Los abanderados del espanto

Los abanderados del espanto

6Dic23 0 Por Daniel Campione

La Unión Personal Militar Asociación Civil ha generado un comunicado que entraña la reivindicación de los peores actos de la dictadura cívico-militar iniciada en 1976.

Como ya se informó aquí el texto va presidido por el pedido,  de que se elimine la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dirigido al presidente que asumirá el 10 de diciembre. Tal supresión implicaría que el poder ejecutivo de la nación deje de asumir responsabilidades en ese campo, en particular las relacionadas con el impulso de los juicios de lesa humanidad.

La apología del crimen y la calumnia contra los juicios.

Una primera pregunta es acerca de la naturaleza e intenciones de esta asociación. En su sitio web la entidad presenta objetivos derivados de funciones más bien “gremiales”. Así puede leerse  entre sus propósitos: “Nuclear a todo el personal militar y pensionados de las Fuerzas Armadas de la Nación, a fin de resguardar sus legítimos intereses en todo lo relacionado con sus condiciones de vida y de desempeño profesional.”

Tras la apariencia más o menos aséptica de ese párrafo se destaca la finalidad de nuclear al total de los militares, en actividad o retirados. Una suerte de sindicato castrense, un grupo de presión destinado a pujar por un mejor tratamiento hacia los miembros de las instituciones armadas. Esto parece opuesto a los principios de jerarquía y  disciplina que se supone rigen en las fuerzas.

Luego se agrega: “Su personería jurídica le permite representar a sus asociados individual o colectivamente, en el ámbito nacional o internacional, en cuestiones inherentes al ejercicio de sus derechos, con la finalidad de obtener el justo reconocimiento moral, social y material que merecen, por la alta responsabilidad que les compete como integrantes del sistema de Defensa Nacional.”  

Aquí empezamos a transitar por el reino del revés. Unas fuerzas cuya trayectoria está jalonada desde la segunda mitad del siglo XIX por sistemáticas masacres, con argentinas y argentinos como víctimas, piden un reconocimiento en todos los planos. Parece que en nada afectarían a sus merecimientos esos hechos, a comenzar por los millares de desaparecidos, torturados y represaliados de diversas formas por la última dictadura.

Los orgullosos combatientes de verdaderas guerras contra su propio pueblo, esperan verse recompensados y enaltecidos por su comportamiento. Los muertos de la “conquista del desierto”, la Patagonia Trágica o el criminal bombardeo en Plaza de Mayo de 1955, no deberían tampoco afectar el nada el “prestigio” de las instituciones. Por el contrario, serían acreedoras de homenajes por el supuesto de haber defendido a la nación contra sus “enemigos internos”.

Veamos qué expresa el documento acerca de los “juicios de lesa humanidad” (comillas en el original): “No son más que la ‘máscara’ de la JUSTICIA VENGANZA que sirvió y sirve para humillar al personal militar, de fuerzas de seguridad y policiales, que participaron en la guerra antisubversiva de los años 70”

Aquí vemos el discurso que remite a las jefaturas de la dictadura. Son los triunfadores de una “guerra”, ignorando las claras determinaciones de que no fue tal, sino un plan sistemático de genocidio, orientado contra quienes lucharon por la emancipación social frente a los cancerberos del poder económico, político y cultural. Que no otra cosa han sido históricamente las fuerzas armadas, si exceptuamos las gloriosas acciones de sus tiempos originarios, durante las guerras de independencia. Y se permiten protestar contra una supuesta humillación, justo quienes pretendieron degradas a todo un pueblo.

Luego se lanzan contra los funcionarios de la Secretaría, mientras victimizan a los militares convictos de crímenes contra la humanidad porque no se les otorga el beneficio de la excarcelación a partir de supuestas teorías desarrolladas por funcionarios que habrían producido: ·…dictámenes tendenciosos y apartados de todo rigorismo jurídico y científico…”

Así invocan el derecho y la ciencia para pedir un tratamiento “humanitario” para criminales condenados. En realidad sólo son una minoría los presos que no han recibido el beneficio de excarcelación o prisión domiciliaria.

Pero sobre todo cabe replicar que la enormidad de los delitos cometidos, similares a las peores acciones de los jerarcas nazis, hacen merecedores a los genocidas de morir en la cárcel surcados por la deshonra y el repudio de sus conciudadanos, como ocurrió con Jorge Rafael Videla.

