La Central Nuclear Embalse descargó metales pesados al lago

La Central Nuclear Embalse descargó metales pesados al lago

30Nov22 0 Por Cristian Basualdo

Mientras Nucleoeléctrica muestra un rostro recubierto con un barniz de limpieza y
corrección, sus instalaciones contaminan el lago Embalse con total impunidad.


Cuando Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera la Central Nuclear
Embalse (CNE), comenzó a detectar desvíos en los parámetros de vertido de
metales al lago Embalse, a partir de noviembre de 2016, no emprendió ninguna
acción de contención sobre los impactos ambientales emergentes. La acción
inmediata que registró fue “efectuar un exhaustivo análisis de los procesos que
producen efluentes” en la CNE, “para establecer cuáles de ellos utiliza metales
potencialmente contaminantes y eliminarlos”. El plazo que se puso para el
cumplimiento de esta acción fue muy largo dada la gravedad del problema: el 31 de
octubre de 2017.
Las instalaciones de tratamiento de efluentes de la CNE fueron diseñadas para una
situación de funcionamiento normal de la central, asistiendo con las mismas a una
dotación del orden de las 700 personas como máximo, y procesando
exclusivamente aguas negras en ellas.
El Canal Principal descarga los efluentes líquidos de la CNE, tanto los radiactivos
como los industriales, además, la central dispone de otras cuatro vías menores de
descarga al lago Embalse: Vertedero Lado Norte y Efluentes Neutros para los
efluentes industriales, Cloacal CNE y Cloacal DS para los efluentes cloacales.
Con la implementación del Proyecto Extensión de Vida (PEV), que ocupó a más de
3.500 personas, “los parámetros de diseño originales de las plantas de tratamiento
de líquidos cloacales han sido ampliamente superados” explicó Nucleoeléctrica en
2017, “con el agravante que en la ejecución de los trabajos que dicho
proyecto demanda se verifican procesos que no fueron contemplados en
las instalaciones originales de la CNE”.
Una cosa es segura: nada de esto ocurrió por falta de dinero, el PEV estaba
presupuestado originalmente en 704 millones de dólares y terminó costando 2.142
millones de dólares, que en su gran mayoría salieron del Tesoro Nacional y
Nucleoeléctrica no devolvió.


Los documentos de la empresa estatal no son más que su cara presentable, y el
Estudio de Impacto Ambiental del PEV casi podríamos decir su traje de domingo, en
el cual se lee que: “no habrá disminución en la calidad de los distintos elementos

receptores (aire, suelo, agua)”.[1] También menciona un “Plan de acción para la
Planta de tratamiento de Efluentes Cloacales (71750)”, que debía estar concluido en
septiembre de 2016. Evidentemente, no alcanzó a evitar el problema que nos
ocupa.
A la Provincia de Córdoba, Nucleoeléctrica le dijo que “algunos parámetros
medidos no cumplen con el decreto 847/16 después de realizar análisis
físico químicos y bacteriológicos”.[2] El control provincial de la actividad nuclear
es casi nulo. La última vez que vi el expediente de la CNE en la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, en julio de 2018,
conformaba un promontorio de papeles desordenados tirados en el piso del Área
Auditoría Ambiental, se había perdido el foliado unificado, de manera que no se
podía seguir cronológicamente las distintas actuaciones.


Procedimientos inadecuados
Los metales pesados tienden a acumularse en plantas y animales,
biomagnificándose y generando daños al resto de los animales que se alimentan de
ellos, perjudicando de esta forma a los siguientes eslabones de la cadena
alimentaria.
La acción correctiva que propuso la empresa estatal fue “modificar los procesos
detectados para asegurar que a la planta de tratamiento de líquidos cloacales
lleguen solamente aguas negras”. Para cuando concretó alguna medida, el PEV
estaba terminando y una parte sustancial del personal contratado había sido
desafectado.
Un ejemplo de lavado de imagen verde es el certificado IRAM – ISO 14001,
encuadrado en el Sistema de Gestión Ambiental de Nucleoeléctrica. Los auditores
recorren las instalaciones y emiten observaciones y/o no conformidades, que la
empresa debe responder con acciones correctivas. Se trata de un proceso de
burocratización que naturaliza las irregularidades. En relación con el vertido de
metales pesados al lago Embalse, el certificado advierte que: “No en todos los
casos, los procedimientos implementados por la Organización para el tratamiento
de los desvíos resultan adecuados y eficientes en relación a la magnitud de los
problemas o impactos ambientales y no conforman los criterios de la norma que
establecen como metodología de inicio la identificación y corrección de las no
conformidades tomando acciones para mitigar sus impactos ambientales”.[3]
Además de los residuos radiactivos, la CNE debe gestionar una gran cantidad de
residuos industriales, tales como mercurio, plomo, pilas de cadmio, asbesto,
residuos alquitranados, tintas, colorantes, reveladores gráficos, PCBs, etc. No
siempre el manejo que se hace de los mismos es prudente. Los auditores del IRAM
encontraron el depósito de residuos transitorios fuera de condiciones adecuadas,
garrafas de freón sin la debida identificación y tambores de resinas al descubierto
sobre tierra. En el depósito de residuos peligrosos se encontraron envases etiquetados no conformes a la Resolución 177/2017, varios sin fecha.[4] Cerca de
los silos de residuos de alta radiactividad, delante de la zona controlada, del lado de
afuera, se encontraron bolsas de uso exclusivo de zona controlada, conteniendo
residuos sin la debida identificación de control.
Mientras Nucleoeléctrica muestra un rostro recubierto con un barniz de limpieza y
corrección, sus instalaciones contaminan el lago Embalse con total impunidad. La
colusión entre empresas y funcionarios que dilapidó miles de millones en la
extensión de vida del viejo reactor de Embalse, consideró que no valía la pena
gastar dinero en preservar la principal reserva de agua dulce la Provincia de
Córdoba.

Referencias:

  1. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida de la Central
    Nuclear Embalse, Nucleoeléctrica Argentina SA, febrero 2016, pg. 5.
  2. Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Expediente N.o 0517-
    021445/2016, Tomo 44, fs. 128.
    El Decreto 847/16, Reglamentación de estándares y normas sobre vertidos
    para la preservación del recurso hídrico provincial, fija reglas técnicas a las
    que deben ajustarse las personas físicas o jurídicas ―públicas o privadas― en
    sus actividades potencialmente impactantes para evitar efectos perjudiciales
    sobre el ambiente como consecuencia de esa actividad.
  3. Certificado de Sistema de Gestión IRAM – ISO 14001:2015, vigencia desde el
    25/10/2018 hasta el 20/08/2021, pg. 13.
  4. La Resolución 177/2017 establece las condiciones y requisitos mínimos para
    el almacenamiento de residuos peligrosos.
Compartí esta entrada en tus redes sociales
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
Whatsapp