Un ambiente sano es con árboles

Un ambiente sano es con árboles

24Jul22 0 Por Darío Balvidares

La Corte Suprema de la Nación rechazó, a principios de este mes, el recurso de apelación que había realizado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el amparo – ambiental en la causa que se lo acusa por violar el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado y el derecho al patrimonio natural.

La causa iniciada por la abogada Claudia Heras no pide otra cosa más que el gobierno de Juntos por el Cambio dé cumplimiento a lo que ya está normado en la Ley 3263 de Arbolado Público Urbano. Es en ese sentido que la Dra. Heras solicitó una medida cautelar que tienda a suspender la poda que no cumpla con los arts. 10, 11 y 12 de la Ley 3263.

Esquina de Morón y Belén, barrio Vélez Sarsfield

Es importante saber que dichos artículos establecen que:

Artículo 10.- Evaluación: Previo a cada intervención en el arbolado público, la Autoridad de Aplicación deberá realizar una evaluación técnica de los ejemplares a afectar y consignar el tratamiento o procedimiento adecuado para la resolución del mismo.

Artículo 11.- Personal técnico: El personal afectado a las tareas de evaluación técnica, plantación, poda, trasplante o tala, o cualquier otra intervención sobre el arbolado público, deberá estar habilitado para la realización de las mismas mediante capacitaciones y evaluaciones sobre cada labor.

Artículo 12.- Habilitación: La Autoridad de Aplicación instrumentará las medidas a fin de certificar la capacidad del personal para la evaluación técnica de los árboles.

Pero nada de esto parece cumplirse en la Ciudad desde hace mucho tiempo, incluso con la tercerización de los trabajos sobre el arbolado público se incrementaron “prácticas” que tienden a la destrucción más que a la preservación y mantenimiento.

Es el mismo árbol de la foto anterior. Fue “podado” en los primeros días de mayo y nuevamente el 15 de agosto.

En el expediente judicial (AMPARO – AMBIENTAL / Número: EXP 4570/2017-0/CUIJ: EXP J-01-00014715-6/2017-0/Actuación Nro: 244497/2021), que obra en Juzgado de 1ra.Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13 Secretaría N° 26, puede leerse que “la Auditoría General de la Ciudad denunció el millonario negocio de la poda y el mantenimiento barrial…”.

Por otra parte, la denunciante “sostuvo que el servicio de poda ha sido tercerizado por el GCBA a empresas privadas, a saber: MANTELECTRIC ICISA, CASA MACCHI SA, ECOLOGÍA URBANA SRL y URBASER ARGENTINA SA – SEOB SA UTE…)”

Y concluyó en que “se trata de empresas constructoras, de electricidad, de limpieza o transporte y realizó una descripción de cada una de ellas, en la que resaltó que la UTE ZONA VERDE se encuentra conformada –al menos al inicio de la demanda–por URBASER ARGENTINA SA – TRANSPORTES OLIVOS SACYF y SEOB SA, las que forman parte del grupo español ACS, que junto a IMPREGILIO, SIDECO y DYCASA posee el paquete accionario de AUTOPISTAS DEL SOL, acusada en la causa 4334/13 de gestionar la fuga de millones de dólares pertenecientes a AUTOPISTAS DEL SOL y un numeroso conjunto de compañías locales y multinacionales, entre los años 2006 y 2008,a través de la empresa financiera JP MORGAN CHASE. Adujo que por esta razón es cuestionable la idoneidad de las empresas del GRUPO ACS como proveedores del GCBA a través de las sub empresas del grupo”.

Así quedó. Le quitaron el cartel con la referencia de la poda.

Como vemos, nada tiene de impronta “verde”, el pretendido mantenimiento del arbolado público que realiza el gobierno de la Ciudad, que además, termina siendo una actividad sistemática de mutilación, porque no se respeta que el régimen de poda -como dicen los especialistas también citados en el expediente – en cuanto al volumen, no puede exceder el 25%, mientras que estás empresas del negocio de la “poda”, llegan a destruir el 70% del árbol, sin siquiera respetar el formato de la copa.

En 2017 Gabriela Benito, entonces jefa de trabajos prácticos de la cátedra de Jardinería de la UBA y docente de la materia Arbolado Urbano, manifestaba que “Cerca de 30 técnicos egresados de la tecnicatura en Jardinería de la UBA fueron empleados por el área de arbolado urbano del Gobierno de la Ciudad, como parte del plantel de inspectores. Desde allí hacen un diagnóstico del estado de los árboles y proponen un determinado tipo de intervención. Pero luego las empresas contratadas que llevan a cabo las podas no están a cargo de profesionales idóneos, no tienen cuadrillas capacitadas y cortan sin un criterio técnico”.

El negocio del arbolado no se detiene, más allá de que el amparo haya quedado firme en todas las instancias judiciales. Son contundentes las pruebas de violación sistemática de la Ley de Arbolado Público que realiza el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y las empresas que tienen a las que el gobierno contrató para las intervenciones en la actividad de “poda”.

La misma esquina, vereda de enfrente.

Además de violar la Ley 3263, el Ministerio Público ¿no debería tomar cartas en el asunto e investigar de oficio sobre los informes que produjo la Auditoría, citados en el expediente del amparo?

¿Por qué el trabajo está tercerizado en empresas que lejos están de la actividad del mantenimiento del arbolado público?

¿Acaso no sería lógico un convenio con la Facultad de Agronomía y no con empresas privadas que no califican para el trabajo?

¿El gobierno comete infracciones por no cumplir con la ley 3263 o la sistematicidad de las prácticas constituye delito?

¡Los árboles que vos podáis, no gozan de buena salud!

Y la prueba de “plantar” árboles de plástico en las plazas es un extravío tan grande como la de cementar sus caminos interiores.

“La transformación no para”, dice el eslogan gubernamental; la destrucción de lo público, tampoco, dice quien firma esta nota, tomó las fotos y filmó el esperpento que dejaron.

Darío Balvidares

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