El Justicialismo y la derecha se han unido.

El Justicialismo y la derecha se han unido.

16Jul22 1 Por Ricardo de Udaeta

Las recientes declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández acerca de los programas sociales inauguraron una persecución judicial y estigmatización mediática. Y estimularon el desprecio de sectores sociales acomodados hacia los piqueteros en una magnitud pocas veces vista.

El gobierno, en coincidencia con la prensa hegemónica, comenzó a apuntar con desprecio sobre los sectores organizados más empobrecidos, cuando la Unidad Piquetera (Organizaciones no alineadas con el oficialismo) desplegó un masivo corte y luego un acampe de 48 horas sobre la avenida 9 de julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La continuidad de ese plan de lucha, votado por más de 30 organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera, tuvo su máximo pico de exposición al concluir la Gran Marcha Federal Piquetera, movilizando 300 mil personas a lo largo y ancho del país. Lo que concluyó en la histórica Plaza de Mayo luego de tres días de marchar por todo el territorio nacional.

Hacer visible lo que para entonces estaba escondido y tapado por el gobierno con el aval silencioso de las centrales sindicales y organizaciones oficialistas, comenzó a tener sus costos para las organizaciones que movilizaron.

Las denuncias judiciales no tardaron en caer sobre los referentes de la Unidad Piquetera., se fueron incrementando las amenazas represivas coordinadas entre el gobierno de la ciudad y el nacional, en consonancia con el desinformativo y selectivo bombardeo de la prensa masiva. Todo con brutal menosprecio hacia los voceros de las organizaciones que salen a la calle contra el hambre y la pobreza, por salarios y trabajos dignos.

Hasta la gran Marcha Federal Piquetera, los destinatarios de estigmatización, amenazas de represión y judicialización eran los principales referentes de las organizaciones no alineadas con el gobierno. Las mismas que eligen las calles como territorio de conquistas.

Fue luego de las declaraciones que realizó la vicepresidenta pidiendo que se retome el control y auditoría de los programas sociales que se produjeron 41 allanamientos. Todos en menos de 48 horas, en CABA, Jujuy y provincia de Buenos Aires. Recomenzó así con nuevos bríos la persecución y demonización hacia el movimiento piquetero. Que es único sujeto social que se encuentra movilizado masivamente en las calles de manera cotidiana.

Esta vez, a diferencia de sucesos anteriores, les tocó a las propias organizaciones oficialistas. El “fuego amigo”, se materializó en allanamientos a comedores y a casas particulares de referentes y militantes sociales.

Mientras, el ministerio de Desarrollo Social de la nación hizo un llamado público a los titulares de derechos para que abandonen a las organizaciones en las que cobran el salario social. Bajo promesa de que lo seguirán cobrando, cierra la entrega de recurso y ampliación de programa sociales a organizaciones que resuelvan salir a la calle. El objetivo de estas declaraciones públicas del ministerio es que las personas dejen las tareas comunitarias que realizan en las organizaciones que administran los programas como el “potenciar trabajo” y pueda mudarse a otras tareas dependientes de los municipios y gobernaciones.

En un país con cuatro millones de indigentes y más de la mitad de las niñeces empobrecidas, las propuestas de Cristina Fernández consisten en mudar el problema de sitio. Es claro que acá no se discute bajar la codicia de los ricos ni resolver el estructural empobrecimiento que llevan adelante en perjuicio de los más vulnerados.

El encargado de realizar la transición en pasar los programas sociales a gobernadores e intendentes, es el ministro del ramo, en coincidencia con la vicepresidenta. El ex intendente Juan Zabaleta no vino en reemplazo de Daniel Arroyo solamente. Está allí para reforzar el partido justicialista y dotarlo de mayores recursos, con esperanzas de llegar a una elección exitosa en 2023.

“Cambiar de domicilio” la situación no será tarea sencilla. No es el primer intento de los gobiernos para extorsionar a las organizaciones sociales que resuelven de manera independiente un camino autónomo de los gobiernos, destino que eligieron transitar.

Tampoco es real que, como mencionó Cristina Fernández, quieran terminar con la “tercerización” de las políticas sociales. Más bien parecen querer cambiar de coordinadores.

El estado otorga 1.223.537 programas sociales mediante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los titulares de derecho de dichos programas deben realizar tareas diarias en distintos espacios productivos, sociales, comunitarios y de cuidado.

No es cierto que sea discrecional la gestión de fondos públicos por parte de las organizaciones. El ministerio realiza auditorias permanentes, y tiene la potestad de pedir rendiciones de cuentas a las organizaciones sociales que perciben fondos públicos para potenciar sus unidades productivas. De hecho, son las propias organizaciones quienes realizan la rendición de cuentas sin necesidad de que sea solicitada.

No es casualidad que se cuestionen los métodos, modalidades y definiciones que las organizaciones piqueteras tienen para organizarse.

Ante la orfandad sindical y la función de rueda de auxilio del Estado que cumplen las organizaciones sociales oficialistas, la Unidad Piquetera es el nucleamiento que está en las calles, haciendo visible una realidad alarmante.

Para garantizar el funcionamiento diario se necesitan recursos económicos que el estado no está dispuesto a entregar.

