La nueva batalla del presupuesto y la “justicia”. Parte II

La nueva batalla del presupuesto y la “justicia”. Parte II

27Dic22 0 Por Daniel Campione

Como puede observarse (ver primera parte de esta nota) todo queda en la “familia policial”. El devenir de la disputa puede resumirse en el común propósito de oficialistas y opositores de fortalecer a sus respectivas fuerzas de represión. Antes del cierre de esta nota, el gobierno nacional cambió su posición, manifestando su voluntad de pagar mediante bonos públicos.

Discrepancias de superficie, acuerdos de fondo.

Más policía, más balas para segar vidas de pobres y desempleados; salarios más elevados para mejor complementar los ingresos provenientes de las múltiples asociaciones con el delito.

Puede resultar llamativo, pero lo que aparece como una controversia financiera, en cuanto se rasca bajo la superficie, se muestra  como una disputa entre diversas instancias del poder estatal para “mejorar” sus herramientas de acción violenta contra la población.

La misma que sufre los efectos de una criminalidad creciente, que suele conducir a la pérdida de la vida. Lo que no ocurre sólo, ni principalmente, por los delitos contra la propiedad que son los que difunden los medios de comunicación hasta el cansancio.

Desde los femicidios previsibles pero no evitados, hasta las muertes “accidentales” ocasionadas por conductores borrachos, integran el rosario de causales de fallecimientos evitables. Las policías están “en otra cosa”.

La llamada “inseguridad” en incremento incesante se suma a los múltiples padecimientos de la mayoría de la población. Sólo las reducidas elites económicas, culturales y políticas disfrutan de una suerte diferente. Ellos son “felices”, en el seno de una sociedad a la que detestan

La “justicia” todo lo invade.

Lo antes expuesto permite apartar la vista de la coyuntura más inmediata y escarbar siquiera un poco en las causas del entuerto judicial y parlamentario que se ha iniciado. Lo que no inhabilita ciertas observaciones sobre la reiterada intromisión jurisdiccional en debates que debieran resolverse en el terreno de la política.

Hasta hace un tiempo, los jueces, incluido el tribunal supremo, se amparaban en la doctrina de la “cuestión política no judiciable” para no pronunciarse sobre asuntos que consideraban privativos de los otros poderes, y por lo tanto insusceptibles de ser sometidos a una decisión judicial.

Es cierto que la mencionada doctrina tenía aplicaciones sujetas a controversia. Entre otros usos de la misma, se hallaba el de que servía de escudo para que los jueces no se manifestaran respecto a disposiciones tan desdorosas para la vigencia de las libertades públicas e individuales como eran las reiteradas declaraciones del estado de sitio. Prolongadas en su vigencia y aplicadas a la restricción o completo avasallamiento de los derechos constitucionales.

La existencia de esa y otras culpables prescindencias de los tribunales frente a los abusos de otros poderes no invalida sin embargo el concepto de que los poderes legislativos y ejecutivo, representativos, al menos en teoría, de la soberanía popular, tienen que disponer de esferas exclusivas para sus decisiones, no sujetas a la intromisión tribunalicia.

De lo contrario, librada la totalidad de la vida institucional a la revisión judicial continua, la voluntad expresada en el voto queda desvirtuada.

Los representantes y funcionarios cuya legitimidad proviene del ejercicio del sufragio universal ven hoy sus decisiones contravenidas de modo permanente por las resoluciones de otro poder al que nadie vota.

El rol constitucional previsto para los jueces, como coto puesto a los posibles abusos de las instancias “mayoritarias”, queda traspolado al de derrumbar las disposiciones de los otros poderes, a fuerza de “cautelares” y otras medidas que debieran ser de utilización restringida.

Ese exceso no hace más que sancionar y acrecentar una particularidad del sistema judicial argentino de larga y deletérea historia. Nos referimos a la facultad, conferida inclusive a cualquier juez de primera instancia, de declarar “inconstitucional” cualquier decisión política y poner en suspenso su aplicación al caso concreto que se juzga.

