La protesta encendida y el paro en marcha

La protesta encendida y el paro en marcha

30Dic23 0 Por Daniel Campione

La presidencia de Javier Milei se ha inaugurado con medidas de sentido unívoco contra las condiciones de vida y de trabajo de la gran mayoría de la población. El alcance de la ofensiva desde arriba ha estimulado con similar rapidez a las acciones de protesta popular.

La cantidad, variedad, complejidad y grado de radicalidad de las disposiciones contenidas en el llamado “megadecreto” y en el proyecto que ha pasado a conocerse como “ley ómnibus” desafían la memoria y la capacidad de procesar información con espíritu crítico de cualquier mortal.

El texto de la llamada “ley ómnibus” con su pomposo título.

El actual gobierno apuesta al cercenamiento generalizado de derechos y a la abrogación de conquistas con décadas de vigencia. Con el conjunto puesto al servicio de otorgar a los grandes conglomerados empresarios todo el poder de decisión en los más variados aspectos de la vida social.

Los efectos de la agresión antipopular han comenzado a sentirse, en primer lugar con la disparada de la inflación. Los empleados públicos con contratos recientes están siendo despedidos mientras se anuncia una revisión de las contrataciones que tienen algo más de antigüedad. Las facilidades para producir despidos o sostener situaciones laborales precarias atosigan a los asalariados del sector privado. Los jubilados ven cernirse sobre su futuro el sometimiento de los aumentos de las prestaciones al libre albedrío del poder ejecutivo. Los inquilinos ya temen por incrementos desorbitados de los alquileres no bien comience a reinar la “libertad contractual”. Y podría seguirse con multitud de ejemplos.

El camino de la resistencia.

No es tiempo de dudas ni vacilaciones, la envergadura de la ofensiva que se lleva adelante desde arriba y el grado de audacia y desprecio por la institucionalidad con la que se despliega, exige respuestas rápidas y terminantes.

Es necesario seguir el camino de las demandas judiciales y de las discusiones parlamentarias, ya en curso, a sabiendas de que tanto el poder judicial como el legislativo registran predominio de servidores de la clase dominante. Las mayores expectativas no pueden estar allí: Sostenerse en esos terrenos no implica confiar en instituciones sin nervio popular, con decreciente contenido democrático. Los empeños más consecuentes deberían estar puestos en la movilización, desde la más organizada a la más o menos espontánea.

El 20 de diciembre tuvo lugar la manifestación pionera, a todo riesgo, de las agrupaciones piqueteras más radicales y la militancia partidaria de izquierda. Se la sostuvo contra todas las acciones intimidatorias y las dificultades puestas para su recorrido callejero, “protocolo antipiquetes” mediante. El gobierno de Javier Milei y su ministra de seguridad no pudieron gozar ni diez días de la “limpieza” en las calles que hubieran soñado.

También a partir del día 20 han resurgido los cacerolazos y las asambleas. Si bien no todavía con la magnitud que sería necesaria, los focos de protesta callejera se encendieron y pueden apuntar en el sentido de un reacercamiento de las reivindicaciones de los sectores medios con las de las clases populares.

El miércoles 27 alumbró una marcha que la CGT, convocante inicial, hubiera deseado reducida, sólo de “aparato”. No fue así, la multitud que concurrió a la zona de tribunales superó con amplitud esas previsiones, las 10.000 personas como máximo que deseaba la central obrera se triplicaron o cuadruplicaron.

Enseguida sobrevino la declaración cegetista de un paro general con movilización al Congreso. Llamativa reacción, comparada con los cuatro años de pasividad frente a los descalabros del gobierno de Alberto Fernández.

¿Por qué no antes, el 10 de enero, por ejemplo? La llamada a un paro para el 24 hace recordar la inveterada práctica de la CGT de convocar a medidas de fuerza con bastante anticipación como para tener margen para negociar su levantamiento.

