Violación a una menor en la vía pública

Fue en el portón de calle de una casa de Barrio Parque, en Moreno. Un barrio de quintas del conurbano donde los vecinos acostumbran pensar que no pasan estos hechos. La tranquilidad del vecindario se vio interrumpida el 18 de enero, cuando tuvo lugar el suceso. 

 

 La menor víctima de la violación con acceso carnal, es una adolescente de 14 años, que vive a pocas casas del lugar donde se produjo el hecho. Según rumores, el violador sería del barrio, aunque dado que la fiscalía tarda en emitir orden para ver las cámaras cercanas al lugar, y las pocas imágenes a las que se pudo acceder no son nítidas, aun no se ha identificado al agresor.  

Los vecinos se constituyeron en asamblea, realizaron la denuncia, y la han ampliado con información que ellos mismos recabaron, pero ni policía ni fiscalía han avanzado por sí solos en la investigación. Entre los derechos de los denunciantes se encuentra el de poder acceder a la lectura de la causa, lo mismo que acompañar a la víctima, en caso de que la menor así lo decidiera cuando pueda sobreponerse al trauma. No se ha confeccionado un identikit a partir de los testimonios de la víctima ni de la vecina que pudo detener el hecho, cuando lo vio mientras iba en auto por esa calle, frenó ante tal escena y gritó. Tampoco se extrajo ADN en la revisación médica. El tiempo es oro, la dilación de los tiempos, por lo mismo, afecta a la posible detención del abusador. El sistema penal no pone el foco en este tipo de delitos.   

“De cada mil casos de abuso sexual contra las infancias, solo cien son denunciados, y uno llega a juicio.” Estos son datos del Ministerio Público Fiscal, dado que no hay estadísticas sobre este tema. UNICEF es un poco más contundente al respecto y dice que: “1 de cada 2 niños/as ─de entre 2 y 17 años─ ha sufrido abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono…” El delito de violación es uno de los que menos colaboración del sistema penal judicial tiene para dar con el responsable y juzgarlo. A su vez es uno de los que por definición, vuelve a ser perpetrado por el delincuente sexual, es decir, es necesario que se encuentre al violador.  

El miércoles pasado por la tarde, vecinas y niñes organizaron una pegatina y volanteada por el barrio a la que se fue sumando gente. Primero se caminó con carteles denunciando y repudiando el hecho, informando a quienes no sabían o a los que eligen no interiorizarse. Se entregó volantes a vecines. Se pegó carteles hechos con la ayuda de niñes, en palos de luz y paradas de colectivo, se conversó con los negocios del barrio: kiosco, almacén, barbería, para también pegar carteles en sus paredes, los dueños de los locales se sumaron solidariamente, se acordó con algunos de los integrantes de la murga barrial para hacer una caminata cuando se cumpla un mes dentro de unos días, se dejó carteles en las inmediaciones del Club de fútbol El fortín. Se conversó sobre la necesidad de que los mecanismos de denuncia sean también formas de educación popular, eventos colectivos y también acerca de la necesidad de contención de la víctima.  

La fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de General Rodríguez-Moreno, es quien entiende en la causa. En diálogo con integrantes de la asamblea, madres, educadoras, trabajadoras sociales, psicólogas y militantes sociales que tienen larga experiencia en la intervención en casos de género resonantes como el de Ailén y Marina Jara, nos hacen un repaso por distintas figuras que debieran constituirse en esta causa y acerca de las dificultades puntuales que se presentan para que eso suceda, sobre todo si el caso no tiene cobertura: Madre protectora-los padres de la menor están fallecidos-, ante esa realidad: “No hay quién exija el abogado del niño, que es de 0 a 18 años. Es de oficio, determina el juez, pero si no hay presión…”  Excepto que sea el-la denunciante junto con la comunidad, quienes se podrían constituir en “acompañantes emocionales”, una vez habiendo hecho lectura de la causa, y en caso de que la menor y su entorno lo requieran, la policía, la fiscalía, y el asesor de menores, porque es quien debiera resguardar los derechos de la niña en este caso. Distintos roles en la cadena para hacer efectivo el pedido de justicia. La comunidad está haciendo su parte denunciando el hecho. 

 “El gran problema acá es que no está la figura de la madre protectora. La experiencia muestra que en todos los movimientos que se han generado no solo acá sino en toda América Latina y en otras partes que son las madres protectoras las que llevan estas causas hasta el final. Acá la madre protectora no está, por eso la importancia de la comunidad. “  

Con esta denuncia, la comunidad intenta poner el acento en lo que se llama el “interés superior del niño”, que es una cuestión de fondo que trasciende al caso en sí, y que da cuenta de cómo se conciben, se construyen y se viven distintas nociones de sociedad y por ende, de cómo ejercemos ciudadanía, a partir de sucesos que nos involucran más o menos. Cuando no se busca la resolución de un caso de estas características, es porque los intereses de los adultos –los funcionarios, por ejemplo- juegan en contra y se ponderan en relación al interés de la niña. 

El rol de “acompañante” que oficie de “asistencia protectora”, es algo a construir en este caso. Una figura en la que se han constituído varias compañeras militantes feministas que desde siempre acompañan las luchas por los derechos de las infancias en otros casos de violación y de restitución de niñes. En esta instancia de la denuncia del delito, aun no hay tal posibilidad concreta, pero podría haberla en adelante.