El presidente Alberto Fernández, en las vísperas de la cumbre de la Celac, declaró ante medios brasileros que la inflación es “autoconstruida, está en la cabeza de la gente”, afirmando que “la gente ve en el diario que va a subir el combustible y entonces empieza a aumentar por las dudas”.

Sin embargo, la “desaceleración inflacionaria” de la cual presumía el gobierno se choca con la realidad de lo que viene sucediendo en enero respecto a los precios. Las consultoras privadas estiman que la inflación del primer mes de año rondará el 6%, empujada por los rubros cuyos precios regula el Estado.

En ese sentido, incidirán fuertemente en la inflación mensual los aumentos del 6,5% autorizados a las prepagas; del 14,1% promedio en el gas, del 19,6% promedio en la luz y del 20,1% promedio en el agua; del 2% en el combustible y de hasta el 70% en el transporte del AMBA. Las políticas que lleva adelante el gobierno juegan un papel preponderante a la hora de acicatear la inflación, no es un fenómeno subjetivo como sostiene Alberto Fernández.

Por otra parte, el oficialismo también atiza la inflación desde el momento en que viene acelerando el ritmo devaluatorio, a pedido del FMI. La suba del dólar oficial superó al IPC tanto en noviembre como en diciembre, lo cual impacta en el precio de los componentes importados. A su vez, el ensanchamiento de la brecha cambiaria fortalece las expectativas devaluatorias incentivando que se produzcan remarcaciones. Lo anterior es fruto de la actual corrida, que encuentra su origen en crisis de reservas del Banco Central como resultado de la continua fuga de divisas -mediante diversos mecanismos-, bajo el amparo de los sucesivos gobiernos.

La canasta básica por encima de la inflación

El precio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó durante 2022 un 103,8 %, mientras que la de la Canasta Básica Total (CBT) subió 100,3%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) al dar a conocer las cifras de diciembre.

Al respecto, en el último mes del año la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 5% por lo que un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos, necesitó de $ 67.187 para comprar la comida indispensable, y no caer en la indigencia.

El organismo dio cuenta también que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de la comida mínima para la subsistencia reúne indumentarias y algunos servicios, aumentó 4,5 % el mes pasado, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 152.515 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

En tanto, según un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, el Índice de Pobreza en el tercer trimestre del año llegó al 43,1%, contra el 42,4% de julio-septiembre del 2021. Esto está relacionado con el descenso de la indigencia. Entendida esta como los pobres cuyos ingresos no les alcanza ni siquiera para comprar el mínimo de alimentación, alcanzó al 8,1%, por debajo del 9% de igual período del 2021.

Todo esto se dio en doce meses en que la economía creció 4,8%, y la inflación trepaba al 83%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe del Observatorio Social de la UCA destacó que “el escenario de pospandemia”, con la recuperación económica, el aumento de la ocupación, la caída del desempleo y los refuerzos en la asistencia social “lograron atenuar o incluso revertir la tendencia creciente de los indicadores de indigencia y pobreza”.

Mientras tanto, la Junta Interna de ATE INDEC dio a conocer el nuevo cálculo por el que un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar necesitó, en diciembre de 2022, $238.680 para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $80.726 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $ 157.954 para acceder a otros bienes y servicios básicos. Por tanto, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio.

Ingresos de los trabajadores estatales

“La presente es una actualización del cálculo de la pérdida del poder adquisitivo del salario de lxs estatales 1 y de lo que debiera ser nuestro salario como mínimo, ambos cálculos a diciembre del 2022, que no se dan a conocer en cualquier contexto, lo hacemos público luego de conocer la intención del ministro de Economía, Dr. Sergio Massa, de poner a discusión su proyecto de ley en las sesiones extraordinarias del Congreso. Nos sorprendimos (lamentablemente nos siguen sorprendiendo) porque nos anoticiamos por diversas notas en los medios de comunicación nacional.

“Cuál es el propósito de los presentes cálculos, visibilizar la realidad que sufre el bolsillo de lxs trabajadores, jubiladxs y desocupadxs, víctimas de una inflación sin freno que pulveriza nuestros ingresos. Aún con el Bono que por única percibimos los trabajadores bajo convenio de $30.000 otorgado por el Gobierno, lxs trabajadores estatales seguimos perdiendo poder de compra mes a mes. Tanto lxs especialistas del tema, como el REM, plantean una inflación minorista para el próximo año entre el 95% y 99,7 %, con lo que desde este momento exigimos, primero que el Gobierno convoque a la mesa de negociación paritaria para revisar la actual pauta salarial para el sector y, además, que descarte cualquier intento de sugerir que el aumento para el próximo año debe ser de un 60%.

