La “revolución” del 6 de septiembre de 1930

La “revolución” del 6 de septiembre de 1930

6Sep22 0 Por Daniel Campione

Por primera vez un golpe militar desalojó a un gobierno constitucional, con el beneplácito del poder económico y el aval de la Corte Suprema de Justicia.

El contexto de la autodenominada “revolución” de 1930 tuvo como componente insoslayable la crisis económica mundial iniciada en 1929. Los inicios de esa coyuntura crítica afectaron a la economía argentina, ocasionando una baja en el poder adquisitivo de los salarios, un menor gasto público y un incremento del desempleo.

Si bien no hubo una situación de conflicto social intenso como durante el primer mandato presidencial de Hipólito Yrigoyen, decayó mucho la adhesión al presidente.

En las elecciones presidenciales de 1928, la candidatura de Yrigoyen había superado el 60% de los votos, dejando muy lejos a un “frente antipersonalista” que habían formado las derechas.

Conspiración en marcha.

 El mencionado resultado convenció a parte de los sectores más conservadores de intentar el acceso al poder mediante otros medios. Esa persuasión se acentuó con el deterioro de la gestión del presidente en el transcurso de su segundo mandato, lo que facilitaría su desprestigio por medio de una campaña de finalidad golpista.

Al desatarse la crisis los propósitos de deponer al gobierno constitucional se aceleraron. Los sectores del poder económico querían contar con una conducción “propia” de la difícil situación, para garantizarse medidas de política económica favorables a sus intereses.

Cuando se puso en marcha una conspiración para derrocar al presidente se distinguieron dos corrientes, en el interior de las Fuerzas Armadas y con sus respectivos apoyos civiles.

El sector liderado por el general Agustín Pedro Justo, quien fuera ministro de guerra del presidente Alvear, se proponía desplazar a Yrigoyen y llegar luego a la presidencia con un frente de radicales antipersonalistas, conservadores y socialistas independientes. Eso suponía restaurar la institucionalidad basada en la constitución de 1853 y la vigencia formal de la norma electoral conocida como Ley Sáenz Peña.

El general Agustín P. Justo.

En cambio los nucleados en torno al también general José Félix Uriburu pretendían reformar la Constitución para establecer un Estado corporativo, con voto calificado y un sistema de gobierno jerarquizado y autoritario. Justo no confrontó con la mirada fascistizante de Uriburu. Confiaba en que su mayor capacidad de maniobra le permitiera imponer su posición.

Se presentaba así una bifurcación que se repetiría después en otras coyunturas golpistas: La existencia de una corriente “nacionalista”, con afinidades fascistas y otra de corte más “liberal-conservadora”. En el caso de 1930 la corriente más próxima al conservadurismo clásico logró prevalecer y llevar a su líder, Agustín P. Justo, a la presidencia mediante el fraude en los comicios convocados en 1932.

Más hábil, con una formación más amplia y una red de relaciones más diversificada, el exministro de guerra terminó imponiéndose.

El golpe.

El del 6 de septiembre no fue un pronunciamiento militar al estilo de los muy posteriores de 1966 y 1976, encabezados por las máximas jerarquías de la fuerza y bajo una apariencia de unanimidad de todas las unidades militares.

Fue un sector relativamente reducido de las tropas el que se sublevó- con marcado protagonismo del Colegio Militar de la Nación y despliegue de los cadetes del ejército. También apoyaron la Escuela de Comunicaciones, la Base Aérea del Palomar y alguna otra unidad.

Asimismo hubo compromiso activo de sectores poderosos no militares. Voluntarios civiles tomaron parte en presiones a oficiales para que asumieran posiciones golpistas. Y luego se sumaron a la marcha de los efectivos sublevados hacia la Casa Rosada.

El diario Crítica saca poco antes del golpe un titular a toda página: “La situación del país es una bomba que no tardará en estallar”. Los medios de prensa jugaron también un rol saliente en la preparación del alzamiento.

La proclama y la acordada.

La proclama que se presentó como base doctrinaria del pronunciamiento militar del día 6 mostraba un predominio de la tesis de volver, al menos formalmente, al orden constitucional de 1853. Desplazaba así a la postura opuesta, de avanzar en dirección a algún tipo de sistema corporativo de tintes fascistas:

“El gobierno provisorio, inspirado en el bien público y evidenciando los patrióticos sentimientos que lo animan proclama su respeto a la Constitución y a las leyes vigentes y su anhelo de volver cuanto antes a la normalidad, ofreciendo a la opinión pública, las garantías absolutas, a fin de que a la brevedad posible pueda la Nación, en comicios libres, elegir sus nuevos y legítimos representantes.”

Hay también un significativo reconocimiento hacia el papel que habían jugado los medios de comunicación en la preparación:

“El gobierno provisorio interpreta el sentimiento unánime de la masa de opinión que le acompaña al agradecer en esta emergencia a la prensa seria del país, el servicio que ha prestado a la causa de la República, al mantener latente por una propaganda patriótica y bien inspirada el espíritu cívico de la Nación y provocar la reacción popular contra los desmanes de sus gobernantes.” 

