Últimos anuncios de Massa: Sabor a nada

Últimos anuncios de Massa: Sabor a nada

18Oct22 0 Por Mariano Féliz

El Ministerio de Economía informa algunas medidas redistributivas que no conforman ni dan cuenta de la crisis social en curso. El FMI se pone la gorra para seguir con el ajuste. Massa toma la tarea y fogonea el presupuesto de ajuste en el Congreso. ¿Comienza una nueva ‘batalla’ contra la inflación?

Luego del anuncio de una tasa de inflación de alimentos que supera el 86% anual, el Ministro de Economía Massa presentó este fin de semana genéricos anuncios redistributivos. Sin precisiones, como si quisiera “dar buenas noticias” en un mar de malas nuevas, informó la leve suba del mínimo no imponible para el impuesto a “las ganancias” que pagan les trabajadorxs asalariadxs. Sólo se indicó que pasará de 280 mil a algo más de 330 mil pesos y comenzaría a correr con los salarios de Noviembre; no está claro que ese incremento permita compensar la inflación acumulada desde el último cambio. También anunciaron un nuevo “Ahora 30”, plan de cuotas en la previa del Mundial de Fútbol masculino. Suena a poco.

Simultáneamente, se anunció un bono para aquellas personas que no reciben beneficios de ningún programa social (progresar, tarjeta alimentaria, asignación universal) o transferencia monetaria (jubilación o pensión), o sea “que no reciben nada del Estado”. No se incluyó entre les beneficiaries a los millones que pasan hambre o son pobres a pesar de recibir algún beneficio social insuficiente. Tampoco se anunció aun el monto, modalidad de pago ni detalles sobre quiénes efectivamente lo recibirán, aunque sería a través del ANSES.

Estas acciones quedan muy cortas respecto de la realidad de las necesidades de una sociedad empobrecida, o siquiera de las demandas de las organizaciones oficialistas sindicales (suma fija para todes les trabajadorxs) u organizaciones sociales dentro del Frente de Todxs (salario universal). Parece que la recaudación del dólar soja no alcanza para mucho (!!), o más precisamente, es vista como un aporte importante para colaborar con el ajuste fiscal. Estas medidas fueron anunciadas luego de la gira de Massa por los EE.UU. y de las declaraciones de la Directora del FMI reclamando, insistentemente, el cumplimiento del acuerdo firmado.

Con una inflación galopante y sin una contundente política de redistribución de ingresos en favor de las mayorías, en el Parlamento avanzan los debates de un Presupuesto 2023 que acelera el recorte de gasto público. La Oficina de Presupuesto del Congreso señala (acá, acá) el estancamiento en el gasto en salarios del sector público, y la caída proyectada del gasto de las universidades nacionales, varios programas de la seguridad social, las transferencias a las provincias y, entre otros, el presupuesto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Por otro lado, el gasto proyectado en intereses de la deuda pública pasa de 7,9% a 10,1% del gasto corriente total del Estado nacional: 1 de cada 10 pesos de gasto público se destina a pagar los intereses de la deuda.

La pregunta que comienza a abrirse es la siguiente etapa del programa económico del Ministro Massa. Se multiplican los debates al interior del gobierno sobre cómo abordar una dinámica inflacionaria que no baja a pesar de la reducción sostenida en el gasto público y la proyección de aceleración de ese ajuste.

Comienza a circular la idea de políticas que “de un golpe” (shock) puedan desactivar los mecanismos que transmiten el aumento sistemático de los precios. Se habla de la firma de un acuerdo de precios y salarios, de pasar de “precios cuidados” a “precios justos”. Lo que no lograr responderse aun es cómo se podrán garantizar un “acuerdo social”, si la política oficial es aumentar las tarifas de servicios públicos (reduciendo los subsidios), incrementar el precio del combustible (liderado por la ‘estatal’ YPF), subir el dólar siguiendo la inflación, y sostener tasas de interés por arriba de la evolución de los precios (tasas reales positivas”).

¿Quién pagará los costos del pacto? ¿Los monopolios fijadores de precios, o las clases populares fragmentadas, precarizadas, representadas por organizaciones burocratizadas, o por movimientos políticos y populares que no logran imponer un programa de cambio social? ¿Por qué cumplirían el acuerdo quienes tienen la capacidad de fijar precios sin control público, ni sanciones? Ponerle etiquetas con el precio a determinados productos no parece ser una política muy potente. El Ministro de Economía lo dijo claro “Como método, los congelamientos dictados por la fuerza no funcionan”; es decir, pretende que las grandes empresas cedan voluntariamente su poder de fijar precios. ¿Ingenuidad o cinismo? Si esos serían los “precios justos”, la pregunta es justos para quiénes.

Una última pregunta clave: ¿el acuerdo de precios y salarios se “firmará” con la actual distribución del ingreso? Luego de años de caída en los salarios y precarización del empleo, las y los trabajadorxs han perdido más de 10 puntos en la distribución del ingreso frente al capital. ¿El pacto social reconocerá esa pérdida a favor del empresariado?

Los próximos meses son claves para definir si el gobierno logra encaminar una salida de la crisis reptante de casi una década. Sin lucha en las calles, es probable que si ese camino se allana, sean las mayorías populares las que terminemos perdiendo. En este contexto, y con la bendición del Fondo, las últimas medidas del gobierno del Frente de Todxs tienen sabor a nada.

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