“Algunos datos para tener en cuenta: Inflación acumulada del período Noviembre/2015 a Diciembre/2022: 1543,1%; Inflación acumulada interanual 2022: 94,8%. Pérdida del poder adquisitivo respecto a Diciembre/2015 del salario Categoría D0 en Diciembre/2022: 34%.

“Los números pueden sorprendernos, pero lo podemos entender si tenemos en cuenta que, el salario de referencia de diciembre 2015 (de $ 10.191), actualizado a pesos de diciembre 2022 debería de ser $ 167.443 y no los magros $107.939 (incluye la suma fija de $4.000), según la grilla salarial del SINEP de diciembre de este año.

“Si a esta pérdida la ponemos en pesos, la misma sería, actualizada a diciembre del 2022, igual a $3.349.034 o 32 salarios de nuestro caso testigo Nivel D Grado 0 del SINEP en el período de referencia. Queda claro que nuestros salarios son, para los distintos gobiernos, una variable del ajuste.

“Al problema que plantea la pérdida salarial se suma el conflicto contractual. La situación de lxs trabajadores monotributistas es destacado en nuestro constante reclamo de regularización contractual ya que, a la pérdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepción de medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo.

“Por ejemplo, tomando un salario neto mensual actual de $100.674, ha acumulado una pérdida que alcanza la suma de $ 874.058, esto es el equivalente a casi 9 sueldos en 5 años”.

Mandan los datos

Hay pocos instrumentos de ajuste económico más potentes que la inflación, que fue del 94,8% durante el año pasado. Lo cual nos pone en el cuarto puesto detrás de Venezuela, Zimbabwe y Líbano.

Veamos algunos datos de enero-noviembre 2022 contra enero-noviembre de 2021.

En el gasto público tenemos un aumento del 72% en los recursos destinados a jubilaciones y pensiones incluidos los cinco bonos adicionales a los haberes mínimos. O sea, 23 puntos porcentuales menos que la inflación.

Con respecto a la AUH, 51% contra 94,8%, o sea -44%. Tarjeta Alimentar: gana 34 puntos. Inversión pública o también denominada gasto de capital crece 14% nominal, pero cae un 32,9% real. Se trata de proyectos nacionales. Potenciar Trabajo: aumentaron un 121%, esto es, 30% real o 26 puntos porcentuales por arriba de la inflación.

El mismo día que el Indec informó sobre el 4,9% de noviembre, Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, afirmó que habíamos entrado “en un proceso de descenso de la inflación y de relativa calma” y agregó “eso lo estamos notando todos los que vamos al supermercado”. Patinó feo.

Por último, el control de precios (Precios Justos) por encima del 4% en diciembre teniendo en cuenta que apenas representa el 2,88% del total de 320.000 precios relevados por el Indec.

Arcor, Fargo, Molinos y otras empresas desabastecen el programa Precios Justos

Un relevamiento presentado por Leandro Renou en Página/12 señala que 25 de las 30 grandes empresas que firmaron el programa, garantizan menos del 50 % de los productos que deberían proveer. El Gobierno es cómplice de esta situación: denuncia la situación, pero no toma ninguna medida de fondo para frenar una especulación que hace más crítica la situación alimentaria de millones de personas pobres. Hay que imponer comités de control en las empresas para impedir estas maniobras.

El programa Precios Justos anunciado por Sergio Massa el 11 de noviembre de 2022 junto a empresarios y sindicalistas en el CCK no pasa por un buen momento. El instrumento diseñado por el súper ministro para intentar contener la inflación contempla el control del precio de alrededor de 1.788 productos, permitiendo un aumento del 4% mensual.

El 26 de diciembre de ese año, se oficializó que el programa se extendería durante el 2023. Si bien la parte que correspondía a los empresarios y supermercadistas de abastecer y poner en góndolas la totalidad de los productos acordados, nunca fue cumplida totalmente (70% en su mejor momento), el anuncio de esa prórroga llevó a que las grandes empresas y supermercados profundizaran el nivel de desabastecimiento.

Según un relevamiento del periodista Leandro Renou, tan sólo 5 de las 30 empresas más grandes que firmaron el programa entregan mercadería por encima del 50 %, el resto lo hace por debajo de ese nivel, a pesar de tratarse en algunos casos de alimentos de consumo masivo como la yerba (30% promedio) o el café (0%).

El declive en el cumplimiento por parte de las empresas nacionales y extranjeras había comenzado ya a fines de diciembre, pero durante las últimas semanas se acentuó hasta niveles críticos. En los supermercados se pueden registrar góndolas vacías o productos particulares que no se consiguen. Según los empresarios de este sector, los faltantes son por la falta de entrega de los proveedores, es decir, las grandes empresas de alimentos y productos de primera necesidad. Situación que se agrava por las formas de operar de los supermercados, que no “stockean” y sólo compran lo que calculan venderán en el corto plazo.