Otra maniobra habitual de la dirigencia burocrática es la de aislar los paros de otras luchas, organizarlos sólo desde arriba, sin difundirlos y discutirlos en los lugares de trabajo. Y utilizarlos para “descomprimir” en lugar de como parte de un plan de lucha con continuidad y jalonado por medidas cada vez de mayor alcance. Habrá que explorar la manera de dificultar esos manejos.

Hay que tener en cuenta también que la jerarquía sindical tiene motivos corporativos para ponerse en acción. Las decisiones del gobierno afectan su control de las obras sociales y la percepción de los aportes de los trabajadores. Si una preocupación genuina por la suerte de sus representados no es suficiente para mantener la decisión de parar, sí puede serlo la de preservar sus cotos de poder tradicionales.

Por lo pronto cabe el rescate de que no se convoca a un paro con los trabajadores en las casas, de los llamados “materos”, sino uno con movilización, se supone que desde los lugares de trabajo, ya que se iniciaría a las 11 de la mañana. Y apuntar que la fecha tiene correlación con el probable tratamiento legislativo de los proyectos presidenciales.

Está asimismo la posibilidad de realizar asambleas, movilizaciones y paros parciales con anterioridad, que dificulten la anulación de la medida, a partir de oponerse con todo el ruido posible a cualquier negociación a espaldas de las trabajadoras y trabajadores.

Lo mismo respecto a rodear el paro del mayor apoyo, más allá de les trabajadores asalariados formales que nuclea esa central. Y trabajar en dirección al involucramiento de las otras centrales, las dos CTA, en la preparación y realización de la medida de fuerza.

Los movimientos sociales deberían ser asimismo una pieza fundamental, a despecho de que la dirigencia sindical tradicional vea con antipatía su participación, o justamente por eso. El impulso “cacerolero” que recorre muchos barrios y desemboca a diario en el Congreso puede también encontrar el camino para ocupar una vez más el frente del palacio legislativo, esta vez en consonancia con la movilización obrera.

Un paro exitoso y una movilización masiva marcarían un nuevo momento en el combate social que se inicia, lo que puede abrir el camino para medidas más rotundas, de alcance nacional y con sustento de multitudes.

Por lo pronto, en los medios de comunicación del establishment se acusó el golpe. Menudean allí los comentarios sobre la velocidad con que se inició la protesta y apelaciones a respetar la legitimidad electoral de la nueva gestión.

De las calles a la esperanza.

Se ha utilizado con frecuencia últimamente la frase “la moneda está en el aire” para ejemplificar que la definición de la situación depende de varios factores.

El lado del que caiga la moneda depende de que se expanda la voluntad de acción colectiva, haciendo a un lado el temor y cualquier tendencia a la resignación. No es tarea fácil, en medio de las múltiples inducciones al individualismo y a seguir confiando en que el ajuste afectará a “la política” o al menos a “los otros”.

Con el transcurso de los días el rostro de los padecimientos que atraen los planes del gobierno queda gradualmente al descubierto y se abre el interrogante acerca de cuánto tiempo se sostendrá el amplio consenso de la segunda vuelta electoral.

Sin embargo, la rapidez y el alcance de la acción del gobierno, que constituyen su fortaleza, al mismo tiempo son pasibles de tornarse en debilidad. Los perjudicados serán muchos y muy variados, la percepción de que el combate contra “la casta” constituye una estafa de proporciones puede avanzar asimismo con rapidez. Y la acumulación de flamantes enemigos del plan de gobierno ir de los trabajadores más precarizados a los pequeños empresarios pasibles de ser trituradas por “las fuerzas del mercado”.

La tradición de organización y lucha del pueblo argentino será puesta a prueba una vez más. La respuesta popular en estos primeros 20 días de gobierno ha mostrado indicios de que la llama de la acción colectiva y solidaria comienza a encenderse una vez más. Hay lugar para la esperanza. Y espacio para soñar con una sociedad en la que el gran capital local e internacional no tenga la última palabra acerca del destino colectivo.

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