El alquiler de locales para comedores o espacios productivos. La compra de ollas para las meriendas y cenas, de vasos y bandejas. La compra de alimentos frescos como carnes, verduras y lácteos. La adquisición de insumos para iniciar emprendimientos productivos. El pago de la electricidad o de la garrafa semanal. El traslado de niñes a guarderías y comedores. Imprimir cientos de hojas para rendiciones de cuentad o interminables papeles que solicita el estado para conseguir mejores equipamientos productivos. Éstos son sólo algunos de los destinos que tiene el dinero que recaudan de manera voluntaria las organizaciones.

Los aportes voluntarios, las rifas o venta de comidas en días patrios son la manera que encontraron para solventar gastos que el estado sabe que se generan, pero no aporta a su cobertura.

Circulan enojos injustificados y broncas infundadas, impulsadas por la prensa masiva, a propósito de una supuesta cuota fija que se cobraría a quienes reciben el salario social. Aparentemente esta sería del dos por ciento de los ingresos de cada titular de derecho.

Lo real es que los aportes no son obligatorios como sí lo son la cuota sindical, la obra social, el diezmo evangélico, el subsidio clerical, el IVA estatal o el interés comercial.

Los aportes voluntarios son de personas ocupadas y desocupadas, con menores y mayores ingresos y esas decisiones se toman de manera colectiva y soberana en sus instancias de asambleas. No son impuestas de manera inconsulta, como quieren hacer creer en la prensa masiva.

Esos fondos comunitarios son importantes también para garantizar el instrumento principal e histórico con el que los sectores populares conquistan y amplían derechos: La lucha en las calles.

“Le pagan a la gente por marchar” dicen los medios de comunicación que cobran enormes sumas de dinero de la pauta publicitaria que pagamos todxs, y sólo le dan voz a los que pagan por publicar o hablar.

“Pasan asistencia” señalan los patrones del estado que actualizaron los métodos laborales de entrada y salida, entre huellas dactilares y planillas sofisticadas.

“Les cobran si no van” sostienen católicos y evangélicos que pagan el diezmo o la cuota de perdón mientras lavan sus culpas.

“Clientelismo político” afirman quienes ven solo consumidores en los sectores empobrecidos.

“Troskos que le hacen el juego a la derecha” dicen los que han desalojado con balas de plomo, palos o gases, las tierras que recuperan los últimos de la fila.

Mientras todo el aparato mediático, institucional y obsecuente apunta de manera miserable sobre los que resuelven salir organizados a la calle, la pobreza alcanza índices similares a los de 2001.

Pasar lista y otros mitos.

Cuando se sale a la calle hay un montón de cosas a tener en cuenta.

Alimentación, traslado, guardería, batería y datos en el celular, avisar a familiares y amigos, etc.

Hay muchos lugares a los que vas y no tenés ni idea de su geografía porque pocas veces fuiste a las céntricas ciudades, porque la lucha el único domicilio que tiene es la calle, aunque no sepas como volver.

Ir a la capital es toda una aventura.

Hay luces, tránsito permanente de vehículos, lugares abiertos, poca agua, faltan baños y si te plantás piola, salís en la tele.

Volver a tu casa es muy difícil si no te organizás.

Las listas de asistencias suceden en todas partes. Sindicatos, escuelas, fabricas, etc.

Hasta para la escuela, universidad, caminatas o hacer deportes. ¡Es una manera de organizarse!

El problema parece ser que sean pobres los que se organizan.

Si el movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo no hubiera tenido registro o lista de los pibes que movilizaban hace más de una década, hubiera sido difícil darse cuenta del secuestro de un pibe como método de apriete contra los que denunciaban el hambre.

¿Cuántos no volvieron? ¿Cuántos desaparecieron?  ¿Cuántos?

Quien esto escribe vivió desde los 5 años en institutos de menores. Pasaban lista siempre.  Nadie se alarmaba por esas listas y tantas otras más oscuras todavía.

En todas las movilizaciones es sumamente importante registrar quienes van y quienes vuelven, en conjunto o por su cuenta.

Se llama “registrar al compañero”, una manera de decirle lo importante que es para el colectivo.

Todo eso implica medidas de autocuidado, métodos de organización y formas de resistencia.

Así se nombra lo que otros llaman “pasar lista”.

¿Es necesario contarle a la gente lo importante que es que cada compañero llegue sano y salvo a su casa?

Existen muchos mitos sobre los sectores empobrecidos que no claudican y deciden organizarse, algunos de ellos se pueden apreciar en la nota que realizóNicolas Salas para la Agencia Anred

Lo que está claro es que cada día se le “cuentan las costillas” a la mayoría empobrecida.

El Estado permanentemente se dedica a relevarlas, contarlas, focalizarlas, segregarlas, fragmentarlas, reprimirlas o judicializarlas.

El destinatario del desprecio estatal es el conjunto de las personas empobrecidas. Lejos está el gobierno de querer resolver la pobreza o repartir la riqueza.

Solo hay tres propuestas presentadas en el Congreso:

1. Reducir la jornada laboral a seis horas. Repartir el trabajo entre ocupados y desocupados sin pérdida salarial.

2. El salario Básico Universal, que en realidad es focalizado no universal.

3. Pagarle al FMI. Esta fue la única aprobada hasta el momento.

No les será fácil domesticar, institucionalizar o doblegar al Movimiento Piquetero. Ya lo han intentado antes, no pudieron. No van a poder.

Compartí esta entrada en tus redes sociales
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter