Hoy desalojan a madre de su hogar en Villa la Angostura

Un caso de familia en el sur de Neuquén revela mecanismos estatales de extorsión. La madre es integrante de la comunidad mapuche Paisil-Antreao.

Niñxs cautivos del Estado

Una jueza de familia de Villa la Angostura, sur de Neuquén, excluyó a una madre de su hogar para que
ingrese el padre de sus hijxs, que tiene al menos tres restricciones perimetrales vigentes y en más de ocho
años no aportó para el pago de las cuotas de la vivienda de plan ni los impuestos y servicios. El Ministerio
de Salud, de Neuquén, donde revista como empleado de planta permanente, jamás hizo los descuentos y
depósitos automáticos de la cuota alimentaria.
Eliana Fortbetil, jueza de Familia, resolvió institucionalizar una niña de 12 años basado en informes y
actuaciones oficiales del área de Desarrollo Social del municipio local que están viciados de nulidad.
Lejos de enmendar su error, la jueza avanzó vulnerando derechos de la madre de la niña, legitimó la
maniobra de origen y tratar de cerrar cuanto antes su intervención que agravó y amplió el conflicto
original.
La crisis de una preadolescente, que crece en una sociedad racista y antimapuche, fue manipulada por
profesionales de la educación pública y de Desarrollo Social de la municipalidad local. También
por un padre oportunista que se plegó a la maniobra en provecho personal.
El miércoles 29 de marzo, Jesica Maldonado, directora de Protección integral de derechos
de la cartera de Desarrollo Social del municipio, encabezó el procedimiento nocturno por el que sustrajo a la niña de la vivienda familiar compulsivamente, sin el consentimiento de la madre presente, sin ningún
hecho que lo justificara. El miércoles alrededor de las 22, a oscuras, Maldonado no acreditó quien era ante la madre, ni exhibió orden judicial ni explicó ni documentó su intervención. Retiró a la niña con la
asistencia de un supuesto psicólogo, que tampoco se identificó, y una tercera persona que conducía el
vehículo que no pudo identificar en la noche.
El grupo de Desarrollo Social actuó como una patota, sin identificarse, por la fuerza. Nadie informó
dónde llevaron a la niña, bajo la responsabilidad de quien. A las 22.30 la guardia del juzgado no dio
respuesta para buscar una niña virtualmente secuestrada por el estado, según entendíamos nosotras en ese momento. La madre realizó la denuncia penal en la comisaría local al mismo tiempo. Al día siguiente,
tampoco nadie informó a la familia que reclamaba saber dónde estaba la niña.
Maldonado, además de funcionaria pública, es madre del mismo grado que la hija de Patricia Murer,
integrante de la comunidad Paisil-Antreao que decidió hacer pública la maniobra que atenta contra ella y
su familia. En los últimos años, al menos en dos oportunidades Patricia denunció irregularidades de
Maldonado en sus intervenciones oficiales respecto a dos madres de la localidad en extrema
vulnerabilidad.
Maldonado tiene diferencias públicas con Patricia. Con esa animosidad, usó su lugar de poder en el
Estado y emitió informes públicos para institucionalizar a una niña de 12 años. La jueza y la Defensoría
oficial del niño lo legitimaron y usaron para asegurar la supuesta existencia de una situación de violencia
para con la niña.
Este miércoles 19 de abril al mediodía vence el plazo que otorgó la jueza para desplazar a la madre de su
propio hogar para garantizarle al padre un lugar donde vivir, a expensa de los derechos de lxs otros hijxs y la propia mujer.