El jefe y la pedagogía canallesca

El jefe y la pedagogía canallesca

10Ago22 0 Por Darío Balvidares

Los anuncios del jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el recorte del programa social, “Ciudadanía porteña. Con todo derecho”, son una prueba más de sus inescrupulosas políticas.

El programa Ciudadanía porteña… fue creado a través de la ley 1878 de diciembre de 2005, es decir que la primera prueba de que las políticas del gobierno que está desde 2007 hasta nuestros días, los primeros 8 años con Mauricio Macri y desde 2015 hasta la actualidad, Horacio Rodríguez Larreta, es que lejos de reducir la pobreza, necesitó de esta herramienta para poder sostener lo que su propia política produce, pobreza.

El jefe de gobierno mechó en su exposición los problemas que tienen “los chicos de 11 y 12 años para leer y escribir porque no entienden textos comprensibles para su edad (…) les cuesta horrores hacer operaciones matemáticas…”.

Tal apreciación la hace fundándose en las evaluaciones estandarizadas que evidenciaron los dudosos resultados medidos a través de esos dispositivos, tal como lo habíamos mostrado en el artículo, Prueba Aprender y la maniobra estandarizada.

Para luego hablar de los “esfuerzos” realizados (por su gobierno) en capacitación docente, jornada extendida, el aumento de los días de clase, las jornadas de los sábados, etc. etc., para luego recalar en que “el 30% de los alumnos tuvo más de 5 faltas en el último mes y varios casos de chicos que asisten a clase 3 veces por semana”.

Para continuar con tono de patriarcal preocupación, el titular del ejecutivo porteño sentencia que “…los chicos tienen que ir a la escuela todos los días (…) esto es una responsabilidad compartida por el estado y las familias (…) no puede ser opcional que la familia decida si lo manda o no”.

La primera falacia es la “responsabilidad compartida”, las responsabilidades del Estado no son equiparables a la de los ciudadanos. El Estado tiene que generar las condiciones para el bienestar general, lo que incluye la educación pública como derecho, sobre todo de los niñes, adolescentes y jóvenes, que haya aulas, escuelas y vacantes suficientes, con la infraestructura adecuada.

En paralelo, el Estado les debe asegurar vivienda digna, salud pública (que incluye la alimentación saludable) y trabajo formal no precarizado para sus familias. Sin embargo, que el Estado no cumpla con esa obligación indelegable está tan naturalizado que sus administradores no sufren ninguna sanción por el incumplimiento de su propia Constitución.

Por otra parte, desde qué lugar plantea, en su anuncio amenazador, que “no puede ser opcional que la familia decida si lo manda o no”.

¿Cree usted – perdón el academicismo – que el sujeto del enunciado que usted invoca como las familias, que son las familias de 23.686 alumnes, según sus números, “que tienen que ir todos los días a la escuela para que los padres cobren ese adicional”, como lo refiere, están realmente optando entre enviarlos o no enviarlos a la escuela?

Usted mismo, afirma que “Ciudadanía porteña. Con todo derecho es un programa que “asiste a más de 40.000 hogares en situación de pobreza e indigencia”, lo que parece poco, un programa de corto alcance de asistencia, puesto que según los números del Informe Técnico del INDEC del segundo semestre del 2021 en la Ciudad de Buenos Aires, 492.846 personas eran pobres y 68.450, indigentes; sobre un total de 3.002.958 habitantes, lo que lleva a que casi el 18% de la población de la jurisdicción más rica del país está debajo de la línea de la pobreza, que por supuesto debe haber aumentado en todos estos meses. Me refiero a la pobreza, no a los magros planes que administran.

Sí, absolutamente magro: “Fuentes de la administración porteña informaron que el programa de ayuda económica, que ronda los $15 mil y alcanza a 41.669 familias, establece un monto como componente adicional por cada menor de 18 años que se encuentre escolarizado de $5.256 por hogar pobre y de $7.884,50 por hogar indigente”.