No hay en ello ninguna “discriminación”. Si la justicia que se les impartió sería realmente una “venganza” recibirían condenas mucho más graves aún. Y se les hubiera privado de los derechos y garantías que ellos negaron a quienes fueron sujetos de una sanguinaria cacería.

Más allá de los razonamientos formulados en el escrito lo peor es su remate. Es que el manifiesto que nos ocupa termina con un listado de tres funcionarios del área de los derechos humanos, que serían “indignos de su profesión”.

¿Cuál sería el objetivo de esas intempestivas menciones?  ¿Tal vez “marcarlos” para futuras represalias? ¿O bien será para comenzar a esparcir el miedo y la creencia de que el nuevo gobierno puede resultar una suerte de “rayo exterminador” para todas las causas de derechos humanos y sus defensores?  

En cualquier caso no puede ignorarse el tono de amenaza, y que conllevan el deseo latente de que los militares puedan arrogarse en el futuro, una vez más, el derecho de vida y muerte sobre las argentinas y argentinos.

Otra vez el enemigo al acecho.

Caben algunas reflexiones adicionales sobre el  texto teñido de nostalgia de la dictadura. Constituye una manifestación más de que en las fuerzas militares argentinas siguen anidando los apologistas del genocidio, quienes repudian los numerosos fallos judiciales producidos. Y siguen enarbolando las interpretaciones esbozadas en su momento por sucesivas juntas militares.

Manifestaciones como ésta revelan la podredumbre de las instituciones armadas, que no se subsana con el tiempo ni con recambios generacionales. El genocidio no fue cometido por “malos militares” sino por las fuerzas armadas en su conjunto, de arriba hacia abajo. Y el exterminio de sus compatriotas lleva más de un siglo de vigencia como su principal razón de ser.

El avance en el sendero de consolidación democrática en nuestro país debió haber implicado la disolución completa de las fuerzas, con toda la carga de deshonor que ella acarreara. Y por consiguiente comenzar desde cero en materia de “defensa” y reconstituirlas sobre nuevas bases.  En cualquier caso de acuerdo a parámetros diferentes, sin “hipótesis de conflicto” contra países hermanos y sin ninguna pretensión de superioridad sobre sus compatriotas civiles.

Si alguna perspectiva de defensa armada cabe en nuestro país, no debiera ser otra que la de la resistencia contra eventuales intervenciones del imperialismo para derrocar a gobiernos con miras  progresivas. Ésa debiera ser la “hipótesis de conflicto” y no la de dirimir de modo sangriento problemas de límites con los Estados vecinos.

Todo esto significa pensar en un nuevo ejército que se remonte al paradigma trazado por José de San Martín, Manuel Belgrano, Juan José Castelli o Martín Miguel de Güemes.

Nada de esto se intentó hacer por los sucesivos gobiernos que transcurrieron desde 1983. Por lo contrario se transitó por la confianza en el supuesto reverdecer de la “tradición sanmartiniana”.  También por la apuesta a la capacitación en materia de derechos humanos, inapta para demoler prejuicios de clase y corporativos arraigados a través de la historia. También cundió la confianza en la “renovación” que sería sinónimo de una nueva “mentalidad militar”, cuya patente ineficacia queda hoy de manifiesto.

El resurgir de la apología de todo lo actuado contra la “subversión”, enancado en la inminente llegada de un gobierno propenso a la reivindicación de la dictadura, demuestra que ninguna de esas tácticas ha tenido éxito. El pueblo argentino se encuentra de nuevo frente a un potencial enemigo, que tal vez sólo espera la oportunidad de lanzarse contra quienes buscan una verdadera democracia, caracterizada por la búsqueda de la igualdad  y el propósito de emancipación.

No es aventurado presumir que esta asociación militar y espacios similares se sienten asimismo cómodos con la caracterización de la justicia social como una “aberración” o con la irritada desmentida a que donde hay una necesidad hay un derecho. Quizás crean que los esperan futuras batallas, con los aliados y los objetivos exterminadores de siempre.

Habrá que demostrarles que tienen enfrente la experiencia de largas décadas de luchas populares, así como al propósito de recuperación de la memoria histórica y la apuesta a arribar a una democracia real, sin privilegios que deriven de la posibilidad de ejercer la fuerza. Y en particular a un movimiento de defensa de los derechos humanos y de la vida misma con pocos o ningún parangón en el mundo.

Cabe la previsión de que las conquistas no serán entregadas sin lucha. Y de que nadie se dejará embaucar por quienes se pretenden herederos de San Martín y en realidad aspiran a ser émulos tardíos de Adolfo Hitler.

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