Portada del diario ultraconservador La Fronda. Al servicio del golpe.

Un sustento de fuente civil decisivo para dar a la acción golpista un barniz de aparente legitimidad fue el pronunciamiento de los miembros de la Corte Suprema (José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Lavalle y Antonio Sagarna) y el procurador general (Horacio Rodríguez Larreta),  que permanecieron en sus cargos y respaldaron el golpe con base en la “doctrina de funcionarios de facto”, una construcción jurídica pensada para casos diferentes y cuya interpretación forzaron.

Lo hicieron mediante la “acordada” del 10 de septiembre de 1930, un documento que acusaba recibo de la comunicación oficial de que se había establecido la dictadura:

“1º Que la susodicha comunicación pone en conocimiento oficial de esta Corte Suprema la constitución de un gobierno provisional emanado de la revolución triunfante de 6 de Septiembre del corriente año.

2º Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes del país, en el ejercicio del poder.

Que, el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es, pues, un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social.”

Resulta notable como se convertía en “indiscutible” ante el poder judicial al llamado “gobierno de facto”, contándose entre los pretextos aducidos la supuesta garantía de la libertad, la vida y la propiedad, siendo que las dos primeras se hallarían en peligro, precisamente por obra de la dictadura recién instaurada.

Oposiciones al golpe desde la izquierda.

Hubo actitudes en sentido contrario, de expresa repulsa al golpe. Una  destacable fue la de Alfredo Palacios. Si bien era opositor al gobierno radical renunció de inmediato a su cargo de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que ejercía desde julio de ese año. Afirmó que era “contrario a la Constitución y al espíritu democrático que le inspira, reconocer una Junta impuesta por el ejército”.

Por su parte el anarquismo, a través de su dirigente Diego Abad de Santillán, había declarado desde las páginas de La Protesta  que sin hacer la defensa de ningún gobierno pero sí de las libertades y conquistas del pueblo argentino y de los trabajadores denunciaba  la conspiración militar y alertaba sobre los riesgos que conllevaba para los trabajadores un golpe de estado. ​

Consumado el alzamiento, el 7 de septiembre, pudo leerse en las páginas del periódico libertario:

”Estamos, pues, bajo la dictadura militar (…) La dictadura es el peor enemigo de los pueblos, del pensamiento humano y en especial del proletariado… Propiciar el desarme de los trabajadores con la pasividad es inclinarse ante las botas militares…Contra la dictadura no hay más que una fuerza hoy en el país: el proletariado.” ​

La mirada de acendrada crítica que habían mantenido representantes de la izquierda hacia los gobiernos de la Unión Cívica Radical no los condujo a sumarse a la algarada que, desde postulados de combate a la ineficiencia y a la corrupción, llevaba a la instauración de una dictadura cívico-militar de orientación antiobrera y antipopular.

Diego Abad de Santillán.

De tortura y fraude.

Entre las creaciones de la dictadura encabezada por Uriburu, estuvo la Sección Especial para la represión del comunismo, dependiente de la policía. Implementaría métodos de arrestos arbitrarios y de torturas, para combatir no sólo a los comunistas sino al conjunto del movimiento obrero y popular. Fueron años de intensa represión, que continuarían cuando la dictadura dio lugar a una seudodemocracia, iniciada en 1932

La salida política de la autodenominada “revolución” aunó la apariencia de respeto a la institucionalidad con la burla a la voluntad popular y la imposición de un gobierno cuyo sustento real era minoritario.

Los comicios presidenciales de noviembre de 1931 llevaron al general Justo a la presidencia, previa proscripción de la fórmula de la Unión Cívica Radical y asegurándose contra cualquier “sorpresa” en los resultados. Lo respaldó la llamada “Concordancia”, una convergencia de conservadores, radicales disidentes y el Partido Socialista Independiente, escisión “por derecha” del PS tradicional.

El gobierno resultante era expresivo de una alianza de los sectores capitalistas más concentrados de la economía local, incluidos los de procedencia extranjera, sobre todo británica.

La renegociación de las condiciones de la inserción de Argentina en el mundo, de un modo que reforzó la posición dependiente del país, iba a ocupar un lugar de privilegio en la agenda del gobierno de Justo.

El saldo de la interrupción del orden constitucional en septiembre de 1930 fue por completo negativo para los intereses de las mayorías populares: Avasallamiento de su voluntad expresada en el voto. Fuerte hostigamiento al movimiento obrero y a otras formas de expresar discrepancias con el régimen. Y una larga década de gobiernos conservadores que gestionaron en beneficio del capital más concentrado y los valores más conservadores.

Foto principal: José Félix Uriburu en la jornada del golpe militar.

Daniel Campione en Facebook.

@DanielCampione5 en Twitter.

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