Trata de personas: entre dudas y deudas

Trata de personas: entre dudas y deudas

2May23 0 Por Darío Jumanisol

María de los Ángeles (Marita) Verón se encuentra desaparecida desde el 3 de abril de 2002. La incansable lucha de su madre, Susana Trimarco, logró instalar el tema de la trata de personas en la agenda política y mediática, llevando incluso a la sanción de leyes específicas sobre el tema. Sin embargo, como en cualquier otro delito que requiere amplio desarrollo territorial, la connivencia policial y judicial está a la orden del día.

Ya en su Informe sobre la Trata Sexual en Argentina, elaborado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), del año 2011, se advierte que las agencias policiales y fuerzas de seguridad, protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad; admitiéndose que hay policías, ex policías y ex agentes del servicio penitenciario directamente involucrados. Sin embargo, se señala en el Informe, “ello no ha redundado en una investigación sobre las posibles vinculaciones de los mismos con dichas fuerzas de seguridad”.

En el mismo informe se denuncia la “connivencia estatal, especialmente local, policial y judicial”, y la existencia de “varias situaciones de funcionarios de las fuerzas de seguridad dentro de los prostíbulos”, lo que se debe interpretar como un método de sometimiento a las víctimas. En algunos casos la presencia era permanente, los policías cumplían funciones dentro de la whiskería. En otros era circunstancial, aparecían haciendo supuestos controles. Y en otros, aunque no se tenga fehaciente confirmación, en calidad de clientes.

En algunas causas los explotadores dan cuenta de un arreglo con la comisaría, del pago de una suma semanal. Sin embargo, en ninguno de estos casos se detecta que las investigaciones judiciales ahonden sobre la participación de funcionarios policiales o públicos. Esto, a pesar de que, según el mismo informe, la sospecha de que existe complicidad de funcionarios públicos o policiales, se ve reflejada en trabas reales de las comisarías donde las familias radicaban las denuncias; demoras en las investigaciones policiales; escuchas telefónicas que implicaban a la comisaría de la zona con los tratantes; y presencia policial en los lugares de explotación

La complicidad de las fuerzas policiales y de seguridad con las redes de trata es tan indisimulable, que incluso la Ley 26.364, que incorporó la figura de la trata de personas al Código Penal, prohíbe que las fuerzas de seguridad que intervengan conozcan la identidad de los denunciantes.

No sólo eso: en la Provincia de Buenos Aires, el Decreto 159 del año 2011, que establece el Protocolo de Actuación para Fuerzas de Seguridad para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas Sometidas a Explotación en el Comercio Sexual, expresamente recomienda “no recurrir a personal policial con actuación territorial en la zona de intervención”.

Más aún: el Protocolo de Actuación Relacionado con el Delito de Trata de Personas, que rige la actuación de los fiscales nacionales y de todas las provincias para estos casos, prevé que las tareas de inteligencia en los lugares sospechados se haga “preferentemente con fuerzas de seguridad ajenas a las locales”.

La ya mencionada Ley 26.364, además de incorporar al Código Penal el delito de trata de personas, creó el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Posteriormente, en el año 2012 se modificó dicha Ley, creándose el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

También, en la modificación de 2012 se creó el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas, al que se le asignó el número telefónico gratuito 145, para recibir denuncias (incluso por mensaje de texto) sobre trata y explotación de personas, en forma permanente durante las 24 horas del día.

Imagen: El editor platense