Declaración sobre los Derechos Campesinos

Declaración sobre los Derechos Campesinos

28Ago22 0 Por Agencia de Noticias Biodiversidadla

Un camino hacia la soberanía alimentaria

Desde que se adoptó en diciembre de 2018 la Declaración sobre los Derechos Campesinos en las Naciones Unidas, se aceleraron los procesos de concentración y mercantilización de los sistemas alimentarios. Pandemia mediante, la crisis se profundizó, lo que ratifica la urgencia de los postulados y las recomendaciones de ese instrumento que se debatió y construyó durante más de 17 años.

Por Diego Montón para la Agencia de Noticias Biodiversidadla

A fines de los años 90, la ofensiva del capital financiero sobre la agricultura y la alimentación se materializó en desalojos campesinos, privatizaciones y la retirada de los Estados de su función de control y regulación. La doctrina neoliberal anunciaba el Fin de la Historia y el fin del campesinado. El libre mercado emergía como el relato hegemónico, que de la mano de la globalización iba a terminar con todos los males e injusticias. La Organización Mundial de Comercio  (OMC) ocupó el lugar de las Naciones Unidas, los derechos humanos quedaron subordinados a los derechos del capital y las corporaciones, que impusieron nuevas reglas de juego y nuevos escenarios autoritarios de gobernanza, que “juzgan y castigan” a los Estados que se atreven a condicionar sus ganancias.

La arremetida “tecnológica” fue avalada por una pseudociencia apadrinada por el dinero de las corporaciones, que ocuparon los vacíos presupuestarios de los diezmados Estados. Así, desde los institutos de desarrollo rural hasta las universidades masificaron este nuevo paquete tecnológico sin que haya sido puesto debidamente a prueba. El relato del agronegocio consistía simplemente en que esa tecnología aumentaba la productividad y eso derivaría en más desarrollo.

En 1990, la pobreza en Argentina se ubicaba en el 34,3%, pero tras la hiperinflación y la salida anticipada del gobierno de Raúl Alfonsín, se llegaría al 41,3%. Fue el escenario donde se abrieron las puertas a los transgénicos y se promovió el uso masivo de ese paquete tecnológico.

El desarrollo de los agronegocios traería alimentos para todos, y sobre todo empleo de la mano de los dólares que lloverían gracias a las bondades de las commodities. Solo se trataba de que ese campo concentrado y especializado “trabaje” libre y sin restricciones. En el año 2010, el índice de pobreza llegó al 20,6%, producto de las políticas redistributivas del kirchnerismo, que tuvo entre sus principales opositores a las empresas núcleo de los agronegocios.

Luego de 30 años, el índice de pobreza en 2021 fue del 37%, los precios de los alimentos escalan de forma sostenida y liderando la inflación y la crisis climática es ya innegable.

Luego de 30 años de agronegocio y ventajas para el desarrollo del capital financiero en la agricultura, cada uno de los problemas que iban a resolver se agravaron drásticamente: la crisis alimentaria, la malnutrición y la inseguridad alimentaria, la falta de dólares en el Banco Central (que coincide con los récord históricos de cosecha y exportación de granos), el desempleo y la pobreza. El agronegocio a las y los argentinos no nos provee ni dólares ni comida ni empleo. Administra hábilmente la extorsión, las falsas promesas y la especulación.

Sin embargo, en estos 30 años más de 500 mil familias de campesinos, campesinas y agricultores fueron expulsadas del campo. Mientras, la agroindustria y los mercados están cada vez más concentrados. Según Greenpeace, en los últimos 30 años perdimos cerca de 8 millones de hectáreas de bosques (el equivalente a la superficie de la provincia de Entre Ríos).

Además, el consumo de agrotóxicos aumentó casi un 1000% entre 1990 y 2020, pero los rendimientos promedio solo aumentaron un 30% (aunque estas medidas anuales no dan cuenta del proceso de degradación de los suelos, por lo que esos aumentos de productividad son probablemente transitorios). Aumentó el 50% la superficie con granos y la producción total se multiplicó por 400%.

Según Greenpeace, en los últimos 30 años perdimos cerca de 8 millones de hectáreas de bosques (el equivalente a la superficie de la provincia de Entre Ríos).

De los casi 500 mil litros de agrotóxicos que se utilizan para fumigaciones anualmente, más del 65% son importados. El precio de los mismos tiene una dinámica de aumento que siempre está por encima de los precios de las commodities, por lo que son una parte importante de la dolarización y presión para el aumento de los precios de los alimentos.

Durante la pandemia, mientras los Estados fueron quienes tuvieron que salir a rescatar a empresas y trabajadorxs, estas corporaciones ganaron miles de millones, sin un atisbo de remordimiento. Fueron las organizaciones campesinas y los movimientos sociales quienes desarrollaron miles de acciones de solidaridad para que el alimento no falte entre las y los argentinos. Pero gran parte de los subsidios del Estado para la ayuda alimentaria va a parar, finalmente, a esas corporaciones, como un círculo vicioso que engrosa más al flagelo argentino.