La ley 1.878, que crea este programa establece en su artículo 8 que “el monto de la prestación es el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la Canasta Básica Alimentaria estimada por el INDEC” y será utilizado “para la adquisición de productos alimentarios y elementos indispensables para la higiene, limpieza del hogar, combustión necesaria para la cocción y útiles escolares”.

La Canasta Básica Alimentaria del mes de junio para una familia de 4 integrantes fue de $104.217 para no ser pobre y de 46.225 pesos para no ser indigente. El programa “Ciudadanía porteña” destinaba en ese mismo mes $11.000. ¿Se cumple la ley?

No se cumple la ley, porque en la reglamentación que produjo este mismo gobierno de la Ciudad en 2014, para el artículo 8 dispuso:

Sobre el monto de la prestación. El Programa “Ciudadanía Porteña. Con Todo Derecho” establecerá un monto mínimo y máximo que podrá otorgarse en carácter de prestación, siendo dichos montos determinados en función de la capacidad presupuestaria.

El Programa “Ciudadanía Porteña. Con Todo Derecho”, a fin de cumplir con sus objetivos propios y la normativa vigente, podrá modificar el monto asignado a un determinado grupo etario o grupo vulnerable mediante acto administrativo debidamente fundado por la autoridad de aplicación”.

La reglamentación termina modificando la letra de la ley que dice reglamentar en detrimento de los beneficios que ella otorga.

Es claro que la ley tiene condicionantes, que deben ser respetados, pero como toda ley que se cree para un beneficio social, el Estado ejecutor debe contemplar el contexto y las necesidades de quienes son alcanzados por la norma.

Pero lejos de eso, el gobierno estigmatiza y amenaza con quitas de la prestación del programa, modificado por la reglamentación que discrecionalmente bajó los montos previstos por el cálculo inicial que prescribe la ley.

Y como no bastó con reducir el programa, el jefe continuó con su discurso y espetó que van a “seguir de cerca la obligación que tienen las madres y los padres de llevar sus hijos a la escuela…”. ¿Qué padre o madre no quiere mandar a sus hijos a la escuela?, son muy contados esos casos de la onda “homeschooling” o educación en el hogar y seguramente no pertenecen al grupo que se le pretende recortar el programa.

El hecho es que decidió desde el unicato “democrático”, cambiar la norma de la asistencia con el mismo criterio pedagógico de aumentar los días de clase a 191, solo para ver quién gana en las patéticas “carreras” con el oficialismo nacional, con quién no discuten educación, dramatizan trivialidades mediáticas.

Y es así que decidió, usted solo, “una asistencia mínima del 85% en cada bimestre (…) y nunca se van a poder superar las 25 faltas totales y a partir de eso, también voy a hacer un cambio en la política social (…) quienes no manden sus hijos a la escuela van a dejar de percibir el adicional por hijo del programa Ciudadanía porteña…”.

Después de decir que va a trabajar el Ministerio de Educación con cada escuela, además tendrá intervención el Ministerio de Desarrollo Humano para acercarse a cada familia y conocer su situación y el porqué de las inasistencias; agregó que “si la situación no cambia, después de 3 meses se va a dar de baja el componente adicional y si a los 6 meses tampoco se reincorpora, se va a suspender la totalidad del plan…

Ya conocemos que la prioridad no es la educación para el gobierno de la Ciudad, sino los negocios inmobiliarios, para muestra sobra lo que ocurre con la expropiación del Palacio Ceci, patrimonio histórico, lingüístico y cultural de la Escuela de sordos N° 28 Bartolomé Ayrolo, para convertirlo en parte del paisaje del “Distrito del vino” en el barrio de Villa Devoto; así como los recortes en educación especial, etc.

