Una ley de terror: el árbol y el bosque

Una ley de terror: el árbol y el bosque

7Feb24 0 Por Darío Jumanisol

Mientras seguimos intentando contener la ola represiva del gobierno, formalizada en su fascista Protocolo para el Mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación (el llamado “protocolo antipiquetes”), y las disposiciones penales de la llamada “Ley Ómnibus”, no debemos olvidar que el kirchnerismo también dejó su impronta represiva en la legislación penal sancionada bajo su gestión.

Quizás llame la atención que no exista una definición legal de “terrorismo”.

Los tratados internacionales referidos al tema enuncian una serie de actos que, globalmente, son denominados “terrorismo”: apoderamiento ilícito de aeronaves; actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil; delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos; toma de rehenes; delitos cometidos con materiales nucleares; actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional; actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima; y atentados terroristas cometidos con bombas.

Esta imprecisión se trasladó a la ya quinceañera “Ley Antiterrorista”, impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner, en respuesta a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, o FATF, por sus siglas en inglés).

La Ley 26.734 (“Ley Antiterrorista”, vigente desde julio de 2007) incorporó al Código Penal el artículo 41 quinquies, que duplica la pena de cualquier delito previsto en el Código Penal, que hubiera sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Pero, para que no queden dudas del espíritu nacional y popular de la reforma, el artículo 41 quinques aclara en su último párrafo que “las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.”

Claro que este último párrafo es redundante, porque el propio Código Penal dice en su artículo 34 inciso 4 que no es punible el que obrare en el legítimo ejercicio de su derecho.

El primer problema que plantea este artículo es el de cómo se prueba que el hecho fue cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, o de obligar a los gobiernos a hacer o dejar de hacer algo. Es decir: hay que probar intenciones que, como sabemos, son productos psíquicos, inmateriales, internos. A menos que el juez lea el pensamiento ajeno, probar esta finalidad parece imposible.

Hay otros problemas medio irresolubles: ¿qué es en concreto “aterrorizar a la población”? ¿Qué cantidad de personas tiene que estar aterrorizadas –sea lo que sea estar aterrorizado- para que se considere que la población está aterrorizada?

A estas preguntas, se puede responder que no se exige el resultado, sino sólo la finalidad. Es decir: basta con proponerse aterrorizar a la población, más allá de que no se consiga. OK, entonces volvemos a la primera pregunta: ¿cómo se prueba esta finalidad?

Además, la norma es tan amplia que permite, por ejemplo, considerar terrorista al pibe que afana un quiosco o al que corta una ruta. Sin embargo, como la agravante se aplica sólo a los delitos previstos en el Código Penal, el contrabando de armas (por más que sea para proveer a los malos más malos del mundo que quieren patear todos los tachos y asustar a todas las viejas y afanarles los chiches a todos los nenes) no está alcanzado por esta agravante, porque es un delito previsto en el Código Aduanero.

¿Quieren más? Como este artículo duplica las penas, y el artículo 55 del Código Penal permite imponer penas de hasta 50 años de prisión (para el caso de que una persona sea condenada por varios delitos), no va a faltar juez que interprete que el Código Penal autoriza penas de hasta 100 años para los que se consideren terroristas, o incluso más si le agregamos otras agravantes genéricas como el empleo de armas de fuego o la intervención de menores, que aumentan en un tercio las penas.

Darío Jumanisol

Imagen destacada: BBC