Condenaron a prisión al abogado que se opuso a la reforma Constitucional en Jujuy

El abogado Alberto Nallar, que se opuso a la Reforma de Morales y defendió a las comunidades originarias, fue condenado a 3 años y medio de prisión efectiva, un embargo de 7 millones y la inhabilitación de ejercer la profesión. La sentencia constituye un gran escándalo que tendrá repercusiones nacionales e internacionales.

En el desarrollo del juicio el acusado estuvo acompañado por dirigentes de comunidades originarias de Jujuy. La sentencia fue dictada por el Tribunal N 3 en lo Criuminal, integrado por los jueces Mario Ramón Puig, Luciano Yapura y la jueza Ana Carolina Perez Rojas. ,Los fiscales Diego Funes y Walter Rondón habían pedido cinco años de prisión para el letrado. Nallar fue acusado de “incitación a la violencia colectiva”, por el asesoramiento legal ejercido a las comunidades originarias que resistían a la Nueva Reforma Constitucional.

A Nallar se lo condena por el ejercicio de su actividad profesional, que lo movilizó a realizar asesoramientos en distintos puntos de reunión y de protesta de las comunidades sobre los alcances de las modificaciones impuestas al texto Constitucional de Jujuy. El reclamo exigiendo el cese de la persecución a su persona, partió de sus propios colegas, comunidades originarias y sindicatos. El fallo confirma la total subordinación del Poder Judicial de Jujuy a las decisiones del gobernador Gerardo Morales, situación que ha sido denunciada anteriormente.

El abogado defensor de Nallar, Roberto Alemán fue contundente en su disconformidad con el fallo, que será apelado: “No hay pruebas en su contra, en el expediente se manifiesta que cuando se presentó en cortes de ruta ya se estaban realizando. No hay testigos presenciales y en los videos de fiscalía hay muchas personas y ninguna de ellas fue citada”.

Estas denuncias se realizan en el marco de un fuerte cuestionamiento al gobierno de Morales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha llamado al Estado argentino “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”. También ha sido cuestionado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Argentina, que expresó preocupación por las denuncias de atropellos de derechos y acciones violentas y judicialización de manifestantes, ejercidos por el gobierno provincial.