60 muertos por las protestas populares en Perú. Alto comisionado de la ONU considera las muertes como inaceptables

60 muertos por las protestas populares en Perú. Alto comisionado de la ONU considera las muertes como inaceptables

21Ene23 0 Por Tramas

La prolongación de las protestas populares en Perú y el aumento del número de muertos van restrigiendo los apoyos al gobierno de Dina Boluarte que se sostiene contra la opinión de la amplia mayoría de los habitantes de Perú. Por ahora la oligarquía de Lima, las multinacionales mineras, la embajada de Estados Unidos, los militares y la corporación mediática la sostienen, pero no han podido evitar que su gobierno se convierta en un escándalo internacional.

La población de Juliaca espera con ataúdes vacíos que se entreguen los cuerpos de los 17 asesinados por la represión gubernamental.

Las protestas populares se siguen extendiendo en toda la geografía de Perú y aumenta la cifra de los muertos, víctimas de la represión gubernamental. Decenas de ciudadanos rodearon una estación policial de Ilave en Puno, después que un policía disparó con armas de fuego y se reportaron seis heridos en una movilización. Uno de los heridos identificado como Isidro Arcata Mamani, falleció cuando era trasladado a un centro hospitalario. Otro manifestante que participó en las protestas en la localidad de Chao en el noreste del país sudamericano, fue asesinado por efectivos militares.

En la provincia de Collao los manifestantes incendiaron la sede del Ministerio Público y dos entidades financieras (Mi Banco y Caja Tacna). En Lima, fuerzas gubernamentales ingresaron con apoyo de tanquetas a la Universidad de San Marcos. Hay más de 200 detenidos, la mayoría estudiantes. La represión ha afectado también a los periodistas y reporteros que están cubriendo el conflicto. Los medios locales RPP y La República denunciaron que su reporteros fueron golpeados cuando cubrían la movilización en Lima.

Christian Salazar, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió con el primer Ministro Alberto Otárola, y al término de la reunión emitió un comunicado donde calificó a las muertes como inaceptables y donde afirma: “Esperemos que se tomen medidas inmediatas para que no vuelvan a ocurrir. Es importante hacer investigaciones contundentes en estos casos”.

La Fiscalía General de Perú abrió una investigación preliminar a la presidenta del país, Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. A pesar de esa situación, cuando se produjo la “toma de Lima” la Presidenta trató de involucrar a este organismo en acciones represivas manifestando que actuarían conjuntamente. La respuesta de la Fiscalía fue: “Se recuerda a los Poderes del Estado, organismos constitucionales e instituciones públicas y privadas, que el Ministerio Público en un órgano constitucional autónomo”.

El obispo de Puno, Jorge Carrión, separó de la parroquia de Pucara al sacerdote argentino Luís Humberto Bejar, por haber pedido la renuncia de la Presidenta, el adelanto de las elecciones y la reforma constitucional. La decisión del obispo obliga a que el sacerdote se tome un año sabático y regrese a su país de origen. La medida cayó muy mal entre los fieles católicos y en sectores de la iglesia que acusan a la Conferencia Episcopal peruana de involucrarse en política en forma permanente a favor de las élites.

Distintos analistas políticos coinciden en que en Perú se ha producido una fractura histórica entre los que hace décadas vienen gobernando (las élites económicas y la rosca parlamentaria sustentada jurídicamente en la Constitución fujimorista) y por otro lado, amplios sectores de la población que han empezado a reclamar políticamente y que ya no se inmovilizan ante las acusaciones de terroristas o vándalos. Estiman también que quienes gobiernan, para reducir pérdidas, podrían entregar la cabeza de Dina Boluarte que cargaría con el peso de todas las muertes. Lo que todavía no queda claro es cual sería la salida política a la crisis, porque del lado de los que se movilizan no hay una referencia con quien negociar. La izquierda parlamentaria no inició la protesta y si bien se sumó posteriormente, no tiene autoridad suficiente para hablar en nombre de los que están luchando. Lo único que está firme del lado de los que están en las calles, son sus demandas políticas: que se vaya Dina, elecciones inmediatas y reforma constitucional.

Lo que es seguro, es que la movilización popular ha abierto grietas en el poder político, y que, si la protesta popular no se desgasta, las élites seguirá retrocediendo.

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