De las 30 empresas más grandes que están en el programa, cerca de 25 abastecen a los supermercados con menos del 50 % de los productos. Otras entregan entre el 30% y el 20%, y otras directamente 0%, como en el caso de las marcas de café, La Virginia y La Morenita.

Entre otras, Arcor, la alimenticia oligopólica Pagani, cumplió tan sólo con el 32% de lo pedido, mientras que Bagley (propiedad también de Arcor) con 27 productos incluidos en el programa, entregó el 59% de la mercadería. Quilmes, por su parte, entregó en los últimos quince días un 28% promedio para su gama de productos que integran Precios Justos.

Un caso que se destaca por la importancia del producto es el de la empresa Fargo, que a pesar de tener alrededor de 20 productos en Justos, envió sólo el 19% durante los últimos quince días. Vale tener en cuenta que las empresas productoras de pan de mesa son centralmente dos. Otro caso relevante por ser un producto extendido en la mesa de las mayorías, es el de la yerba. La empresa Las Marías, productora de la marca La Unión, proveyó sólo un 30% promedio. Entre otras empresas nacionales, la harinera Morixe vendió un 31% y Molinos Río de la Plata un 35%. Manfrei, fábrica láctea, aportó sólo un 28%.

Pero las empresas extranjeras tampoco se quedan atrás con la especulación. Johnson y Johnson entregó un 23% durante los últimos 15 días. Loreal, un 18%. Mientras que Kimberly Clark lo hizo en un 42%. Unilever, que fabrica productos de limpieza y algunos alimentos, vendió por un 52%; mientras que Procter and Gamble lo hizo con un 37%.

Se sospecha que los productos que se desabastecen a los grandes supermercados (con quienes se acordó el programa) por parte de esas grandes empresas, sean “desviados” por esos mismos proveedores hacia comercios más chicos, en los que el programa no rige, y que pueden ofrecerlos a precios más altos de lo acordado.

Precios Justos es un programa más entre muchos del mismo tipo aplicados en el pasado, como su antecesor Precios Cuidados, que intenta poner algún tipo de freno a la inflación. Sin embargo, no puede funcionar más que como un parche endeble ante un fenómeno multicausal como lo es la suba generalizada de precios, y “atacando” en las consecuencias últimas y no en las causas estructurales de la inflación.

El fenómeno inflacionario es complejo y tiene varias causas. Entre ellas, la propia estructura económica del país fuertemente primarizada, la evolución del precio del dólar, el de las tarifas de los servicios públicos y la evolución de los precios internacionales, entre otras.En el contexto de fuerte inflación, la conducta del gran capital concentrado es remarcar los precios para defender y mejorar su rentabilidad, como se reflejó en el índice de inflación de 94,8% que alcanzó 2022. Y cuando esto no es posible en su totalidad, por la existencia de algún acuerdo formal, prácticas como el desabastecimiento son las que ponen en funcionamiento.

Para combatir maniobras como el desabastecimiento por parte de las grandes empresas de alimentos y productos de primera necesidad, son necesarias medidas de fondo como el control por parte de sus propios trabajadores y trabajadoras de la producción de esas compañías, lo cual permitiría tener conocimiento pleno sobre los stocks disponibles.

A su vez, contra la inflación son necesarias medidas de otra clase junto a medidas de emergencia que garanticen los productos básicos y el nivel de vida del conjunto de las mayorías trabajadoras. Algunas de ellas son: el aumento salarial de emergencia para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales; el control de precios por medios de comités de trabajadores y consumidores; el monopolio estatal del comercio exterior permitiría controlar la entrada y salida de dólares bajo control de los trabajadores, frenando así las maniobras especulativas que hacen las grandes patronales; el acceso público a los registros contables y de los movimientos bancarios de las grandes empresas que al día de hoy no son visibles; la nacionalización de las empresas de servicios públicos; la nacionalización de la banca bajo control de sus trabajadores y usuarios es clave para evitar la fuga masiva de capitales, para proteger a los pequeños y medianos ahorristas y canalizar el ahorro nacional hacia el crédito que responda a necesidades sociales; y la nacionalización de las empresas de servicios públicos; entre otras.

El Gobierno pagó otros u$s 1.400 millones al FMI

En el medio de la emergencia social por los altos índices de pobreza y de inflación, el Estado argentino desembolsó una nueva suma millonaria para pagar la deuda ilegal con el organismo. El país desembolsó u$s 1.400 millones.

Se espera que el 2023 sea complejo al respecto, no solo por las exigentes metas de ajuste que dicta el organismo a la Argentina en el marco de una crítica situación, sino también porque durante el año el Poder Ejecutivo deberá devolver a Washington más dólares de los que ingresarán, lo que aumentará la presión sobre las reservas, poniendo más presión sobre la inflación y sobre la actividad económica.

Fuente: Publicación Abierta