Poder político del poder judicial en el conflicto con el pueblo mapuche
11Jun23Un tribunal oral federal deberá homologar el acuerdo político por el conflicto Mascardi. Otro tribunal rionegrino tiró abajo la condena por el crimen de un joven mapuche y salió en libertad hombre clave del poder económico.
La zona andina de Río Negro es escenario de dos conflictos que el poder dominante se esfuerza en aislar del conflicto estructural por los derechos al territorio ancestral del pueblo mapuche-tehuelche. En ambos, el poder judicial es un actor clave para la persecución y extorsión de la demanda mapuche, así como para la protección de los sectores dominantes y la reproducción del pensamiento racista y patriarcal. El poder ejecutivo transfiere y confía al poder judicial buena parte de las decisiones más controvertidas y hasta ilegales, amparados en el consenso social construído sobre el supuesto de independencia y objetividad.
En alianza con otros pueblos originarios del Abya Yala y organizaciones sociales y políticas de base, el pueblo mapuche reclama que sea la política (y no el poder judicial) la que resuelva la deuda histórica y constitucional con la población originaria del presente, diezmada y empobrecida. Ese es el gran valor de la Mesa de Diálogo de resolución alternativa por el conflicto en Villa Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, espacio que alcanzó un acuerdo el 1 de junio.
Ahora, un tribunal federal deberá convalidar o rechazar el acuerdo de conciliación entre el Estado nacional y la lof Lafken Winkul Mapu que el viernes 9 pasado presentaron formalmente en dos expedientes en los que Parques Nacionales es querellante. La homologación del Tribunal Oral Federal de Fiske Menuco (General Roca) hará caer la persecución penal contra las mujeres mapuche recientemente liberadas después de ocho meses, los pedidos de captura contra lxs prófugos que resguardaron durante los allanamientos del 4 de octubre pasado y otros cargos que pesan sobre integrantes de la Winkul. Es de esperar las presiones de las derechas y del gobierno rionegrino contra este convenio, aunque el Código de Procedimiento en lo Penal federal vigente lo prevé en su artículo 34: “Conciliación. Sin perjuicio de las facultades conferidas a los jueces y representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en el artículo 22, el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. El acuerdo se presentará ante el juez para su homologación, si correspondiere, en audiencia con la presencia de todas las partes. La acreditación del cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal; hasta tanto no se acredite dicho cumplimiento, el legajo debe ser reservado. Ante el incumplimiento de lo acordado, la víctima o el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrán solicitar la reapertura de la investigación” http://www.saij.gob.ar/27063-nacional-codigo-procesal-penal-federal-to-2019-lns0006496-2019-02-07/123456789-0abc-defg-g69-46000scanyel.
Contraataque federal
Celeste Huenumil recuperó su libertad el viernes 2; al lunes siguiente lo hicieron Betiana Colhuan Nahuel (machi, autoridad espiritual), Romina Rosas y Luciana Jaramillo, todas por el desalojo ilegal del 4 de octubre del 2022 con una simple orden de allanamiento.
El martes 6, al mediodía, cuando la atención estaba puesta en el limitado regreso al rewe (espacio ceremonial) de la machi y las lamngen (hermanas) liberadas, un tribunal rionegrinó inclinó la balanza en favor de las derechas locales y los intereses económicos que encabezan el despojo en estos conflictos. El Tribunal de Impugnación Provincial integrado por Carlos Mohamed Mussi, Adrián Fernando Zimmermann y Miguel Ángel Cardella anuló parcialmente el fallo condenatorio de los dos coautores del asesinato de Elías Garay Cayicol y del intento de homicidio de Gonzalo Cabrera, ambos integrantes de lof Quemquentreu, perpetrados el 21 de noviembre de 2021 en Cuesta del Ternero, no más de 80 kilómetros al sur del conflicto con la Winkul. El tribunal ordenó hacer un nuevo juicio para establecer la responsabilidad en esos crímenes de Martín Cruz Feilberg, titular de una empresa de aprovechamiento forestal y jefe de Diego Alejadro Ravasio, autor material de al menos tres disparos con una escopeta con la que dio muerte a Elías e intentó hacerlo con Gonzalo.
La defensa legal de Feilberg logró hacer caer la sentencia del 24 de febrero de este año, que le había dado 5 años de prisión al contratista y 12 años a Ravasio. El martes a la noche Feilberg recuperó la libertad, un triunfo para el abogado Ernesto Saavedra, codefensor con Luciano Magaldi, uno de los puntales de la coalisión Consenso Bariloche que motoriza la embestida anti-mapuche en la región.
“Queda en manos de la justicia”, es la fórmula a la que apela frecuentemente la dirigencia política tradicional para despegarse de sus obligaciones. En el conflicto territorial, los vasos comunicantes entre poderes explican buena parte de los juegos del poder.
