Movilizaciones en Guatemala contra el golpe judicial
6Sep23Miles de guatemaltecas y guatemaltecos de las comunidades originarias y mestizos salieron a manifestarse contra la proscripción del Partido Semilla y el intento de desconocer el triunfo electoral de Bernardo Arévalo.
Las élites guatemaltecas, que fueron derrotadas abrumadoramente en las urnas, intentaron un contragolpe judicial encabezada por la Fiscal General Consuelo Porras, el Fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Estos magistrados trataron de evitar que Arévalo se presentara en la Segunda Vuelta y después que pueda asumir como presidente. Las comunidades originarias, maestros y trabajadores, piden la renuncia inmediata de los conspiradores judiciales..
La Alcaldía Indígena de San Francisco Quetzaltepeque, Chiquimula, Organizaciones sociales de Huehuetenango, el Movimiento Social Intercultural de Pueblo de Ixcan y la Asamblea de los Pueblos de la Costa Sur de Escuintla, promovieron protestas pacìficas en distintos puntos del país contra “el pacto de los corruptos” y en defensa de la democracia y el voto popular. Denuncian que “operadores políticos y de la justicia que han criminalizado al Movimiento Semilla -partido de Arévalo- y otras organizaciones, así como a líderes sociales y a periodistas”.
A las manifestaciones en las distintas regiones de Guatemala, se han sumado cortes de carreteras bloqueando el ingreso a a las ciudades de Quetzaltenango, San Juan Ostuncalco, Almolonga, Olintepeque, San Carlos Sija y Salcajá.
Las imágenes de los funcionarios judiciales: Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, han estado presentes en ceremonias indígenas ancestrales donde se pide que personas que están haciendo mucho daño a las comunidades rectifiquen su manera de actuar.
En las ciudades, los principales gremios han convocado a un Paro Nacional. Los comerciantes han cerrado sus negocios en señal de protesta y han surgido voces en el seno de la iglesia católica que avalan el reclamo popular.
Al reclamo en defensa del voto popular, se suma la exigencia de que cese la persecución de los miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que funcionó en la década del 90 y registró durante 12 años las violaciones de derechos humanos realizadas por gobiernos, que incluían masacres a comunidades indígenas, e identificaba a sus responsables (El Nunca Mas guatemalteco). A finales de agosto de este año la fiscalía guatemalteca detuvo a Claudia González, ex funcionaria de la Comisión, lo que provocó un verdadero escándalo internacional.
