En Corrientes, crece la impunidad para los violadores

En Corrientes, crece la impunidad para los violadores

8Ene23 0 Por Codeju

La Justicia Provincial viene avanzando a pasos agigantados con el “siga-siga” de diferentes crímenes y delitos que afectan directamente la integridad de las personas.


Corrientes está entre las diez primeras provincias de muertes por gatillo fácil; los asesinatos por la barbarie social entre distintos sectores tienen diferentes calificaciones: si se matan entre pobres rápidamente van a cárcel; pero si son los “hijos del poder” (como el caso Malvino del 2006) ¡pueden esperar hasta 14 años para ser juzgados! De este circuito, venal e impune, al que nos quiere acostumbrar el Estado Correntino, no quedan afuera los delitos contra la Integridad Sexual. Lo que venimos observando desde la CO.DE.JU. es la forma en que se desestima la penalización de los delitos por abuso sexual: Una total ausencia de perspectiva de género en sus procesos investigativos y un agudo criterio discriminativo a la hora de penalizar dependiendo el nivel y sector social al que pertenezca el acusado; es decir, si sos un violador pobre te corresponde rápidamente la cárcel; ahora, si tienes recursos económicos, vas zafando hasta incluso llegar al archivo de las causas (ponemos como ejemplo el caso testigo de Zulema Zaibac, abandonada por toda la justicia correntina).
Alicia Sohr, especialista en estos temas, nos aporta que: “La Justicia tiende a desconfiar de las denunciantes y se centra en analizar su credibilidad, en lugar de buscar otras pruebas que apoyen la denuncia” y agrega que: “otra situación aberrante es que, todas las pericias se hacen sobre las víctimas y ninguna sobre los sospechosos”.
Estos aspectos preliminares, nos sirven para demostrar que la situación denunciada a finales del año 2022 en la Fiscalía de Monte Caseros a cargo del Abogado Ricardo López Ruiz, y la suerte que corre el legajo investigativo (LIF Nº30314/22) no es un hecho aislado sino una práctica para salvaguardar a los abusadores y entregarles en sus manos todos los privilegios para garantizarles impunidad. En esa oportunidad, una familia de hermanas compuesta por 4 integrantes (3 mayores y una menor) radicaron denuncias contra su padrastro VICTOR KOWALCZYCK de la ciudad de Mocoretà pero oriundo de la provincia de Misiones por abusos y violaciones reiteradas durante más de 15 años sobre distintos miembros de esa familia. Las circunstancias que rodean al acto de ejecutar y efectuar la denuncia, llevar adelante sus tramitaciones, resolver la situación de otros menores en el grupo familiar, proceder a las entrevistas psicológicas del ambiente familiar, para finalmente corroborar en Cámara Gesell la veracidad de los hechos; no tiene correspondencia con la gravedad y la celeridad que debían imponerse las autoridades judiciales para tratar los hechos. Todo ese proceso, a los familiares denunciantes les llevo 6 larguísimos días (y que fueron “acelerados” gracias a la presión social ejercida en las puertas mismas del Ministerio Publico para que se dignen a trabajar). Sin embargo, y a pesar de la comprobación de los hechos, el Fiscal López Ruiz apenas dicto una `perimetral contra el sospechoso, que se autoflageló dos veces para llamar la atención (y demostrar su perfil psicópata) siendo que la segunda debió ser internado en el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes para luego, al darse de alta, irse a la provincia de Misiones y no a cualquier ciudad, sino a la de Iguazú a solo 20 kms con las fronteras de Paraguay y Brasil. Pero para las autoridades, nada de estos movimientos del sospechoso generan “entorpecimiento de las investigaciones” ni “posibilidades de profugarse” (únicas dos formas que el nuevo código que se aplica en la 4ta Circunscripción de Corrientes, tiene como válido para detener a un imputado). ¿Y adivinen qué medidas agregó el Fiscal López Ruiz? Como las víctimas no son sus hijas, propuso una audiencia informativa para el dia 23 de Marzo del 2023.
Hace poco más de un año, el ministro del STJ Dante Panseri, inauguraba el nuevo edificio del juzgado de garantías aduciendo que esto garantizaría un mejor acceso a la justicia y a la celeridad de los procesos. La verdad es que la metodología tradicional, de sacar el foco de la perspectiva de género y, a pesar que el edificio cuenta con una sala especial (cámara Gesell), para identificar la prueba (como a ellos les gusta decir); nada de eso ha servido para hacer lo que pomposamente esgrime el poder judicial acerca del nuevo código provincial que es para: “la resolución de conflictos penales con celeridad -plazos breves-, y de forma ágil y dinámica, sin demoras innecesarias, procurando obtener la información útil para la solución del caso. “
BASTA DE VERSOS PARA PROTEGER A LOS ABUSADORES.
SI NO HAY JUSTICIA SEGUIRAN LAS DENUNCIAS Y CRECERAN LOS ESCRACHES.
CO.DE.JU. 6 de enero 2023

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