La condena

La condena

7Dic22 1 Por Guillermo Cieza

La decisión judicial de condenar a Cristina Kirchner fue el final anunciado de un juicio amañado. Esta resolución viola acuerdos de la política tradicional argentina, donde los conflictos entre los partidos que se han alternado en los gobiernos en los últimos cuarenta años de democracia formal, nunca habían terminado con dirigentes políticos condenados a la cárcel y proscriptos.


El proceso de descomposición política de la democracia burguesa, incluso avanzó un paso más con el intento de asesinato de la vicepresidenta, donde todas las pistas de sus promotores ideológicos apuntan a la oposición por derecha. Las causas armadas, las personas condenadas sin pruebas, la eliminación física de personas para saldar conflictos entre bandas delincuenciales, el ejercicio de la violencia institucional con la aplicación del gatillo fácil, no es una novedad en la vida de quienes habitamos este país. Nuestro pueblo viene padeciendo desde hace décadas a un Poder judicial, corrupto, machista , clasista y mafioso. La novedad es que estas prácticas han escalado a la superestructura política y se hacen más visibles. Lo que sustenta estos hechos que hoy impactan la opinión pública es el proceso de lumpenización del capitalismo argentino, que con posterioridad a la dictadura militar, ha centrado la obtención de ingresos en negociados a expensas del Estado, el contrabando, las políticas de sobre y subfacturación de exportaciones, las actividades especulativas, la apropiación de tierras y los negocios financieros. Complementando esas actividades, el ingreso de capitales subterráneos a la economía se ha incrementado con el tráfico de la cocaína andina a la Unión Europea, utilizando la vía fluvial del Paraná y los puertos del Atlántico.
Las práctica mafiosa de eliminar adversarios, que hoy denuncia la vicepresidenta, no cayó del cielo a la política, sino que emerge de la estructura económica mafiosa. La aparición de mensajes telefónicos intercambiados por jueces, funcionarios del gobierno de CABA y Directivos de Clarín que participaron en la reunión de Lago Escondido, dejan expuesta la trama mafiosa, judicial, política, mediática y económica de la oposición por derecha e impactó la escena política. Pero esa misma semana todas las organizaciones piqueteras no oficialistas y oficialistas, se movilizaban para denunciar que un gobierno que no ha sido capaz de investigar y castigar a los tomadores de deuda externa, los fugadores seriales y los grandes evasores impositivos, utiliza el aparato estatal para auditar, demonizar y castigar a los más pobres.
Parece evidente que en el nuevo contexto en que se desarrollan las disputas entre quienes intentan promover modelos distintos dentro del proyecto capitalista, el actual gobierno lleva las de perder. El nombramiento de Guzmán al frente del Ministerio de Economía, alentó la ilusión de que el FMI había cambiado, y la inclusión de Marcela Losardo al frente del Ministerio de Justicia, animó la fantasía de que el Poder Judicial adecuaría sus decisiones para mantener una buena relación con el oficialismo. Ni se investigó la deuda, ni se metió mano en el poder judicial y las consecuencias están a la vista.

La persecución política a Cristina Fernández, que se evidencia en la decisión judicial de inhabilitarla de por vida para que pueda ejercer cargos públicos, excede las peleas entre Juntos por el Cambio, y el kirchnerismo. Prende una alarma sobre cuáles son los dispositivos a las que va a apelar el poder económico y político mafioso contra cualquier fuerza política o dirigente al que caractericen como un obstáculo para sus políticas de saqueo. En ese sentido resulta valorable la postura de todas las fuerzas de izquierda que sin desconocer que, como ocurrió en otros gobiernos, hubo prácticas de corrupción, sostienen que para condenar a alguien hacen faltan pruebas. Y que aquí están en juego normas democráticas básicas, como la de no encarcelar, proscribir o mandar a matar a los adversarios políticos.

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