Es la lógica instrumental, análoga a la pedagogía con la que instruyen los aprendizajes, visión acotada que tienen del mundo real que reduce a la cosificación de la pobreza, en este caso, suponiendo, desde una posición canallesca, que quién no envía sus hijes a la escuela lo hace por “optar” por esa decisión.

El propio gobierno lleva la problemática a la responsabilidad de las familias, como lo hace, también, cargando las tintas sobre les docentes que la propia ministra Acuña llamó “fracasados”, culpándolos de los “resultados” de sus pruebas estandarizadas.  

Resulta que el jefe aseguró que “el 30% de los alumnos tuvo más de 5 faltas en el último mes e incluso hay varios chicos que asisten a clase sólo 3 veces por semana…”. Si esto es así, más de 200.000 estudiantes estarían en riesgo de perder el año sobre un total de 710.903, según los datos de la ONG de ceos empresariales, Argentinos por la Educación, en la que participan varios exfuncionarios PRO como Mariano Narodowsky y Guillermina Tiramonti.

Si hubo un ausentismo del 30% con más de 5 faltas el último mes, que fue julio, mes del receso de invierno, significa que, sobre 10 días de clase reales en ese mes, faltaron la mitad de los días o más. Lo que representa un problema para el sistema, o tal vez, el sistema es el problema.

Si más de 200.000 asisten intermitentemente, con serio riesgo de quedar libres, perder el año, cosa que no sería de extrañar con el “empujoncito” de las medidas anunciadas que fijan el 85% de asistencia bimestral; no debería ser la preocupación del gobierno, revisar sus propias políticas en lugar de cargar con amenazas de quita de subsidios, que ni siquiera pagan como marca la ley, porque la “reglamentación” que realizaron en 2014 la cambió, como quedo expresado más arriba.

¿Por qué amenazar con recortes sobre las familias vulneradas de 23.686 estudiantes que, según usted, no asisten a la escuela?

El problema es mayor, usted mismo afirmó del 30%, más de 200.000 de la matrícula total, estarían al borde de la desvinculación de la escuela. ¡Y sin pandemia! Lo que hace responsable a usted y su gobierno, que deberían hacer la rendición de cuentas en lugar de buscar “culpables” en el afuera de su burbuja.

Para finalizar y a propósito de las contradicciones u “olvidos” de lo que dijeron en otro momento de la construcción de la realidad con la que juegan.

Hasta no hace mucho, a principios de este año, eran 6.500 estudiantes que se habían desvinculado de la escuela producto de la pandemia y de las idas y vueltas de la presencialidad según el discurso de la ministra Soledad Acuña; pero luego se había logrado la revinculación casi de la totalidad.

Tanto es así que, en enero de este año, Acuña había tuiteado que: “Hoy en día son menos de 100 los alumnos que se encuentran en situación de deserción escolar. Pero como cada chico cuenta, insistimos en acompañarlos para que puedan reincorporarse”.

¿Mintieron antes o mienten ahora? Tal vez, siempre mientan, es una de sus máximas “virtudes”.

Lo cierto es que niñes, adolescentes, y jóvenes son las víctimas del devenir político, al igual que sus familias vulneradas y culpabilizadas de la situación en la que esas mismas políticas las sumergieron.

Sus anuncios, señor jefe, no hacen más que mostrar la miserabilidad institucional en la que navega su gobierno, que mientras se produce el vaciamiento de la Obra Social de los trabajadorxs de la Ciudad (ObSBA) y la vicepresidenta que usted nombró en mayo y renunció hace un par de días, Agustina Olivero Majdalani, la hija de la procesada por espionaje ilegal, Silvia Majdalani, había solicitado $300.000 para remodelar su despacho, en una obra social con, por lo menos, 4.000 millones de deuda. Sin duda, otro hecho procaz.

Pretender quitar 5.256 pesos a un hogar pobre o peor aún, 7.884 a un hogar indigente es de una obscenidad canallesca.  

Darío Balvidares

Foto destacada: El mundo

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