No queremos auditar la pobreza que generan las clases dominantes y el Estado

No queremos auditar la pobreza que generan las clases dominantes y el Estado

20Ago22 0 Por Rompiendo Cadenas

Les docentes universitaries, en tanto trabajadores de la educación, no podemos convalidar la extracción de datos a trabajadores desocupades que les servirá a los funcionarios para implementar el ajuste.

Esta auditoría no se implementa con el objetivo de mejorar las condiciones de vida del 39% de la población, que hoy se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En cambio, en este contexto de alta inflación y fuerte caída del salario real, el Estado busca recortar aún más las precarias e insuficientes políticas sociales que desarrolla.

Las organizaciones de trabajadores piqueteres están en el ojo de la tormenta por parte del gobierno y el FMI. Vienen viviendo una campaña despiadada de persecución y criminalización como contraparte de sus movilizaciones exigiendo trabajo genuino con todos los derechos, aumento de los programas sociales; bonos compensatorios; alimentos y el reconocimiento de las inmensas tareas que realizan en los barrios.

Entre otros argumentos que contienen postulados racistas, xenófobos y falaces, se allanan comedores, se les abren causas judiciales y se les trata como delincuentes al poner en duda los aportes solidarios, como parte de los mecanismos que hacen a su autoorganización. Y mientras tanto, quienes vienen ganando hace décadas, quienes han tenido ganancias extraordinarias en estos últimos años, no sólo no son auditados sino que se les brinda “el beneficio de la duda”, generando incentivos para que blanqueen sus negocios corruptos, especulativos y predatorios.

La estigmatización de este trabajo, bajo fundamentos infundados, desconoce el proceso de trabajo que las organizaciones vienen llevando a cabo para reproducir la vida de miles de trabajadores desocupades en la Argentina. Sin las organizaciones que sostienen comedores, merenderos, apoyo escolar, bachilleratos entre otras estrategias educativas, el acompañamiento de quiénes sufren violencia de género, la lucha por la tierra y la vivienda dignas, siendo un bastión fundamental de la salud y la vida durante la pandemia, miles de trabajadores desocupades y precarizades se encontrarían muchísimo peor. La gestión que las organizaciones sociales han realizado de manera autónoma ha permitido que, sin importar el color político de quien gobierne, estas redes de contención y apoyo permanezcan y se fortalezcan, construyendo poder popular con les de abajo. ¿Acaso es esta fuerza de les de abajo la que buscan controlar con esta medida? ¿No la guía el miedo a la construcción de poder popular?

Zabaleta y Massa anuncian que las universidades públicas deberán hacer las auditorías del Plan Potenciar Trabajo: quieren implementar operativos masivos y para eso pretenden valerse de la mano de obra de les estudiantes, también un sector precarizado y empobrecido. Quieren colocar a les estudiantes en una función de control, implementando una encuesta a les desocupades. Les estudiantes serían capacitados por empleades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y recibirán a cambio otro programa social, el Progresar, aunque todavía no terminan de definir esto.

Según dieron a conocer fuentes del gobierno en la encuesta: “se les preguntará sobre su situación habitacional, socio educativa, y se les consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan”, siendo el propio Massa quien aseguró que “quien no cumpla” con los requisitos y compromisos del programa, “recibirá la suspensión del plan y, en paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la Anses”. Sin esconder el objetivo y sin eufemismos quieren cortar el hilo por lo más delgado, los sectores que sufren los niveles de pobreza e indigencia, dando un mensaje claro hacia los sectores de poder que siempre buscan amplificar la mano dura, para mantener sus ganancias y privilegios.

Plantean la firma de un convenio con cada universidad; entre ellas ya se encuentran la de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de La Plata, la de Hurlingham, la de los Comechingones, de Moreno y de La Pampa, entre otras.

¿Qué harán las casas de estudios? ¿Se enorgullecerán de salir a controlar a les pobres; de salir a realizar tareas que contrarían la función social de la universidad siendo vehiculizadores de prácticas que la misma institución debe repudiar?

La función de la universidad no es el control para implementar un recorte en los programas sociales. La universidad debe ser crítica, pública y popular, debe estar al servicio de les laburantes y no de quienes se enriquecen a costa de nuestro trabajo.

A no confundirnos: Perczyk alienta esta iniciativa y ya la presentó ante directivos de siete universidades del país, para acompañar al gobierno en la conformación de “unidades de evaluación en todo el territorio nacional” e incorporar a las universidades nacionales para que formen parte de la “certificación de las actividades y el fortalecimiento de los proyectos”.
Qué lejos está el ministro de la situación de les trabajadores de la educación que percibimos salarios bajísimos, consumidos por la inflación. Qué lejos de les estudiantes, que sobrevivieron a la pandemia siendo más pobres y estando en mayores desventajas para continuar sus estudios.

¿Qué significa esto?
No es la primera vez que se tercerizan en la universidad los procesos mediante los cuales se busca obtener información de la vida de les más pobres con el objetivo de evaluar un programa social. Las universidades participaron de “Las familias cuentan”, que fue la estrategia de extraer información a les desocupades para implementar el traspaso del Plan Jefas y Jefes de hogar desocupado, al Plan Familia implementando un recorte, y buscando que las organizaciones pierdan el control de los planes.

En el proceso de lucha por la tierra, la vivienda y el acceso justo al hábitat de Guernica, se apersonaron estudiantes y graduades de varias universidades del conurbano sur y La Plata, convocades por el ministro Larroque, a sacar información y amedrentar a quienes buscaban un lugar para habitar, culminando con la feroz represión en plena pandemia.

Que los procesos de evaluación se divorcian de la implementación de políticas sociales, en una clara operatoria neoliberal que terceriza la función que ya viene realizando el Ministerio de Desarrollo social, ahora con mano de obra más barata, no es nada nuevo. Las organizaciones son monitoreadas, evaluadas, y controladas, por muchísimos mecanismos burocráticos que ya los vienen condicionando frente a las conquistas que le van arrancando al Estado. No necesitan obtener nueva información, porque ya la tienen. Lo que están haciendo es legitimar la implementación de recortes, ajustes y persecución a las organizaciones.

Desde la Corriente Político Sindical- Rompiendo Cadenas, llamamos a reflexionar sobre las consecuencias de llevar a cabo la auditoría a les más pobres para ajustarles aún más. Repudiamos que esta sea la estrategia hacia les desocupades en un momento de crisis económica que afecta al conjunto de la clase trabajadora.
Exigimos que sean auditados los sectores empresariales y el propio sistema político, ya que este capitalismo no cierra sin corrupción, saqueo, hambre y muerte.
¡QUEREMOS AUDITAR LA DEUDA CON EL FMI, NO EL TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES!

Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas

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