Quizás otro saldo positivo de la post pandemia es que ya está en claro que este no es un problema solo del campesinado y la agricultura familiar: la discusión de “el campo” le corresponde a la sociedad en su conjunto. La primera conclusión es que los alimentos no pueden ser meras mercancías en mano de una élite corporativa. La alimentación es un derecho humano, y el desarrollo debe debatirse poniendo los derechos en el centro.

La Vía Campesina cumple 30 años de luchas y resistencias. Ya en 1996 denunció la hipocresía de los agronegocios y las corporaciones transnacionales, plantó la bandera de la soberanía alimentaria y articuló la resistencia global a la OMC y sus instrumentos de sometimiento: el FMI y el Banco Mundial.

Ilustración: La Vía Campesina

Es por esto que la Declaración sobre los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales (UNDROP, por su siglas en inglés) marca un punto de inflexión en estos debates. Luego de análisis y estudios de casos con especialistas de diversos países, la ONU dio por terminada la tesis del “Fin del campesinado”  y llamó a los Estados a proteger, respetar y hacer efectivos una serie de derechos  que no solo atienen a las poblaciones rurales, sino que también hacen a las alternativas para salir de la crisis alimentaria y alcanzar los Objetivos de desarrollo Sostenible para el 2030.

Explicita el preámbulo de la misma:

“Preocupada por la especulación sobre los alimentos, el aumento de la concentración y la distribución desequilibrada de los sistemas alimentarios y las desiguales relaciones de poder existentes a lo largo de las cadenas de valor, que menoscaban el disfrute de los derechos humanos (…) , Reconociendo también las contribuciones pasadas, presentes y futuras de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales de todas las regiones del mundo al desarrollo y a la conservación y el mejoramiento de la biodiversidad, que constituyen la base de la producción alimentaria y agrícola en todo el mundo, y su contribución para garantizar el derecho a una alimentación adecuada y la seguridad alimentaria, que son fundamentales para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Asamblea General de Naciones Unidas 2018).

La UNDROP, para cada derecho consagrado, establece las obligaciones de los Estados, enunciando políticas y acciones orientadas para hacer efectivos esos derechos.

La suma de estas obligaciones de los Estados resultan en una compilación de políticas agrarias que Naciones Unidas insta a los Estados miembros a realizar,  y son más que pertinentes en esta coyuntura. El artículo 2 de la UNDROP dice: “Los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos enunciados”.

El artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”. El artículo destaca la importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 200 y el 1600%, situación que solo es posible resolver con una política pública que intervenga en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.

El artículo 17 incorpora: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura”. Y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”. Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas, y el continente tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad, usando 0 para la igualdad y 1 para la extrema desigualdad), aplicado a la distribución de la tierra en el continente, alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).

En Argentina, según OXFAM, el 83% de las Unidades Productivas Agropecuarias detentan solo el 13,3% del total de tierras destinadas a la producción. Según otro estudio, la agricultura familiar representa a dos tercios de los productores, pero sólo accede al 13,5% de la superficie de tierra agraria.

Ilustración: La Vía Campesina

En el artículo 19 sostiene: “Los campesinos  tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;(…)  El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.

El caso de la legislación sobre patentes y normativas sobre las habilitaciones y tránsito de alimentos han sido también claves para el dominio corporativo. La imposición de transgénicos que requieren los agrotóxicos que las empresas también patentan, les permitió fusionar mercados a su favor y, por otro lado, endurecer las normativas para la habilitación de agregado de valor, faena y transporte, con cláusulas y exigencias realmente exageradas para la producción de pequeña y media escala, permitió poner casi en la clandestinidad a la producción campesina, excluyéndola de los mercados formales e incluyendo las masas de subsidios estatales.

La UNDROP nació de las semillas que sembraron las luchas y resistencias campesinas, y hoy es un fruto que volverá a los pueblos como herramienta para democratizar y transformar los sistemas agroalimentarios. El fortalecimiento de la agricultura campesina y la transición agroecológica son el camino para alcanzar la soberanía alimentaria, para un mundo donde la alimentación saludable no sea un privilegio.

En Argentina, ésta es la agenda planteada por la Mesa Agroalimentaria Argentina, conformada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI Somos Tierra), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE). Esta articulación, conocida como “El otro campo”, ha demostrado a partir de acciones concretas y efectivas que es posible producir alimentos sanos y llegar con precios justos a los mercados populares. El desafío es fortalecer las alianzas con los sectores de consumidores, sindicales, movimientos sociales, académicos y de fuerzas políticas populares para lograr quebrar la hegemonía neoliberal representada por la Mesa de Enlace, las corporaciones y los medios masivos de comunicación.

 Diego Montón  diegomonton@gmail.com

Agencia de Noticias Biodiversidadla –  www.biodiversidadla.org

Imagen destacada: La Vía Campesina

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