A pedido del FMI, el gobierno y la oposición ajustan a los de abajo

El Frente de Todos consiguió dictamen para el Presupuesto 2023 y se votará en el recinto. El oficialismo aceptó modificaciones de Juntos por el Cambio, quienes acompañarán con el voto el plan de ajuste que reclama el FMI.

Las declaraciones escandalosas son para los medios, aquí no hay grieta. Pero veamos cuál es el telón de fondo. Massa insiste en decir que su meta está puesta en la gestión del día a día para darle esperanzas de competitividad al FdT en las elecciones presidenciales del año próximo. Pero no logra convencer ni a los suyos, ya que el gabinete se va vaciando de ministros, que deciden volver a sus territorios, para reducir daños y salvar lo que se pueda salvar.
Pareciera ser que se privilegia la Provincia de Buenos Aires, como bastión para resistir los embates de un próximo gobierno que se vislumbra de JxC. Sería una cabeza de playa para pensar el 2027, garantizar fueros y cargos para lxs funcionarixs que queden a la intemperie.
Es tal la crisis política, que la  moneda está en el aire, ya que lo único que se espera son malas noticias para lxs de abajo. Sergio Massa trabaja en un plan de estabilización de cuño heterodoxo, que constaría en un acuerdo (congelamiento) de precios y salarios para frenar la inercia inflacionaria. Al mismo tiempo, siguiendo con las minidevaluaciones que provocan los distintos tipos de dólar, introduciría elementos de shock con el objetivo de controlar la inflación, achicando la brecha cambiaria.
Pero este plan es de difícil aplicación para un gobierno debilitado. En un escenario donde el salario corre
trimestralmente atrás de la inflación, para subir el salario real no alcanza con subir el salario nominal, sino que hay que bajar la inflación. El problema es que bajo los lineamientos del programa actual del FMI, la inflación no va a bajar. Por ejemplo este mes llegan las boletas con los aumentos de los servicios esenciales de luz y gas. Y el FMI, pide más, exige achicar el déficit fiscal, lo que implica la reducción de “gastos” en los servicios que garantiza el estado, entre ellos en salud y educación. Y para congelar los salarios necesitan derrotar a lxs trabajadorxs, ocupadxs y desocupadxs, conveniados y en negro, algo que, aún con el control del peronismo de los sindicatos y algunos movimientos sociales, tampoco aparece como tan fácil de concretar.

Ajuste en educación: Abandono y fragmentación
Nos parece útil y pertinente citar en extenso el informe, “Presupuesto educativo 2023”: “La Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 estableció en su artículo número 9 que el presupuesto
consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación no debe ser inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, transcurridos más de 15 años desde ese mandato legal solo fue cumplido en el ejercicio 2015.
Para analizar las responsabilidades y aportes de cada nivel de gobierno es importante tener en cuenta que a partir de finales de los años 70 y en particular como consecuencia de la sanción de la Ley 24.049 de 1992, las escuelas y otras instituciones educativas de nivel inicial, básico, medio y superior –con excepción de las universidades nacionales-, fueron transferidas a las provincias. La descentralización de la educación implica que las provincias en su conjunto asumen el financiamiento de aproximadamente el 75% del presupuesto educativo, por lo que el gasto incluido en el presupuesto nacional se limita a una proporción minoritaria del total de los recursos invertidos en el sector.”[1]
Dicho de otra manera, desde hace muchos años, gobierne quien gobierne, la educación no es una prioridad. Y la fragmentación es una política de Estado. Varias veces lo dijimos desde Comuna Docente: para la clase dominante que dirige este país extractivista y agroexportador,  no es necesario formar generaciones con un pensamiento científico que pueda pensar otro país, no dependiente. Que puedan pensar en una transición hacia otro modelo y modo de producción, que enfrente las políticas que nos imponen las distintas potencias y capitales mundiales.
Al votarse en las comisiones pertinentes el dictamen del presupuesto 2023, se conoció que el recorte en educación sería del 15,5%, esto es más del doble que el contemplado para la administración pública nacional (-6,8%). Los gremios oficialistas salieron a rechazar la baja y el gobierno respondió que no habría recortes.  Dudamos del resultado de estas reuniones. Ya que tuvimos un adelanto de cuál iba a ser la política del gobierno cuando asumió el ministro Massa. De un saque dispuso un recorte en educación de 50.000 millones de pesos en los fondos no gastados hasta esa fecha. Veremos.

La Imposición de la paritaria docente es parte del ajuste
También lo vimos con el cierre de la paritaria docente, en donde Baradel fue convocado para informarle cuál era el aumento que se iba a dar. El Suteba provincial aceptó sin chistar un aumento a la baja y a cobrar en cuotas. No nos extraña, estos dirigentes son correa de transmisión de las políticas del gobierno provincial, decididas entre cuatro paredes sin participación de lxs docentes. 
Pero lo peor de todo es que anuncian con bombos y platillos un aumento que toma como referencia el básico de diciembre del 2021, mientras que el índice de inflación es sobre el mes anterior.  A esto hay que sumar que como cobramos en cuotas, la inflación siempre nos va comiendo unos puntos porcentuales, lo que hace que cuando cobramos el aumento no se note. 
Sin olvidarnos que el problema de fondo es que los estatales venimos con una pérdida de más de 20 puntos en nuestro salario desde el gobierno de Vidal-Macri y pese a las promesas, eso nunca se pudo recuperar con el actual gobierno. 
Por eso siguen manteniendo la diferencia entre sueldo básico e inicial (o conformado con las sumas no
remunerativas). Cada aumento que no vaya al básico, aumenta el achatamiento de nuestra escala salarial y deja a lxs jubiladxs cada vez más a la intemperie.
Este aumento, no empata ni le gana a la inflación, es una pobre recomposición salarial. Y lo aceptado por el FUDB no se indexa automáticamente, lo que sería la única garantía para que no sigamos perdiendo frente a la inflación. 
No nos dejemos engañar, queremos un básico de $130.000 por un cargo y que todo aumento vaya a ese básico. Queremos más plata para educación, para nuestros sueldos, para infraestructura, para SAE, para los cargos sin nombrar y menos para el FMI.

[1] Curcio, J., Catri, G. & Nistal, M.. (2022). Presupuesto educativo nacional 2023. Observatorio Argentinos por la Educación.

COMUNA DOCENTE
En la Multicolor de Matanza y el Encuentro Colectivo
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