentes, para luego criminalizarlos y reprimirlos, el modus operandi del oficialismo intenta permear a la opinión pública con la idea de que lxs referentes sociales disponen de cierto porcentaje de dichos planes para oxigenar a sus respectivas organizaciones. Esa metodología tiene su antecedente directo en la que implementó la última dictadura, difamando a quienes resistían con todos los recursos a su alcance contra ese régimen de facto, procediendo a continuación a secuestrar activistas de base para bloquear así su vínculo con las organizaciones revolucionarias de la época, para recién a continuación ocuparse de sus cuadros dirigentes. Pues cambia el contexto pero no las artimañas de probada eficacia para el sistema. En tal tesitura, el Estado ha comenzado a comunicarse por diversas vías (teléfono, watsapp, o hasta visita domiciliaria) con compañerxs inscriptxs en el padrón de algunas organizaciones para ofrecerles cambiar de Unidad de Gestión (su lugar de revista actual), apuntando a que en lo sucesivo dependan del punterismo municipal. Simultáneamente, un fiscal ordena el procesamiento de los dirigentes del FIT – U Eduardo Belliboni y Daniel Solano. Por ahora se trata de dos notables. Habrá más, y no siempre de renombre. Porque, como harto se ha dicho, no hay Acuerdo con el Fondo sin ajuste, y no hay ajuste sin represión. Consecuentemente, en los tiempos venideros muchxs luchadorxs anónimos serán criminalizadxs padeciendo penurias aún peores que las de Milagro Sala, a quien un Presidente de su mismo signo político se permite visitar, promediando el tercer año de su mandato, en una sala de terapia intensiva y convaleciendo una trombosis, flanqueada por un vigilante de Gerardo Morales.

Recapitulando, el cuestionamiento de CFK a los movimientos sociales incomoda a parte de su base electoral y se debe sobre todo a la incapacidad del peronismo institucional para dar respuesta al aumento de los precios y contener el descontento social a través de las organizaciones oficialistas.

La Vicepresidenta considera que las organizaciones sociales del peronismo no tienen capacidad de traducir su poderío en caudal electoral, y que esa base del  conurbano profundo volverá a votarla, pese a lo que pretendan sus dirigentes. También está convencida de que se dejaron arrebatar el control de las calles.

A su expectativa de volver a producir el milagro de dar otro batacazo electoral en 2023 – vaya uno a saber con qué formula – le haría falta reparar más a menudo en que lxs pobres de toda pobreza constituyen la misma y amplia base social de las organizaciones oficialistas como de las opositoras. 

Y, antes de armar una nueva lista sábana debería preguntarse hasta cuándo esxs condenadxs de la tierra privadxs de planes sociales y perspectivas ciertas de trabajo genuino – después de un acampe de 48 hs. en la avenida más ancha del país, una marcha federal multitudinaria, y una descomunal concentración en Puente Pueyrredón evocando a los piqueteros asesinados por otro gobierno peronista –  seguirán albergando la esperanza de que su malaria se resuelva en las urnas.

La situación que atraviesa Ecuador a estas horas demuestra que ese interrogante resulta absolutamente pertinente.-

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