Ese mecanismo, conocido como “control difuso de constitucionalidad” es desde siempre una vía para dificultar el sostenimiento de normas que incomodan a sectores con poder.

La subordinación de la entera vida política a los procedimientos tribunalicios no constituye una iniciativa autónoma de “sus señorías.

Es sustentada por el pundonor “republicano” de la oposición de derecha, con la “insigne” constitucionalista Elisa Carrió a la cabeza. Fervor institucionalista que, como es sabido, sólo se despliega cuando las reales o supuestas arbitrariedades se producen desde ámbitos del poder político que no controlan con plenitud, o de parte de organizaciones sociales situadas en el lado opuesto de su vereda en la lucha de clases.

Cuando no es así, las instancias económicas, políticas y comunicacionales que sí dominan serán avaladas, incluso a los gritos, en cualquier tropelía que cometan. ¿O acaso no son respaldadas sin el menor titubeo las sentencias judiciales que libran una y otra vez de toda culpabilidad al gobierno de la alianza Cambiemos?

Para esos casos se nos pretende inducir a la creencia en el “cuentapropismo” de los servicios de inteligencia. Y en el desconocimiento supino del expresidente respecto de los desmanejos económicos de sus allegados más íntimos. Hasta en la supuesta imparcialidad de las decisiones que favorecieron de modo flagrante a sus familiares, forma mal encubierta de beneficiar a sus propios intereses.

Un retroceso más y van…

Antes del cierre de la presente nota el presidente de la Nación anunció que, más allá de las impugnaciones, que mantiene, comenzará a pagar la suma que fija la cautelar. No lo hará en la modalidad prescripta por la Corte (En forma diaria y automática), sino por medio de un tipo de bonos llamado TX31. Al mismo tiempo prevé enviar al Congreso un proyecto de ley para resolver la situación planteada.

Como puede verse, una vez más el presidente sólo sostiene por unos pocos días una decisión supuestamente destinada a perdurar. Algunas especulaciones sostienen que el comportamiento de “los mercados” después de conocida la disposición de no pagar tuvo un peso importante en el cambio de posición gubernamental. Al parecer la brusca línea ascendente que tomaron la cotización del dólar y el “riesgo país” fue un factor determinante.

Si fuera así constituye una prueba más de que los órganos elegidos por el pueblo cada vez mandan menos. Y los “poderes fácticos” pueden torcer cualquier disposición estatal que no sea de su agrado.

Mientras tanto, desde el gobierno de la Ciudad, adelantaron que consideran que pese al cambio, el gobierno sigue incumpliendo, al no adoptar la modalidad de pago establecida por el tribunal.

Habrá que ver la reacción de los gobernadores y funcionarios que impulsaron el no pago, que ahora quedan a la intemperie por el desaire presidencial.

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Del examen de los hechos y comportamientos institucionales que hemos descripto en apretada síntesis, se desprende una vez más la convicción firme en torno a un resultado invariable de las controversias judiciales, políticas y “politiqueras” de los últimos años.

A ambos lados de la sedicente “grieta”, por acción o por omisión, se propicia un progresivo decaimiento de la vigencia de los rasgos de soberanía que mantiene el pueblo en el escenario de la democracia representativa. Por otra parte muy condicionado y restringido al respecto.

La lucha por una transformación profunda del poder judicial y el combate contra las “asociaciones ilícitas” mal denominadas “fuerzas del orden” sólo pueden obtener resultados positivos si se integran a un cuestionamiento integral del ordenamiento social en el que transcurren nuestras vidas.

No pueden surgir espacios de equidad y justicia en medio de una jungla invadida en todas direcciones por la desigualdad y la injusticia.

Del Estado regido por las clases dominantes no cabe esperar decisiones de sentido popular con alcance vasto y permanente. La implantación de una democracia verdadera no es algo cuyo advenimiento pueda esperarse de los que hoy, ricos y poderosos, tienen sobre todo en la mira la defensa de sus propios intereses.

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